Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Sucesos extraordinarios y conocidos de vosotros han perturbado profundamente el bienestar público.
Se han roto las tradiciones de paz, de moderación y de sensatez que distinguían la política interna, y se ha quebrantado la lealtad de los marinos que debían obediencia para mantener el orden en el interior de la República y la seguridad exterior del Estado.
El 7 de Enero último la Escuadra surta en Valparaíso abandonó su fondeadero, desobedeciendo al Comandante General de Marina, contra-almirante Williams, y llevando a su bordo al Vice-Presidente del Senado y al Presidente de la Cámara de Diputados. Pocas horas después de haberse consumado este hecho sin precedentes en la historia naval de Chile, la Escuadra volvió a Valparaíso en plena revolución, sublevada contra sus jefes constitucionales, dirigida por marinos que en el día anterior no tenían mando de buque, y excitando al ejército y al pueblo a la rebelión contra las autoridades constituidas.
El ejército, fiel a las tradiciones de lealtad y honor que han robustecido el poder público y engrandecido a la Nación ante el mundo culto, permaneció en el puesto del deber.
El pueblo contempló con sorpresa la conducta de los marinos a quienes consideraban consagrados a mantener principalmente el prestigio exterior de la República; y simpatizando con la causa del orden y con el gobierno que había procurado instruirlo, fomentando activamente la enseñanza primaria, y enriquecerlo, mejorando sus salarios con la ejecución de obras superiores a las que habían emprendido todas las administraciones pasadas, se apresuró a enrolarse en el ejército y negó su concurso a los revolucionarios que pedían su favor e invocaban su nombre.
Después de más de tres meses de revolución, no ha habido ni un motín, ni una asonada, ni un solo movimiento popular en favor de la revuelta provocada por los marinos dueños del Océano.
La Escuadra no ha podido penetrar con sus huestes en el territorio poblado. de la República, allí donde existen grandes intereses sociales y verdadera opinión pública. Para operar con eficacia ha tenido que bloquear los puertos del del norte, bombardear e incendiar ciudades no fortificadas, y emplear contra la población cosmopolita de Tarapacá, más rigor y más fuego que el que Chile necesitó para conquistar ese territorio al dominio de una nación extranjera.
Incomunicadas las provincias con el centro, por el Océano que domina la Escuadra sublevada, y por los desiertos más dilatados y estériles del mundo, ha logrado, después de siete sangrientas batallas, apoderarse de la región salitrera de nuestro territorio.
No ha podido la Escuadra derrocar al gobierno constituido. Ha probado en cambio que tiene los recursos bastantes para trastornar el orden público que formaba el arca fundamental de las instituciones, y el valor suficiente para derramar la sangre de los chilenos y para llenar de desgracias y de aflicciones a la sociedad y a numerosísimos hogares.
No pudiendo la marina deliberar porque la Constitución se lo prohíbe, y debiendo siempre obedecer al Presidente de la República porque la Constitución se lo manda, se declaró, no obstante, a favor de la pretendida delegación del Congreso primero, para constituir después la dictadura militar que ha sometido a la supuesta delegación del Congreso.
Esta pretendida delegación no ha existido con título alguno para proceder a nombre del Congreso.
Después de Octubre último el Congreso no ha podido reunirse con arreglo a la Constitución, porque no había sido convocado para celebrar sesiones, y porque, en la órbita de nuestra estructura legal, era el Presidente de la República el único que tenía facultades para convocarlo.
Tampoco se reunió por acto propio y de hecho, porque desde Octubre en que se clausuró, hasta el 7 de Enero en que se produjo la revolución, no celebró ninguna sesión pública ni privada, ni sus presidentes invitaron a sesiones, ni los Senadores y Diputados recibieron las citaciones de estilo; porque no hubo discusión, ni acuerdo, ni votación; porque no se ha ejecutado acto alguno que reúna las condiciones sin las cuales no puede haber sesión de Congreso, ya sea ésta de derecho o simplemente de hecho.
Se dice que hay una acta suscrita por unos cuantos revolucionarios que eran miembros del Congreso; pero gran parte de los miembros de esta misma corporación no la conocen ni la han visto, y hasta este momento todos los chilenos la desconocen igualmente, porque siendo dicha acta el fruto de una resolución oculta, ha faltado a sus autores el valor para publicarla y exhibirla como documento que pudiera ser juzgado con el recto criterio del patriotismo chileno.
La verdad es que una porción considerable de los miembros de ambas Cámaras se insurreccionó el 7 de Enero contra la Constitución y las leyes, y que no se puede invocar la autoridad debida a los representantes del pueblo, porque trastornando el país y convirtiéndose de hecho en Poder Ejecutivo, dictatorial y en armas, ha producido una revolución demoledora de su propia existencia, de la paz, de la riqueza y del bienestar de Chile.
La revolución no ha sido engendrada por el pueblo, sino por círculos políticos con asiento en el Congreso, alentados por ideas distintas, con caudillos numerosos y diversos, y sin más relación que las ambiciones comunes a la dirección y al mando supremo del Estado.
Estamos sufriendo una revolución antidemocrática, iniciada por una clase social centralizada y poco numerosa, y que se cree llamada por sus relaciones personales y su fortuna a ser la agrupación predilecta y directiva en el gobierno chileno. De aquí nace su disconformidad de ideas y de sentimientos con el pueblo; y sobre todo con las provincias y departamentos extraños a la capital de la República, en donde todos los chilenos tienen una noción más clara de la igualdad política, de los deberes cívicos, y de las virtudes que elevan a los ciudadanos por su inteligencia y sus servicios.
Para apreciar con exactitud la dolorosa contienda en que nos encontramos comprometidos, es necesario caracterizarla por sus verdaderos antecedentes.
El conflicto ha sido engendrado por la ambición de los caudillos y de los círculos, por el fraccionamiento incesante del partido liberal, por el voto acumulativo, generador de partidos representados por simples individualidades políticas, y por el excesivo número de Senadores y Diputados en una nación con tres millones de habitantes.
El partido liberal ha carecido de la unidad de ideas, de dirección y de procedimientos, que lo hicieran por sí sólo apto para el Gobierno de Chile. Por esta causa ha necesitado siempre de fuerzas auxiliares, ya de los conservadores o de otros círculos políticos afines; no obstante la índole diversa y la dirección de caudillos, que han representado, por sus tradiciones y espíritu de absorción, tendencias esencialmente personales.
El excesivo número de Senadores y de Diputados y el voto acumulativo, han fomentado las desagregaciones del partido liberal, desorganizando los partidos tradicionales e históricos y produciendo en el Congreso una deplorable anarquía.
A favor de la incertidumbre política creada por la diversidad e inconsistencia de los círculos personales, se han desarrollado ambiciones esterilizadoras de la labor parlamentaria y encaminadas fatalmente a producir el trastorno general.
La administración del señor Errázuriz, tan enérgica y vigorosa durante casi todo su período, se encontró, en su conclusión, por obra del voto acumulativo, con un Congreso en el cual militaban seis agrupaciones diversas e individualidades sin filiación política determinada.
La administración del señor Pinto, sufrió las consecuencias de aquella dislocación de los hombres y de los partidos.
Las oscilaciones parlamentarias y los cambios ministeriales fueron frecuentes, de manera que, si no hubiera sobrevenido la guerra de 1879, aquella administración habría concluido en medio de los desastres que le preparaban los acontecimientos.
Las elecciones presidenciales han destrozado al partido liberal, y arrastrado a la República a situaciones en extremo peligrosas.
Al concluir el señor Pinto su período, no obstante el estado de guerra en que se encontraba, la escisión y la anarquía de los liberales para la designación del candidato a la presidencia de la República habrían provocado la revuelta, si el digno General Baquedano no hubiera eliminado su persona de la contienda electoral.
Cinco años después y al expirar la administración del señor Santa María, se produjeron en el Congreso, con motivo de la designación del candidato liberal, hechos singularmente graves.
Diversos círculos liberales unidos a los conservadores obstruyeron la ley de Contribuciones en Enero de 1886, y sólo por un acto de valor de la mayoría parlamentaria, pudo salvarse el régimen constitucional, venciendo de hecho la obstrucción y rompiendo las ligaduras del reglamento interno en aquella rama del Poder Legislativo.
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Elegido Presidente de Chile, cumplía a mi previsión y a mis deberes de primer mandatario del Estado, trazar la política y la línea de conducta que evitara a la conclusión de mi período legal, los peligros que amenazaron a las administraciones anteriores.
El gobierno exclusivo con las fracciones del partido liberal que me habían exaltado, podría conducirme involuntariamente al régimen del gobierno personal, y seguramente habría consagrado la coalición liberal-conservadora en la oposición. Por este motivo adopté una política de patriótica reconciliación en la cual tuvieran cabida, sobre la base del partido que me eligió, todos los liberales. Esperaba también que mi respeto a las personas y a la autonomía del partido conservador, facilitaría un gobierno de paz, de trabajo y de verdadero engrandecimiento nacional.
A este propósito obedeció la organización del Ministerio presidido por el señor Lillo; pero apenas transcurridos dos meses, se produjo un ruidoso desacuerdo entre los liberales de la Cámara de Diputados, y el partido que me eligió Presidente quedó en minoría, pasando una buena parte de sus miembros a obrar de acuerdo con la coalición liberal-conservadora.
El Ministerio del señor Lillo desapareció y se organizó el del señor Antúnez. Este se propuso unificar al partido liberal por la profesión de unas mismas ideas, de una misma dirección y de unos mismos procedimientos.
En aquellos instantes los nacionales declararon desde el seno del Gobierno y a la faz del país que su partido había dejado de existir para incorporarse sus miembros, como meras individualidades, en el partido liberal. A fin de hacer más práctica esta política y de dar a todos los liberales igual confianza, el Ministerio del señor Antúnez cedió la dirección del gobierno al que organizó el señor Zañartu, en el cual tuvieron representación todos los liberales.
En breve una porción considerable de los liberales a quienes representaban en el Ministerio los muy dignos y malogrados señores don Miguel Luis Amunátegui y don Manuel García de la Huerta, se sublevaron en la Cámara de Diputados contra sus propios caudillos y aprobaron un violento voto de censura propuesto por el partido conservador contra el Ministerio del señor Zañartu.
Apenas unidos todos los liberales, volvieron a fraccionarse y a dividirse de nuevo.
Consumadas las elecciones de 1888, la segregación de los liberales que habían permanecido unidos para usufructuar la paz electoral, se produjo en forma verdaderamente insólita. Los nacionales volvieron a levantar bandera de partido, después de haber asegurado en el Congreso una representación que no habían tenido desde que bajaron del poder en 1861. Por esta causa los liberales dispersos, los radicales y el partido liberal de gobierno, recobraron su antigua fisonomía y sus inevitables pretensiones.
El Ministerio de unificación del partido liberal desapareció antes que se reuniera el Congreso elegido bajo su dirección.
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La experiencia y mi natural adhesión al partido que me había elegido, me aconsejaban volver al centro político con que inicié la Administración, a fin de organizar con él un Ministerio de liberales en el cual los nacionales tuvieran una representación que no despertara los recelos y las resistencias de sus numerosos adversarios. Los nacionales se negaron a formar parte del Ministerio no obstante que su cooperación podía considerarse impuesta por el más obvio sentido político.
Desde esa fecha todos mis esfuerzos para la unificación del partido liberal han sido estériles.
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Desde Junio de 1888 hasta Octubre de 1889, las diversas fracciones del partido liberal y los círculos personales del Congreso, vivieron en querella permanente, agrediéndose y destrozándose en forma irreconciliable. Los que por ambiciones estaban divididos, se unieron al fin por ambiciones, para asegurarse definitivamente la mayoría del Congreso, y con ella el predominio absoluto en los consejos de Gobierno.
Deseando corregir un estado de cosas tan contrario a la tranquilidad pública, se organizó en Octubre de 1889 un Ministerio con el acuerdo de todos los liberales del Congreso. A los quince días se produjo nueva crisis. Reconstituido el Gabinete, sobrevinieron serios desacuerdos entre los círculos parlamentarios con motivo de las bases de convención para designar candidato a la Presidencia, y de votaciones en el seno de la Cámara de Diputados que hicieron pública la ruptura del Ministerio de coalición. Desde aquella fecha surgió entre la mayoría del Congreso y del Poder Ejecutivo una lucha que tenía por objeto subordinar la libertad y la acción del Presidente de la República a la voluntad y a los designios de una coalición compuesta de grupos políticos divididos, con caudillos y tendencias opuestas, pero todos unidos para abatir la dignidad y la autoridad del Jefe de la Nación.
Se daba como razón de estas exigencias extrañas una pretendida candidatura oficial a la Presidencia.
El distinguido ciudadano a quien se le imputaba gratuitamente el favor del Gobierno, renunció en Mayo último a toda adhesión de sus conciudadanos para exaltarle a la magistratura suprema y organizó un Ministerio que presidió él mismo a fin de dar testimonio práctico del público compromiso que contraía.
Aquel Ministerio fue censurado antes de ser oído en el Congreso, violándose así todas las conveniencias de honor y de respeto hasta ese instante guardadas a los representantes del Poder Ejecutivo en el seno del Parlamento.
Esta actitud sin precedentes en la historia del mundo, fue seguida por el aplazamiento de la discusión de la Ley que autoriza el cobro de las contribuciones, mientras el Presidente no sacrificara sus prerrogativas constitucionales, y no consintiese en nombrar Ministros de la elección y confianza del Congreso.
Este conflicto terminó por la renuncia del Ministerio de Mayo y la organización de otro compuesto de personas extrañas a la contienda política.
Tan patriótica solución estuvo a punto de frustrarse por la increíble exigencia para que prestara mi asentimiento a la pérdida de las rentas fiscales durante los cuarenta y tres días que estuvo aplazada la ley de contribuciones. Pero salvada la honradez administrativa y las rentas públicas, se constituyó el Ministerio del señor Prats y se promulgó la Ley de Elecciones formada por los círculos coaligados. En dicha ley establecieron ellos todas las disposiciones adecuadas para resguardar sus intereses de toda intervención posible de los agentes del Poder Ejecutivo.
Dictada la ley se hizo la inscripción de los electores en la más perfecta regularidad.
En este instante principió de nuevo la contienda.
Los círculos coaligados vieron prácticamente que no tenían en el país la mayoría de los contribuyentes para constituir el poder electoral, ni la de los electores.
Esta revelación de la superioridad de la fuerza electoral del partido liberal de Gobierno, aun con la ley que la coalición había aprobado en su beneficio, desconcertó a los coaligados e hizo vacilar al Ministerio de aquella fecha.
Era difícil observar en la práctica la política de neutralidad, por las inevitables exigencias de los partidos, y antes que emprender la lucha, el Ministerio dimitió.
Siguiendo sus consejos e inspirándome en los altos deberes que la situación imponía a mi amor a Chile y a la paz pública, pedí a los distinguidos ciudadanos señores Enrique S. Sanfuentes, Aníbal Zañartu y José Tocornal, que se acercaran a todos los partidos y círculos políticos pidiéndoles su cooperación para resolver en forma definitiva la cuestión política que agitaba los espíritus. Les pedí, en consecuencia, que la cuestión candidatura a la presidencia de la República se decidiese en una convención única, en el modo y forma que los partidos acordasen, pero recomendando por mi parte la conveniencia de que para la designación del candidato se exigiese una mayoría tan considerable de votos, que pusiera al Presidente de la República en la imposibilidad de intervenir directa ni indirectamente en los acuerdos de la convención.
Como consecuencia de la convención única se elegiría inmediatamente un Ministerio que fuera prenda activa de confianza para todos los partidos.
La idea sobre convención única fue aceptada por un momento y desechada inmediatamente después. Se me pidió por la mayoría de los círculos parlamentarios que organizara previamente el Ministerio.
Propuse en el acto un Ministerio en el cual figuraban tres personas de la más reconocida autoridad en la coalición de la mayoría parlamentaria, y otras tres del partido liberal de Gobierno, cuyos caracteres y antecedentes las hacían acreedoras al respeto de todos.
Esta base de organización ministerial fue también rechazada.
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Estos hechos parecen increíbles, y son, sin embargo, ciertos, públicos y conocidos de todos los chilenos.
La coalición de la mayoría parlamentaria quiso precipitarme del poder al cual me llamó el voto de mis conciudadanos, o que me sometiera incondicionalmente a sus designios. Después de su rechazo a todo acuerdo razonable, resolvió abrir al día siguiente nueva y violenta campaña parlamentaria.
Hube de clausurar el Congreso esperando que un instante de reflexión y de calma alentara en los círculos coaligados arreglos recíprocamente respetuosos y equitativos; pero el desborde estaba producido y hubimos de soportar sus deplorables consecuencias.
La Comisión Conservadora se convocó extraordinariamente y en ella se dio acceso a todos los miembros del Congreso, para, que contribuyeran a mantener discusiones que forman la página más triste de la historia parlamentaria de Chile.
No elevaré a la altura del puesto que desempeño, ni de la dignidad propia de este recinto, los propósitos y los desvíos producidos en el seno de aquella corporación. Prefiero cubrirlos con el silencio y el olvido que en las jornadas de la vida nos sostiene para no desesperar del patriotismo y de la virtud de los hombres.
III
El 1º y aun el 7 de Enero me encontré en las mismas condiciones en que se habían encontrado muchos de mis antecesores, y como me encontré yo mismo en 1887: sin ley de presupuestos y sin la que fija las fuerzas de mar y tierra.
No podía este hecho servir de fundamento a la revolución, porque se había repetido periódicamente en los años anteriores. La revuelta iniciada el 7 de Enero obedeció a la resolución adoptada de antemano por la mayoría de los círculos parlamentarios, que anhelaban su predominio incondicional y absoluto en la dirección del Gobierno.
Teniendo por la Constitución el deber de administrar el Estado y extender mi autoridad a todo cuanto tiene por objeto la seguridad interna de la Nación hube de asumir todo el Poder público necesario para contener la revuelta armada y la actitud de la mayoría del Congreso que sostenía el trastorno de las instituciones y del orden establecido.
He procurado reunir los elementos necesarios para defender y hacer triunfar el principio de autoridad en Chile, sin el cual nada sólido ni duradero podría emprenderse en el porvenir.
Las circunstancias nos han puesto en el penoso deber de inhabilitar por el arresto a los caudillos y a los agitadores de la revuelta, o por su alejamiento del teatro de los sucesos.
Siendo ocasionado a conflictos el funcionamiento de las Cortes de Justicia donde impera la revolución, y donde se desconoce al Gobierno constituido, porque aquella ejerce la dictadura militar y de hecho, y este tiene que practicar procedimientos discrecionales y extraordinarios, se ha resuelto la suspensión de los Tribunales Superiores mientras se normaliza el estado de cosas que tantos daños acarrea a la República.
Por fin, alentada y sostenida la revolución por la mayoría parlamentaria, se disolvió esta, por obra propia y de hecho, y se hizo indispensable convocar a los pueblos a la elección de un Congreso Constituyente.
Las elecciones han tenido lugar en perfecta paz, con regularidad y con un concurso diverso pero vigoroso de votantes en veinte de las veintidós provincias de la República.
Se han elegido treinta de los treinta y dos Senadores que forman el número total del Senado, y ochenta y ocho de los noventa y dos Diputados que se podían elegir en conformidad a los registros organizados según la última Ley de Elecciones.
IV
Cúmpleme ahora expresar los fines a que, según mi juicio, convendría se consagrase el Congreso Constituyente.
Si se hubiera realizado la reforma constitucional, amplia y acabada, que propuse a las deliberaciones del Congreso en el año anterior, habríamos echado los cimientos del Gobierno representativo, creado la provincia autónoma, y establecido sobre bases inamovibles la libertad e independencia de los poderes del Estado; habríamos abierto horizontes más dilatados al esfuerzo inteligente y ordenado de los partidos, y seguramente habríamos evitado la revolución.
Provocada la constituyente por la conflagración de causas bien determinadas, acaso es preferible una reforma moderada y dirigida a corregir las causas originarias del conflicto.
V
La licencia de la prensa ha llegado en nuestro tiempo a extremidades a que no se llegó jamás en ningún país de la tierra. No sólo el Gobierno y los hombres públicos, pero hasta la sociedad y las familias han sido arrastradas por el vendaval de las pasiones políticas. Ya en 1886 se había propuesto, por la misma oposición de aquella fecha, la reforma dirigida a corregir tan perniciosos abusos. Desde entonces la licencia se ha precipitado en la pendiente del escándalo, y ha llegado a ser una de las causas del trastorno que aflige a los chilenos pacíficos y honrados.
Juzgo que debe consagrarse el principio en virtud del cual todos tengan la libertad de publicar sus opiniones por la prensa sin censura previa. Pero al mismo tiempo no debe haber más delitos de prensa que los calificados de tales por el Código Penal, ni más justicia que la ordinaria para castigarlos en la forma establecida por las leyes comunes.
Así se consagrará la verdadera libertad de la prensa y la responsabilidad de aquellos que abusan de esta libertad para ofender sin razón o sin verdad el derecho o la dignidad ajena, o la moral pública.
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Siendo las leyes constitucionales de presupuestos, de contribuciones, de residencia del ejército en el lugar de las sesiones del Congreso, y de fijación de las fuerzas de mar y tierra, de orden público y necesarias a la existencia del Poder Ejecutivo, no debe quedar al arbitrio de uno de los poderes del Estado la facultad de dictarlas o no, o sea de absorber a los otros poderes, constituyendo la dictadura de hecho.
Las atribuciones deben ser permanentes, y su derogación o modificación debe hacerse por leyes en la forma ordinaria y únicamente con relación a la igualdad del impuesto y a la conveniencia nacional.
La ley de residencia de las fuerzas a diez leguas del lugar de las sesiones del Congreso, en esta época en que las distancias desaparecen por las diversas líneas férreas unidas a la capital, es innecesaria, y la ley que debe fijar cada dieciocho meses las fuerzas de mar y tierra carece de objeto, desde que la ley anual de presupuestos determina la suma destinada a los diversos servicios del ejército y de la marina.
La sola ley anual en estas materias debería ser la de presupuestos, y constaría de los gastos fijos y de los imputables a leyes especiales, y de los gastos variables. Los primeros servirían para determinar la suma total del presupuesto, y no se discutirían. Los gastos variables serían los únicos sometidos a discusión.
La ley de presupuestos sería discutida y aprobada por el Congreso en el período ordinario de sus sesiones, y cuando por cualquiera circunstancia esto no sucediera, se tendría por aprobada la ley vigente en el año anterior.
Esta forma de presentar y de discutir los presupuestos es la adoptada en los países más cultos y aun en algunos de aquellos en donde impera el más severo régimen parlamentario.
No debe aceptarse en caso alguno que el Congreso o la mayoría de sus miembros, puedan excusarse de discutir y aprobar los gastos fijos y de carácter permanente, y los que proceden de leyes anteriores aprobadas por el mismo Congreso. La facultad de suprimir o no aprobar estos gastos supondría la desorganización y el desquiciamiento público. No sucede lo mismo con los gastos variables, sobre los cuales cabe la más amplia libertad de discusión y de criterio. La discusión o la negativa de éstos puede ser un medio de influencia prudente e indirecto en los consejos de Gobierno, pero nunca un elemento de perturbación de la paz pública y de trastorno del orden establecido.
La crítica parlamentaria, la negativa para autorizar los gastos variables y la acusación a los Ministros cuando infrinjan la Constitución o las leyes, son los medios con que en el régimen representativo, de libertad e independencia de los poderes públicos, puede el Poder Legislativo influir, moderar o separar a los Ministros de la dirección de los negocios públicos.
Cuando impere en Chile una reforma así concebida, la paz de los poderes del Estado se habrá establecido y consolidado para siempre. Será también la única manera cómo los Gobiernos de Chile se desinteresen en las contiendas electorales.
Es un error profundo creer que el cambio de hombres en el gobierno altere las tradiciones y el modo de ser político de los partidos en Chile. Los más decididos sostenedores de la prescindencia del Gobierno en las elecciones, lo han sido y lo son mientras están alejados del poder. Puedo hacer esta afirmación con el convencimiento adquirido en una larga experiencia y por el conocimiento directo de los hombres y de los partidos en este país.
Ni la ley de elecciones más sabiamente concebida, ni los propósitos más rectos, ni la comuna autónoma, cambiarán el sistema ni la naturaleza de las cosas. La comuna autónoma será en manos del Gobierno o del párroco el instrumento de intervención electoral más poderoso que pudiera escogitarse para frustrar la libertad del sufragio.
Cesarán los gobiernos de intervenir en las elecciones de Chile, en el modo y forma que lo quieren los que sinceramente desean el Gobierno del pueblo por el pueblo, cuando la existencia del Poder Ejecutivo dependa únicamente de la Constitución y de las leyes, y no fluctúe a favor de las pasiones o de las corrientes de intereses de las mayorías inestables y pasajeras de Congresos, sin partidos organizados, sin cohesión, ni disciplina.
Mientras el Poder Ejecutivo necesite del favor anual del Congreso para su permanencia, y mientras los caudillos y los círculos personales puedan, por combinaciones de ocasión, organizar mayorías para derribar o levantar Ministerios, será una quimera esperar la prescindencia absoluta del Poder Ejecutivo en la formación de Congresos, de los cuales depende indirectamente su propia existencia.
Cuando el Presidente de la República y los Ministros de Estado no dependan del Congreso, en lo que constituye la propia estabilidad del Poder Ejecutivo, y puedan gobernar sin más sujeción que la impuesta por la Constitución y las leyes, y puedan vivir y servir a la República sin más interés que el de la prosperidad común, llegará la hora suspirada de la libertad electoral.
No habrá Presidentes ni Ministros que quieran exponerse a los azares de la lucha, y que voluntariamente se comprometan en una contienda que no puede afectar a la vida y a la existencia normal del Poder Ejecutivo.
Esta es, a mi juicio, la manera de corregir las causas originarias del conflicto que hoy deploramos.
No lo olvidéis vosotros, señores Senadores y Diputados, ni lo olviden mis conciudadanos, cualesquiera que sean los destinos que nos tenga reservado el porvenir: es esta la única manera de restablecer la cordialidad entre el Congreso y el Ejecutivo, el equilibrio entre los poderes públicos, la libertad y la responsabilidad de los funcionarios que los sirvan y desempeñen.
Si no se realizara la reforma en el sentido que tengo el honor de indicaros, vuestra obra no sería duradera y muy luego el tiempo borraría las huellas de vuestro paso por el recinto de las leyes.
La contienda actual habrá de terminar algún día, y es necesario que después de los sufrimientos que ella ha impuesto a vuestras convicciones o a nuestros deberes, se encuentre asegurada la paz de los poderes públicos, en forma regular y definitiva.
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La supresión del Consejo de Estado es otra reforma aconsejada y sostenida por todos los partidos políticos.
No corresponde esta institución al régimen representativo y en consecuencia debe eliminarse en conformidad al sistema que se pretende implantar.
Las diversas cuestiones de jurisdicción o competencia entre el Presidente de la República y sus agentes y el Poder Judicial, o entre el Poder Legislativo y los Poderes Ejecutivo y Judicial, acerca de la constitucionalidad de las leyes, han creado conflictos muy serios, y por último el que ha provocado la convocatoria de la Constituyente.
Sería conveniente crear un Tribunal especial compuesto de tres personas nombradas por el Presidente de la República, de tres nombradas por el Congreso, y de otras tres nombradas por la Corte Suprema, para dirimir sin ulterior recurso los conflictos entre poderes en los casos y en la forma que la Constitución establezca.
No es natural, ni justo, que en los conflictos de poderes sea alguno de éstos el que se pronuncie y resuelva, porque se establece una supremacía de autoridad con menoscabo de las otras, ni habría jamás conveniencia en que uno sólo de los Poderes públicos sea únicamente juez, siendo al mismo tiempo parte.
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La organización del Poder Judicial requiere acaso vuestra más seria consideración y estudio.
Pero consideradas las circunstancias excepcionales que nos rodean, me limito a enunciar aquellas reformas sin las cuales la contienda de hoy habría de repetirse periódica e inevitablemente después.
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Son estas reformas cardinales las que estimo impuestas por los acontecimientos.
Si en la presente contienda nos limitáramos a vencer a los adversarios del Poder constituido, nuestra obra sería pequeña o indigna de hombres de Estado. Nuestro deber es reconquistar el orden público perturbado, y dar, por disposiciones constitucionales permanentes, solución racional y legal, a los conflictos pasados, y prevenir los futuros.
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Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
No pretendo enumerar los trabajos de la administración que me ha cabido el honor de presidir. De ellos pueden dar testimonio todos mis conciudadanos.
No hay un solo departamento de nuestro territorio que no haya recibido su parte de beneficios en la distribución de la actividad y de las riquezas del Estado.
He procurado la solución tranquila y equitativa de las graves y numerosas cuestiones que afectan a las relaciones exteriores, y he mantenido con Su Santidad y los representantes de la Iglesia de Chile una política de cordialidad y el más absoluto respeto.
Durante el ejercicio de mis funciones he consagrado todos los instantes de mi vida al progreso, al enriquecimiento ‘de mis conciudadanos y a la grandeza de la República. Debo mi reconocimiento a todos aquellos que en la dirección del Gobierno han concurrido a realizar mi vasta y activa labor. La debo muy especial a todos aquellos que en las horas difíciles y de prueba me han consagrado amistad y consecuencia, cuyo recuerdo conservaré como generosa recompensa a las decepciones que he tenido que sufrir en el Gobierno político de la Nación.
Aún tengo que decir al ejército y a los marinos que permanecen fieles a sus jefes constitucionales, que siempre los encontré en el camino del honor, y que con su lealtad y abnegación salvarán al Gobierno actual y serán el escudo más seguro de las administraciones futuras. Siempre merecerán confianza los que mantuvieron intacta la subordinación y disciplina militar.
Muchos buenos, al mando del valiente coronel Robles y de sus compañeros Villagrán, Méndez y Ruminot, han caído noblemente en el campo de batalla. Su sangre será fecunda porque muchas veces las instituciones de los pueblos no se mantienen y consolidan sino por el sacrificio de sus defensores.
Como nosotros, las generaciones venideras los señalarán como víctimas generosas, y como ejemplo que el soldado debe siempre seguir en el cumplimiento de sus deberes militares.
Próximo a dejar el poder, volveré a la vida privada, como llegué al Gobierno, sin odios y sin prevenciones, extrañas a la rectitud de mi espíritu, e indignas de un Jefe de Estado.
Es cierto que pocos gobernantes han tenido que sufrir como yo agravios más inmerecidos y más gratuitas inculpaciones. Nunca he perdido por esto la serenidad de mi espíritu y la perfecta tranquilidad de mi conciencia. Estoy acostumbrado a afrontar las injusticias de los hombres.
Después de los furores de la tormenta vendrá la calma, y como nada duradero puede fundarse por la injusticia y la violencia, llegará la hora de la verdad histórica, y los actores del tremendo drama que se consuma sobre el territorio de la República, tendrán la parte de honor, de reprobación o de responsabilidad que merezcan por sus hechos.
Descanso tranquilo en el favor de Dios, que preside los destinos de las Naciones y que ve distintamente el fondo de nuestras conciencias. Él se ha de servir alumbrar el patriotismo de los chilenos y trazar a vuestra sagacidad y sabiduría los senderos que conducen al afianzamiento del orden y a la solución final de las desgracias y de la contienda que hoy dividen a la familia chilena.