SESIÓN DE LAS CÁMARAS REUNIDAS EN 1 DE JUNIO DE 1889[1] [DISPONIBLE EN DOCUMENTO PDF]
En la ciudad de Santiago de Chile, a primero de junio de mil ochocientos ochenta y nueve, reunidas las dos Cámaras que forman el Congreso Nacional, cada una con el siguiente número de miembros, a saber:
De la de Senadores, su Presidente, el señor don Adolfo Valderrama, y los señores:
Altamirano, Eulojio
Amunátegui, Manuel
Baeza, Agustín
Balmaceda, José Vicente
Besa, José
Casanova, Rafael
Castillo, Miguel
Correa y Toro, Carlos
Cuadra, Pedro Lucio
Cuevas, Eduardo
Encina, José Manuel
Gandarillas, Pedro N.
González, A.
Hurtado, Rodolfo
Marcoleta, Pedro N.
Rodríguez Velasco, L.
Saavedra, Cornelio
Sánchez Fontecilla, Mariano
Valdés Munizaga, J. A.
Vicuña, Claudio
Vial, Ramón
De la de Diputados, su segundo vicepresidente, el señor don Luis Errázuriz Echáurren, y los señores:
Alcalde, Juan Ignacio
Allendes, Eulojio
Arce, José
Balmaceda, Rafael
Bañados E., Julio
Barros, Lauro
Barros Luco, Ramón
Bernales, Daniel
Besa, Carlos
Brieba, Antonio
Cabrera Gacitúa, Fernando
Campo, (del) Máximo
Carvallo Elizalde, Francisco
Cienfuegos, Máximo
Concha, Francisco J.
Concha, Lucio
Cortinez, Eduardo
Cotapos, Acario
Díaz G., José María
Echeverría, Hermán
Errázuriz U., Rafael
Espejo, Juan Nepomuceno
Frías Collao, Baldomero
Gandarillas, Alberto
Gorostiaga, Alejandro
Grez, Vicente
Infante, José Manuel
Irarrázaval, Ramón Luis
Lastarria, Demetrio
Lazo, Miguel
Letelier, Patricio
Letelier, Gregorio
Lira, Máximo R.
Mandiola, Telésforo
Matte, Eduardo
Maturana, Alejandro
Montt, Alberto
Ocampo, Rodolfo
Ossa, Blas
Pérez de Arce, Hermógenes
Pérez Montt, Ismael
Pinochet Solar, Ruperto
Puga Borne, Federico
Reyes, Nolasco
Riesco, Jorge
Río (del), Agustin
Rogers, Carlos
Roldán, Alcibíades
Saavedra Rivera, Cornelio
Salamanca, David
Sanfuentes, Enrique S.
Sanfuentes, Juan L.
Sanfuentes, Vicente 2.°
Sanhueza Lizardi, Rafael
Silva Cruz, Raimundo
Silva Ureta. Miguel
Solar, (del) Félix
Sotomayor, Justiniano
Somarriva, Marcelo
Toro, Gaspar
Trumbull, Ricardo
Ugalde, Nicanor
Valdés Carrera, José M.
Valdés Cuevas, Florencio
Valdés, José Antonio 2.°
Velásquez, José
Venegas, Fortunato
Vial, Ricardo
Vidal, Gabriel
Videla, Benjamín
Zegers, Julio
Zegers, Julio 2.°
Habiendo concurrido S. E. el Presidente de la República, acompañado de los Ministros del Despacho al salón en donde se encontraban reunidos el Cuerpo Diplomático y las Corporaciones Nacionales, fue recibido en la forma acostumbrada.
Leyó en seguida el discurso que dirige al Congreso en la apertura de sus sesiones ordinarias, y terminado este acto, se retiró acompañado de las comisiones que lo habían recibido.
He aquí el discurso:
Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
La obra de progreso a que viene consagrada la República continúa sostenida por la prosperidad económica y por la energía con que mis conciudadanos trabajan en medio de la quietud interna y de la paz exterior.
I
Las reclamaciones formuladas por súbditos portugueses, con motivo de los daños sufridos en la contienda con el Perú, y que ascendían a 162,700 pesos oro, han sido transigidas y canceladas con la suma de 7,000 pesos.
Chile y la República Argentina han suscrito un Tratado de Extradición y una Convención que tiene por objeto el cumplimiento práctico del Tratado de Límites de 1881. Aún es necesario ajustar un Tratado de Comercio que regularice las relaciones económicas, sobre bases de reciprocidad que han sido bien acogidas por el Gobierno argentino.
Habiéndonos asociado al Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado que se instaló en Montevideo el 25 de agosto de 1888, nuestros caracterizados representantes suscribieron los siguientes tratados: de Derecho procesal, relativo a las legalizaciones, exhortos, sentencias y fallos arbitrales; de Propiedad Artística y Literaria; de Marcas de Comercio y de Fábrica; de Patentes de Invención; de Derecho Comercial Internacional, en lo que concierne a los actos de comercio, sociedades, seguros terrestres y marítimos y sobre la vida, choques, abordajes y naufragios, fletamentos, préstamos a la gruesa o a riesgo marítimo, gente de mar, averías, letras de cambio y falencias; y, finalmente, el Protocolo Adicional sobre aplicación de las leyes de los estados contratantes. Se abstuvieron nuestros representantes de suscribir los tratados de Derecho Penal y de Derecho Civil Internacional, por contener disposiciones que no guardan armonía con la jurisprudencia chilena.
Invitados por el Gobierno de los Estados Unidos de América a concurrir al Congreso Internacional que se instalará en Washington en octubre próximo, hubimos de aceptar la invitación, declarando que nos asociaríamos únicamente para debatir cuestiones comerciales y económicas.
El proyecto de contrato ajustado entre el Gobierno del Perú y una parte de sus acreedores, conocido con el nombre de Grace-Aranibar, nos indujo a gestionar la modificación del convenio en términos equitativos, que resguardarán los derechos del Perú y los medios necesarios para su propia existencia. Hubimos de gestionar también la protección de los derechos de Chile, comprometidos en forma que podía desnaturalizar la clara y correcta inteligencia del Tratado de Paz de 1884. Es satisfactorio reconocer que aquel convenio se modificó en condiciones favorables a los intereses del Perú, y debemos esperar que él se consume respetando las estipulaciones del Tratado de Paz ya recordado.
Abrigo el fundado convencimiento de que la rectitud y firmeza que Chile ha impreso a sus relaciones internacionales, serán en lo futuro la mejor y más seria garantía para el mantenimiento de nuestra común amistad con las naciones civilizadas.
II
La prosperidad económica se afianza sobre bases que aseguran su futura estabilidad.
Las entradas ordinarias llegaron en 1888 a 50 millones 183,938 pesos, y los gastos ordinarios y los extraordinarios procedentes de leyes especiales, alcanzaron a 46.135,501 pesos, resultando un sobrante de 4.048,437 pesos. Unido este sobrante al que existía acumulado y al que se ha venido produciendo después, resulta una existencia disponible que excede de 25.000,000 de pesos, sin incluir en esta suma los 2.386,186 pesos plata que adeuda el Perú, y el depósito ordenado por ley de marzo de 1887 y que llega a 1.954,485 pesos fuertes y barras de plata.
Las rentas para 1890 se estiman en 56.000,000 de pesos y el presupuesto se aproximará a 64.000,000.
La deuda interior está reducida a 23.834,180 pesos, de los cuales 2.600,125 pesos ganan el interés de 3 por ciento, 3.696,700 pesos el 6 por ciento, y los 17.537,355 pesos restantes están representados por censos irredimibles. Los billetes fiscales en circulación alcanzan a 23.065,916 pesos, debiendo incinerarse cada mes la suma de 125,000 e invertirse otros 100,000 en pesos fuertes o barras de plata. La deuda exterior es de 39.748,000 pesos.
En uso de la autorización concedida en 8 de enero de 1888, para contratar un empréstito por 3.000,000 de libras esterlinas, se ha ajustado una emisión por 1.500,000 libras esterlinas en las condiciones más favorables que hasta ahora haya obtenido la República.
En conformidad al plan de obras públicas, a cuya ejecución venimos consagrados, se aplicará el empréstito de 1.500,000 libras esterlinas al pago de los materiales que se importen del extranjero para la construcción de las líneas férreas.
Con el producido de 1.500,000 libras esterlinas procedentes de dicho empréstito, y con los 25.000,000 de pesos disponibles en caja, se podrán ejecutar todas las obras emprendidas y cubrirse todos los gastos que requieran las nuevas naves de guerra, las fortificaciones de costa, y el nuevo armamento del ejército. Se podrá también construir el ferrocarril de Melipilla a Quilpué y de Melipilla a San Antonio, y, finalmente, el puerto militar de Llico. En consecuencia, cuantas obras se emprendan en el curso de la presente administración habrán de atenderse con los recursos enunciados.
La sola obra pública de importancia que no podrá realizarse con estos recursos, es el ferrocarril de Cabildo a San Marcos y de La Serena a Tarapacá; pero el producido de la venta de salitreras dará ampliamente los recursos necesarios para ejecutar esta obra de progreso y de seguridad nacional.
En 1887 el comercio de importación y exportación llegó a 108.180,820 pesos, y en 1888 alcanzó a 133.807,633 pesos, teniendo un aumento de 25 millones 626,813 pesos en 1888. En dicho año la exportación fue de 73.089.935 pesos y la importación llegó a 60.717,698 pesos, dejando un exceso de 12.372,237 pesos en la exportación.
La minería exportó en 1888, 63.206,930 pesos, o sean 13.757,915 pesos más que en 1887. Después del salitre, que representa una suma de 34.000,000 de pesos, ocupa el segundo lugar el cobre, por un valor próximo a 15.000,000 de pesos. Esta última industria sufre una crisis intensa, cuya prolongación llegaría a ser un desastre para la industria misma. Si la industria de los cobres no es alentada por el aumento de precio o por procedimientos de elaboración más perfeccionados, la veremos declinar en breve, aumentando las oscilaciones de la balanza comercial y extinguiendo una de las fuentes de más activa producción en las provincias de Aconcagua, Coquimbo y Atacama.
La cesación del curso forzoso del papel moneda y la restauración del régimen metálico, es un arduo y delicado problema, que a todos interesa resolver con previsión y acierto. El alza del precio de los cobres en el año anterior y la correlativa alza del cambio, hicieron creer que se aproximaba el momento en que pudieran dictarse medidas dirigidas a este objeto. El alza de los derechos aduaneros en los artículos de lujo y la disminución de los mismos para la maquinaria agrícola o fabril destinada a incrementar la producción nacional; la inversión en barras de plata de una parte del sobrante disponible, cuando el cambio llegase al tipo de treinta y dos y medio peniques, o sea el valor real de la plata; la mayor garantía de los bancos para la emisión fiduciaria y el acopio paulatino en sus arcas de moneda metálica; y, por último, el activo fomento de las industrias productivas, habrían podido conducirnos a la vuelta del régimen metálico.
La baja profunda que ha sufrido el precio de los cobres y las inclemencias del último año agrícola, han disminuido considerablemente los valores de exportación, perturbando seriamente la explotación de los cobres y debilitando la energía de la producción agrícola. Por esta causa ineludible el cambio ha descendido y la hora del régimen metálico se ha alejado.
Mientras la balanza económica no se nivele por el valor de la exportación chilena, todo empeño extraño a esta idea capital sería inútil, y los mejores esfuerzos resultarían frustrados. Es necesario alentar la industria de los cobres por todos los medios razonables, estimular la industria agrícola y la producción del salitre, y radicar en Chile, al menos una parte de los cuantiosos provechos de la industria salitrera, para llegar seria y eficazmente a la solución deseada.
Están pendientes de vuestras deliberaciones proyectos de ley sobre organización de las oficinas de Hacienda, reorganización de las Aduanas, creación de una Aduana en Santiago, Caja de Ahorros para empleados públicos, redención de Censos, Ordenanza de Aduanas, Impuesto Agricola, y venta de salitreras.
Todos estos proyectos tienen una importancia incontestable para el buen orden y acierto en la dirección y administración de la Hacienda Pública. Entre todos ellos, el de la venta de salitreras tiene una importancia cardinal. La enajenación de terrenos salitrales para entregarlos a la explotación y al libre comercio, tiende al fomento de la producción, al abaratamiento del artículo, y al ensanchamiento de la industria y de la riqueza fiscal. Puede afirmarse que la producción actual de salitre no aumenta debidamente, porque aún no han sido entregados a la explotación yacimientos que reúnen condiciones especiales para la libre concurrencia.
El examen atento del grave problema de la industria salitrera nos induce a formular una solución que juzgamos impuesta por las reglas generales de la libertad económica y por las especiales y de que no es posible prescindir en la producción de un artículo que es de Chile y que sólo de nuestro territorio puede exportarse para su consumo en los mercados del mundo. Juzgo que las salitreras redimidas por el Estado deben venderse en licitación pública, por cantones, a fin de que en cada cantón, las buenas, las regulares y las inferiores sean comprendidas en la venta común. A la vez que se entreguen a la libre competencia y al libre comercio las salitreras redimidas, deberían enajenarse gradualmente hasta 4.000 estacas, escogidas entre los mejores terrenos salitrales que el Estado posee, a fin de formar establecimientos chilenos, bien sea de sociedades formadas por individuos de cada provincia o de algunas provincias agrupadas, según fuere su importancia económica, o ya en otra forma que se estimare preferible, pero de accionistas chilenos y con acciones intransferibles durante un lapso de tiempo, y después sólo transferibles a chilenos.
Enajenadas las salitreras redimidas y las 4,000 estacas destinadas a establecimientos nacionales, se vendería anualmente en lo futuro una mitad de estaca en libre licitación y competencia, y la otra mitad a accionistas chilenos con acciones intransferibles a extranjeros. De esta manera no se perturbaría la corriente de libre producción creada, y se aseguraría a la vez la radicación de la industria por capitales chilenos y para industriales chilenos.
La influencia del salitre en la agricultura y en la industria y el desarrollo creciente de su producción, aconsejan al legislador y al hombre de gobierno no aplazar la solución del problema, y resolverlo resguardando eficazmente el legítimo interés de nuestros nacionales. Es verdad que no debemos cerrar la puerta a la libre concurrencia y producción del salitre en Tarapacá, pero tampoco debemos consentir que aquella vasta y rica región sea convertida en una simple factoría extranjera. No podría desconocerse el hecho, muy grave y real, de que la singularidad de la industria, la manera cómo se ha producido la constitución de la propiedad salitrera, la absorción del pequeño capital por el capital extranjero, y hasta la índole de las razas que se disputarán el imperio de aquella vastisima y fecunda explotación, imponen una legislación especial, basada en la naturaleza de las cosas y en las necesidades especiales de nuestra existencia económica e industrial.
Es esta cuestión de tan profundas consecuencias para lo porvenir, que de ella dependerá en gran parte el desenvolvimiento de nuestra riqueza particular, hoy alejada de aquel centro fecundo de trabajo y de prosperidad general.
III
La instrucción pública ha merecido la atención preferente del Gobierno.
No ha discutido aún la Honorable Cámara de Diputados el proyecto que reforma la ley de Instrucción Primaria, ya aprobado por la Honorable Cámara de Senadores, y por esta causa no se ha dado a este importante ramo la organización, el método y la eficacia que su regular implantación requiere. Es ésta una necesidad superior impuesta a vuestra actividad y patriotismo.
El número total de escuelas en 1888 fue de 1,029, con 84,385 alumnos inscritos, y una asistencia media de 57,552. El número de escuelas privadas llegó a 480 y a 26,051 el de alumnos inscritos.
El liceo de Curicó se ha elevado a liceo de primera clase, y el número de 22 que existía en 1887 se ha elevado a 26 por la fundación de nuevos liceos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Osorno.
Se ha organizado ya el Instituto Pedagógico de Santiago para la enseñanza de profesores de la instrucción secundaria. A la vez se ha adoptado el sistema concéntrico como plan de estudio para todos los liceos, y se introducen reformas útiles en los estudios superiores.
Se ha inaugurado ya el nuevo edificio de la Escuela de Medicina y se construye el Hospital de Clínica anexo. En breve se construirá también el pensionado de internos para la enseñanza médica.
La reforma de los estudios en la instrucción secundaria y las calidades de competencia y honorabilidad que deben poseer los rectores de liceos y los profesores de los mismos, justifican el nuevo plan de sueldos que tendré el honor de someter a vuestras deliberaciones.
Creo que es oportuno, como lo decía en 1887, formar la Universidad con el cuerpo docente y miembros honorarios, y constituir con la parte académica la Academia de Chile. Así la enseñanza, las ciencias, las artes y las letras tendrán su esfera propia de acción, y se evitará una confusión de servicios y de aplicación intelectual que están separados en la práctica de naciones más adelantadas que la nuestra.
Aún deseo recordaros que está sometido a vuestra discreción y estudio una serie cuestión de enseñanza, que afecta al sistema y al método, y también al modo y forma en que hayan de recibirse las pruebas parciales y las finales para la colación de grados. Es un deber primordial del Estado fomentar y vigilar la instrucción pública y dar los certificados de competencia para las profesiones autorizadas por la ley. Siempre he creído que las pruebas finales para la colación de grados deben rendirse en la Universidad y ante los profesores designados por ella. En cuanto a los exámenes parciales, he creído también que deben ser vigilados por los profesores o comisionados de la Universidad; pero nunca he pensado que debieran rendirse en forma que menoscabe la libertad de enseñanza en los colegios particulares o que se establezca por medio de la ley una superioridad privilegiada en favor de los colegios del Estado, debilitando o anulando la libre competencia en la difusión de los conocimientos humanos. Sin el estímulo de la enseñanza particular, seguramente la enseñanza del Estado sería menos eficaz y no progresaría, así como la enseñanza particular sin la vigilancia y tuición del Estado llegaría a ser la anarquía y el desmedro de la enseñanza misma. Anhelo, pues, un régimen de libertad que mantenga al Estado su activa dirección y vigilancia, y que no menoscabe los legítimos derechos de la enseñanza particular. Sólo con espíritu de recíproca tolerancia se podrá dar al problema una solución equitativa y digna de los progresos y de la cultura de la República.
Se ha puesto en práctica la ley que organiza las salas de la Corte Suprema y las de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que creó la Corte de Talca, y la que autorizó la creación de juzgados de letras en diversos departamentos de la República. No es menos importante que las leyes enunciadas, la que ordene la creación de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La población, cultura y actividad, y el desarrollo de los negocios en el primer puerto del Pacífico, exigen imperiosamente una Corte de Apelaciones, o la traslación de la de Tacna, que apenas tiene trabajo verdaderamente apreciable, o, por último, la traslación de una de las salas de la Corte de Santiago con el carácter de Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Ha llegado el momento de suprimir el feriado del Poder Judicial y de fijar su renta en proporción a las necesidades de la vida y a la consagración exclusiva que a los magistrados imponen las incompatibilidades judiciales y la prohibición para ser jueces compromisarios. Dicha renta podría fijarse en la forma siguiente: 10.000 pesos a los ministros y fiscales de la Corte Suprema; 8.000 pesos a los ministros y fiscales de las Cortes de Apelaciones; 6.000 pesos a los jueces de asiento de Corte: 5.000 pesos a los jueces de cabecera de provincia; y 3.500 pesos a los jueces de cabecera de departamento.
Se fijaría además una gratificación proporcionada a exigencias calificadas y especiales en algunos juzgados de cabecera de provincia y de departamento.
La justicia de menor cuantía es en extremo defectuosa, por cuyo motivo os propondré su reforma, haciéndola servir por los oficiales del Registro Civil. Se aumentaría la renta de éstos, se haría un mayor número de circunscripciones territoriales, y se echarían así los cimientos de una administración de justicia de menor cuantía remunerada por el Estado, más inteligente y responsable, y más consagrada al pronto y regular ejercicio de sus funciones.
La nueva ley que regló la forma en que deben hacerse los nombramientos judiciales, ha sufrido en la práctica pruebas que aconsejan reformarla, a fin de que no pierda su prestigio ni se desvirtúe el saludable principio que se tuvo en mira al atribuir al Poder Judicial mayor iniciativa y una mayor suma de atribuciones en la designación de los miembros de los tribunales y los juzgados de letras de la República. Debiendo sacarse las ternas para proveer los puestos de ministros y fiscales suplentes de las Cortes y de propietarios de los juzgados de letras, de las listas formadas por las Cortes respectivas, no hay razón ni conveniencia en limitar el número de individuos que el tribunal de los presidentes de las Cortes pueda incluir en las listas anuales para las diversas jerarquías judiciales. Por el contrario, esta limitación embaraza la iniciativa y libertad de las Cortes en cada caso particular, y se ha comprobado que éstas se ven obligadas a formar las listas de manera que el Consejo de Estado no puede organizar las ternas sino con jueces en ejercicio, debiendo producirse por esta causa una serie de remociones en la magistratura para proveer una vacante transitoria, que engendra a su vez una serie de vacancias. Y. cuando es posible designar abogados, éstos no abandonan sus tareas ordinarias por otras que son pasajeras y efímeras. El servicio de las suplencias se ha perturbado de tal manera, que bien puede establecerse la imposibilidad de servir los juzgados vacantes por poco tiempo, si se han de observar las reglas prescritas por las disposiciones vigentes.
Creo, pues, que el nombramiento anual de abogados para integrar las Cortes es innecesario, que no debiera fijarse número preciso al Tribunal que forma las listas anuales, y que sería materia digna de estudio la de resolver si es o no conveniente mantener los procedimientos actuales para el nombramiento de los interinos y suplentes.
Los intereses tan diversos y las propiedades que el Estado posee en todas las provincias de la República, así como la importancia y gravedad de los numerosos juicios que sostiene, nos imponen el deber de organizar la defensa fiscal de modo que los negocios en que el Estado tuviere interés se tramiten únicamente en los juzgados de cabecera de provincia y ante la Corte Suprema de Justicia. Habría promotores fiscales de provincia y un Procurador General de la República en Santiago, con uno o dos abogados que contribuyan a la dirección general de la defensa de los intereses nacionales y a la apelación de las causas en la Corte Suprema. Sin una defensa más autorizada y enérgica. la propiedad y los intereses fiscales pueden sufrir daños verdaderamente irreparables.
Espero poder presentaros a fines del año corriente, ya revisado y ordenado, el proyecto de Código de Enjuiciamiento Civil. Tengo el más vivo interés por la pronta redacción del Código de Enjuiciamiento Criminal; pero, habiendo renunciado la comisión el distinguido jurisconsulto que la desempeñaba, no se ha encontrado fuera de los miembros del Congreso o del Poder Judicial, personas que teniendo las aptitudes tuvieran también voluntad para realizar aquella delicada tarea. He creído, por lo mismo, que debía solicitar de vosotros autorización especial para encargar la redacción del Código a miembros de los Tribunales de Justicia, pues son ellos los que con más experiencia y autoridad pueden consumar felizmente la obra proyectada.
IV
La mejor organización del Ejército y de la Marina y la provisión de los materiales de guerra más perfectos y acabados, serán siempre uno de los primeros deberes de los mandatarios de Chile.
Está ya reparado el Cochrane y se construyen el blindado Prat de 6,670 toneladas, dos cruceros de 2,080 toneladas cada uno, dos cañoneras lanzatorpedos de 770 toneladas cada una, y dos escampavías de 148 toneladas. Estas naves tienen artillería adecuada y andar considerable.
Se construyen también grandes cañones para las fortificaciones de costa, y en poco tiempo más someteré a vuestra aprobación el proyecto de ley que autoriza la construcción del puerto de Llico. Es opinión del Gobierno, sustentada por nuestros más distinguidos marinos, que la escuadra de Chile. aun reforzada con naves poderosas, carece de un puerto seguro en donde basar sus operaciones militares en tiempo de guerra. Un puerto seguro e inexpugnable, con dique, astilleros y arsenales completos, es no sólo el resguardo de nuestro poder marítimo sino también el mejor medio de ofender al enemigo en caso de guerra. Llico reúne todas estas condiciones, a más de las que encierra como puerto comercial, y puede contratarse por un costo próximo de un millón de libras esterlinas.
El dique de Talcahuano está ya en activo trabajo, y se concluyen los estudios dirigidos a obtener de vosotros la autorización para contratar la iluminación de la costa por medio de setenta u ochenta faros, que asegurarían la navegación y disminuirán los seguros establecidos con relación a la inclemencia de nuestros mares y la oscuridad de nuestras costas.
En previsión de las futuras necesidades de la marina, será necesario aumentar el número de alumnos de la Escuela Naval, los de la Escuela de Grumetes, y aprobar el proyecto de ley que propone el mejoramiento de los sueldos de la marinería.
En el ramo de guerra existe un imperioso mandato constitucional no cumplido y siempre aplazado; me refiero a la organización de la guardia nacional. No es posible la conveniente reorganización del ejército, ni la organización de la guardia nacional, sin que se promulgue la ley que establezca los deberes de los ciudadanos para la defensa de la patria. Un ejército de línea numeroso arrebata brazos a la industria, es costoso y no llena los fines de la guardia nacional. Esta, por el contrario, educa al pueblo, levanta el nivel de los deberes cívicos, y cuesta pocos sacrificios el Erario Nacional. Con la suma que se invierte en dos mil hombres de línea se pueden organizar cien mil hombres de guardia nacional.
Se ha iniciado la provisión de nuevo armamento del ejército, y en breve se iniciaría la construcción de un gran parque, que nos permita tener en almacenes el material necesario para un ejército capaz de prevenir emergencias futuras.
Desde hace dos años está pendiente en la Honorable Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre ascensos militares, tan necesario al buen orden, disciplina y moralidad del ejército. También lo está el que se refiere al retiro forzoso. Ojalá no demoréis por más tiempo la discusión de leyes que interesan tan seriamente al perfeccionamiento de esta institución fundamental.
V
El ramo de Industria y Obras Públicas ha adquirido un desarrollo verdaderamente considerable.
La Dirección de Obras Públicas, si se considera la amplitud de los trabajos en actividad, ha llegado a tener una vasta labor de vigilancia en la ejecución de las obras y en el cumplimiento de contratos diversos y de la mayor gravedad. Ya sea para la mejor realización de aquéllas, así como para la apreciación legal de los desacuerdos a que dieren lugar los diversos contratos, es conveniente el nombramiento de inspectores generales que vigilen los trabajos y de un abogado secretario que pueda formar opinión profesional sobre dichos contratos. Es además indispensable mejorar el sueldo del director y el de los jefes de sección, no sólo por el número e importancia de las tareas que les están atribuidas, sino porque las remuneraciones actuales no guardan relación con los sueldos concedidos a los ingenieros agregados o subalternos de la misma oficina.
Los ferrocarriles en administración reclaman obras complementarias y nuevos y más abundantes medios de servicio. Están contratados los puentes definitivos para la línea del sur, se activa la construcción de estaciones, se han contratado ochocientos carros de carga, y últimamente, cuarenta y cuatro máquinas y doscientos carros de lastre. No bastan estos nuevos elementos para el buen servicio, porque la ley vigente entraña defectos tan graves de organización, que no sería posible corregirlos sin la reforma que tuve el honor de proponeros el año último.
El desarrollo de la producción y del acarreo viene haciendo muy difícil el servicio de la línea entre Valparaíso y Santiago. La construcción de las líneas de La Calera, Melipilla, Pelequén y Palmilla, incrementarán el movimiento de tal manera, que será necesaria una doble vía, o bien, la construcción del ferrocarril de Melipilla a San Antonio y de Melipilla a Quilpué. El puerto de San Antonio serviría para la exportación de frutos y para la internación de maderas, carbón y otros objetos, cuyo flete barato servirá a la industria y a las futuras construcciones. El ferrocarril de Melipilla a Quilpué evitaría la doble vía desde Quilpué hasta Llay-Llay, aseguraría el buen servicio y estimularía la riqueza de los departamentos de Limache, Casablanca y Melipilla.
Tan pronto como estén concluidos los estudios y se hayan formado los presupuestos respectivos, solicitaré vuestra autorización para emprender esta obra complementaria de las líneas férreas en servicio.
En el curso de este año se terminará el ferrocarril de Collipulli a Victoria, quedando por concluirse en los primeros meses del año venidero únicamente el viaducto de Malleco.
Hay cuatro pequeñas vías férreas que interesan vivamente a cuatro departamentos de la República, cuyo costo próximo será de un millón de pesos, y que pueden estimarse como líneas complementarias de las líneas del Estado. Por este motivo la autorización del gasto será incluida en el presupuesto ordinario, porque pueden ser ejecutadas por la administración general de los ferrocarriles. Estas líneas son: de Coihue a Nacimiento, de San Felipe a Putaendo, de Ovalle a Cerrillos, y del Salado a Pueblo Hundido en el departamento de Chañaral.
Las líneas férreas contratadas en octubre del año último están ya en construcción, y hay en ellas más de 4.000 operarios. La organización de trabajos considerables en localidades tan distantes las unas de las otras, ha sido causa de que las obras no se hayan iniciado con más rapidez.
La formación de los planos y presupuesto del ferrocarril central entre Cabildo y San Marcos, y entre La Serena y Tarapacá, es una obra de la mayor importancia para resolver la ejecución de aquella gran empresa. Una autorización para invertir hasta la suma de 400,000 pesos sería bastante para realizar aquel trabajo de la mayor importancia para las industrias mineras del norte y para el desarrollo de la producción del salitre y para la futura seguridad del Estado.
Las provincias de Coquimbo y de Atacama esperan con vivo interés la aprobación del proyecto que expropia los ferrocarriles particulares para reducir las tarifas a precio de costo, y sostener las condiciones de producción cada vez más perturbadas en aquella interesante región del territorio.
A cargo del Ministerio de Industria están las siguientes construcciones: cuatro edificios para intendencias y sus servicios anexos, en Curicó, Talca, Linares y La Serena, y un edificio para la Gobernación de Los Andes; la Escuela Naval, la Escuela Militar, tres grandes escuelas normales de preceptores, en Santiago, Chillán y Concepción; sesenta y una grandes escuelas de instrucción primaria y una extensa escuela de Artes y Oficios en Santiago; dieciocho cárceles; el internado en Santiago, un liceo en San Fernando, uno en Linares, y uno de niñas en Valparaíso. Se construye también el edificio de la Bolsa en esta última ciudad y se ejecutan otras construcciones subalternas.
La concepción, la dirección técnica y la ejecución de todos estos edificios han exigido un numeroso personal extranjero y esfuerzos reiterados para su conveniente organización.
Los hechos han venido probando la necesidad de dictar una ley general de caminos que autorice su conveniente rectificación y conservación, que fije reglas precisas a los colindantes para que no les invadan o destruyan, y que autorice la apertura de aquellos que sean necesarios al bienestar general.
La Escuela Profesional de Niñas, el Instituto Agrícola y las seis Escuelas Prácticas de Agricultura funcionan con regularidad y prestan los servicios para que fueron construidas.
Se ha puesto empeño en echar las bases de una colonización nacional que estimule la agricultura y nuestra población se forme al lado de la colonización extranjera con las calidades de labor, economía y constancia que les son propias. El ensayo recientemente practicado, aunque ha revelado ciertos defectos de procedimiento, hace creer que la obra puede continuarse en forma favorable para los intereses de la comunidad.
Se ha dado principio también a la inmigración libre e industrial, llamada a influir poderosamente en nuestro progreso y engrandecimiento. En algunos meses más se habrá comprobado la posibilidad de dotar a las industrias del país con los brazos necesarios para su actividad y desarrollo.
Los trabajos y obras públicas emprendidos han dado útil ocupación a un gran número de individuos de nuestra clase obrera, y ellos contribuirán a detener la corriente de emigración que venía produciéndose por la elevada remuneración concedida al trabajo en la costa del norte y en la República vecina.
VI
En poco tiempo más tendrán agua potable todas las ciudades enumeradas en la ley de 14 de septiembre de 1888. Hay otros proyectos concluidos para los cuales se solicitará oportunamente vuestra aprobación. Espero que en 1890 todas las ciudades de la República tengan este elemento de vida y de salubridad.
Se construyen 20 hospitales y se procura que todos los departamentos de la República tengan un adecuado servicio de beneficencia.
Mientras se dicta la ley respectiva, se ha creado un Consejo Superior de Higiene en Santiago, y consejos provinciales dependientes de éste para propender al desarrollo de la higiene pública y privada.
La reorganización del servicio de correos y telégrafos, de la oficina de estadística, de la de vacuna, de desagües, de pavimentación de calles y arreglos de veredas, de construcción de líneas telegráficas, y de reglamentación e impuesto sobre la venta de licores, corresponde a otros tantos proyectos sometidos a vuestra consideración y estudio. Todas estas materias, y especialmente la reglamentación para la venta de licores, os ofrecen nuevo y fecundo campo en el cual aplicar vuestra actividad y celo en el desempeño de vuestra elevada misión.
Oportunamente os será presentado el proyecto de ley que organiza la guardia rural en toda la República. El amparo de la propiedad y de las personas es un deber elemental del Estado, y debemos, por lo mismo, darle aplicación general y uniforme.
En los territorios australes se han fundado dos ciudades, y se prepara el’ desarrollo de nuevas poblaciones por la navegación a vapor y comunicaciones telegráficas. De Chiloé a Magallanes hay territorios vastísimos, que conviene poblar y entregar a la actividad industrial.
También someteré en breve a vuestros debates la reforma de la ley de elecciones. Ella debe afianzar el derecho de los electores y la más amplia libertad en la emisión del sufragio. Juzgo que debe mantenerse la base de los mayores contribuyentes, limitándola, sin embargo, a los propietarios agrícolas, a los propietarios urbanos y a los que paguen patente profesional. De esta manera la lista de mayores contribuyentes se formaría con las inscripciones hechas previamente en el registro oficial, y no sería necesaria la intervención del Poder Judicial en la organización y constitución del poder electoral. Conviene que la justicia se reduzca a la simple aplicación de las penas de que se hagan reos los que infrinjan las leyes.
Debe también suprimirse el boleto de calificación y reducirse los actos electorales a un término breve. Así los partidos podrán contraerse al ejercicio de sus derechos, sin los esfuerzos, fatigas y sacrificios impuestos inevitablemente por el régimen actual.
Ha sido motivo de la más seria meditación y estudio la organización del registro. Si fuera permanente, sería necesario radicarlo en el notario conservador de bienes raíces, o en los oficiales del Registro Civil. En el primer caso, muchos ciudadanos de la población rural de la República, que vive dispersa en centros distantes de las cabeceras de departamentos, quedarían sin inscribirse; y en el segundo, se daría al oficial de Registro Civil una gran influencia electoral, con peligro para la seriedad de la inscripción, y haciendo imposible. también, la reforma de la justicia de menor cuantía que deberá tomar por base a los oficiales civiles.
El registro permanente presente en la práctica una gravísima dificultad, porque, quedando viciados todos los actos de la elección con el vicio de un registro, sería necesario, para subsanarlo, dictar una ley en cada caso particular. Por esta consideración parece preferible que las juntas ejecutivas nombren las mesas calificadoras, que éstas se reúnan en seguida para hacer la calificación, y que ocho días después reciban la votación. El registro duraría tres años y se cumpliría así con el mandato constitucional.
De todos modos, la reforma de la ley de elecciones, dará a los partidos políticos ocasión para un acuerdo patriótico, que resguarde los derechos electorales y que sea la obra de un serio convencimiento en favor de la libertad y de la voluntad popular.
Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Una vasta labor legislativa os espera. Con discreción política y con anhelo por el bien público, podréis consumar una obra que levante más a Chile y que haga conservar grata memoria del ejercicio de vuestro cometido en el seno de la Representación Nacional.
En este cargo de alta dirección impuesta a mis deberes de magistrado y a mi patriotismo de chileno, debéis creer que sabré mantener la observancia de la Constitución y de las leyes, la severa administración del Estado y el respeto y la consideración debida a los partidos políticos. Extraño a todo interés que no sea el de la comunidad, y a todo sentimiento que no sea el de la recta justicia, nada me apartará de la senda de tolerancia y de trabajo, y de la activa consagración con que procuro el progreso y el bienestar de Chile.
Conozco, por una ya dilatada observación y experiencia, las agitaciones y vicisitudes inherentes a la vida pública de las naciones y de los hombres de Estado que las dirigen y gobiernan, y en ellas he sentido robustecerse mi fe en la justicia nacional, porque ésta tiene el claro discernimiento de los actos dirigidos al bien público, porque mis conciudadanos y vosotros no habéis cesado de prestarme vuestra valiosa cooperación, y porque no me han faltado los auxilios de la Providencia, que vela por la suerte y el engrandecimiento de la República.
Santiago, 1.° de junio de 1889
J . M . BALMACEDA
Se levantó la sesión.
[1] La transcripción del presente texto correspondiente al Discurso Presidencial de S.E el presidente de la República señor José Manuel Balmaceda, la cual fue realizada a partir de los siguientes documentos:
1.- Diario de sesiones ordinarias de la Cámara de Senadores en 1889. Páginas 3-9. Disponible en: https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/46163/4/18890601.pdf
2.- Diario Oficial. Publicado el día sábado 01 de junio del año 1889. Edición N°3.606. Páginas 1145-1151. Disponible en: https://www.diariooficial.interior.gob.cl/
3.- Discursos de José Manuel Balmaceda. Iconografía (Tomo II) cuya recopilación estuvo a cargo de los señores Rafael Sagredo y Eduardo Devés, del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Páginas 331-343. Disponible en: https://www.bibliotecanacional.gob.cl/