Autor: Nicolás Llantén[1]
Desde tiempos arcanos, el sentido de los gobiernos, los Estados y la organización social radicó en permitir un aspecto claro y necesario: suplir las carencias que se presentan debido a la vida sedentaria y en comunidad y, a su vez, hacer del Estado un promotor de soluciones ante dichas problemáticas. Si bien este principio fue bastante difuso en diferentes épocas de la historia, principalmente por el personalismo autoritario de emperadores y reyes, la llegada del tiempo de la razón y el florecimiento del pensamiento liberal trajo un nuevo enfoque ante los gobiernos. Estos debían no solo resolver los problemas de las sociedades, sino que también debían garantizar derechos y compromisos con sus ciudadanos, iniciándose con eso el pacto o contrato social que teorizaban autores como Locke y Rousseau. Pero no solo debían garantizar derechos, sino que además la posibilidad de garantizarlos y promoverlos venía del consenso establecido previamente entre la ciudadanía. El poder provenía del pueblo, desde las bases que, cedidas a las autoridades, estas debían gestionar, en donde dicho pacto se debía de hacer cumplir a todos los representados. Si alguno de los mandatarios, rehusaba seguir dicho contrato, o bien tomaba decisiones particulares por todos, el soberano (o sea, los ciudadanos) estaban en todo el derecho legal y político de derribar al tirano.
Tal circunstancia, estaba muy presente en el pensamiento liberal, en donde José Manuel Balmaceda, el futuro presidente, siempre lo tuvo muy claro. Tanto es así, que durante su gestión como Ministro del Interior, durante el gobierno de Santa María en 1884, se refería con estas palabras al sentido de la política y la razón de la existencia de las autoridades:
Abrigo desde antiguo un convencimiento profundo que el tiempo y la experiencia del gobierno han robustecido en mi espíritu, a saber: que los gobiernos más débiles son los que más se empeñan en ser fuertes por el ejercicio incesante de la autoridad, y que los gobiernos más fuertes son los que con más fe y energía se abandonan en brazos de la opinión pública, y se constituyen en simples ejecutores de la voluntad y de los designios del pueblo.
Estaba muy claro en Balmaceda, que la política de los consensos y el entendimiento que otorgan los ejecutores de dicho entendimiento es la base del principio de autoridad. La autoridad no surge solo del nombre del cargo del presidente, ministro, diputado o senador. El cargo se sustenta en la autoridad de todos, ya que aquél que lo ejerce es representante de los ciudadanos, está ahí por ellos y les debe todo el respeto posible. Por eso es casi un oxímoron que exista la figura de un mandatario que tenga menos de un 30% de aprobación ante la ciudadanía (que no olvidemos llegó a tener menos de un 6%). ¿Existe un verdadero respeto por el soberano en nuestros días?, ¿tenemos que respetar la autoridad solo por el hecho de serlo, o es que dicha premisa debe tener un sustento ciudadano? Con esto no pretendo llamar a la rebelión ni mucho menos, pero si puedo entender el descontento social y el descrédito total que día a día que pasa, nuestras autoridades pierden cada vez más el sentido de su legitimidad.
Para saber más:
- Devés, E., Sagredo, R. (1992) Discursos de José Manuel Balmaceda. Iconografía. Santiago: Centro de investigaciones Diego Barros Arana.
- García-Huidobro, C. (1994) José Manuel Balmaceda. Idealista y realizador. Santiago: Zig-Zag.
- Sagredo, R., (2014) Historia mínima de Chile, Ciudad de México: Colmex/Turner.
[1] Licenciado en Historia y Educación por la Universidad de Valparaíso (UV), Chile. Magíster en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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