A don Domingo Santa María, elegido sin lucha Presidente de la República en las elecciones de 1881, le tocó terminar la guerra del Pacífico, después de anular la tenaz resistencia que oponía en la sierra peruana el General Cáceres.
El Gobierno de Santa María se orienta en lo internacional, a la concertación de la paz con el Perú y de una tregua con Bolivia, y a la promulgación de un tratado con la República Argentina, que ponía fin a viejo conflicto de límites; y en lo nacional, a la pacificación de la Araucanía y a la secularización de las Instituciones.
Sostuvo con energía el derecho de anexarnos las provincias de Tarapacá y Antofagasta, no sólo a título de indemnización de los sacrificios de la guerra, sino como medida de seguridad para la población de esos territorios, que era en un 80% chilena, y de nuestros capitales invertidos en la industria salitrera. En 1883 se firmó el tratado de Ancón, por el cual se reconoció la soberanía de Chile sobre Tarapacá y se le reservó la tenencia de Tacna y Arica, cuya suerte definitiva sería decidida por un plebiscito.
Por el pacto de tregua celebrado con Bolivia, Antofagasta continuó sometida a las leyes chilenas, reservándose a un tratado futuro la concertación de la paz definitiva.
Un laborioso y largo tratado con la Argentina deslindó definitivamente a ambas Repúblicas, después de resolverse los graves problemas derivados del «utis possidetis de 1810», principio general adoptado por las Repúblicas Sud Americanas, a raíz de la independencia, que evitaba la intromisión de potencias extrañas, pero que dejaba muchos problemas por resolver, originados en la indeterminación de los límites territoriales entre las diversas divisiones administrativas que existieron durante la dominación española.
Es cierto que La Gasca, un virrey del Perú de mediados del siglo XVI, había señalado limites inmensos a la colonia de Nueva Extremadura, bajo el mando del Gobernador Pedro de Valdivia; pero no es menos cierto que durante el reinado de Carlos V no se conocía perfectamente estos territorios y que reales cédulas posteriores habían modificado lo otorgado por La Gasca.
Ya Argentina había reclamado cuando el Presidente Bulnes ocupó el Estrecho de Magallanes, alegando su soberanía; pero en el tratado a que nos referimos, concertado bajo la presidencia de Pinto y promulgado en la de Santa María, se reconoció a Chile la posesión del Estrecho, y se dividió la Patagonia Occidental por la línea de las más altas cumbres que dividen las aguas.
Muchas críticas posteriores hemos leído sobre este tratado, después de conocerse la aptitud ganadera de esas tierras, que entonces eran páramo. No hemos visto que ninguno de los historiadores que han estudiado últimamente esta materia, haya reconocido que esos territorios, a la época de nuestra Independencia, eran «res nullius», y que si no hubiera sido por el celo de Chile y la Argentina, más de alguna potencia aficionada a los estrechos habría tomado posesión de ellos, y se sabe haber existido el proyecto.
Los Gobiernos liberales cumplieron con su deber, defendiendo, en lo que estuvo a su alcance, nuestra soberanía sobre esos territorios, y aseguraron la paz futura, que las generaciones posteriores han disfrutado.
Había llegado el momento de lograr los beneficios de las adquisiciones territoriales en el extremo norte, habidos a costa de tantos sacrificios. Al finalizar el Gobierno de Santa María se produjo un sólido auge económico, proveniente de los ingresos del salitre.