DISCURSO PRONUNCIADO EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 1963[1] [DISPONIBLE EN DOCUMENTO PDF] [DISPONIBLE EN AUDIO]
Señoras y señores:
Ha sido mi propósito otorgar el mayor realce a este acto por el cual se me hace entrega, para incorporarlo al patrimonio histórico nacional, del documento conocido con el nombre de Testamento Político del Presidente Balmaceda. Es por ello que se celebra precisamente en una fecha de tanta significación para todos los chilenos, como es la de hoy.
Casi innecesario parece rememorar la obra de aquel gran gobernante, destacar las realizaciones materiales que caracterizaron su periodo, traducidas en un impulso extraordinario al progreso del país, principalmente por medio de la ejecución de un vasto programa de obras públicas desconocido hasta entonces entre nosotros. Esta iniciativa grabó para siempre, en el recuerdo agradecido de sus conciudadanos, la memoria de aquel Mandatario, cuya preocupación fue que la acción gubernativa y la inversión de los recursos fiscales se extendieran por todo el vasto ámbito nacional.
Lo acompañó el éxito en este propósito suyo, como lo demuestra el adelanto experimentado incluso en los lugares más apartados del territorio, que aún hoy día exhiben palpable testimonio de aquella obra, y como lo atestigua también el sitio de privilegio que conserva su nombre en el sentimiento de tantos chilenos que a través de los años siguen reconociendo su fecunda labor.
Pero, con ser inmensa aquella obra, resultan cada vez más grandes las proyecciones de su pensamiento político, que no ha perdido actualidad pese al largo transcurso de los años. Su defensa incansable y resuelta de las facultades que la Constitución Política confiere al Presidente de la República recobra, a través del tiempo y en medio del prodigioso progreso que alcanza el mundo en todo orden de actividades, cada vez mayor vigencia, porque sin ella es absolutamente imposible satisfacer los anhelos de las masas de participar en forma adecuada en los beneficios de ese progreso.
Gracias al genio de Portales, Chile pudo lograr estabilidad mientras todos nuestros hermanos de América se debatían en la anarquía.
Los gobiernos de Prieto, Bulnes y Montt, dotados de un Ejecutivo poderoso, permitieron al país sostener una guerra victoriosa, arreglar sus finanzas y avanzar en condiciones tales que pasó a ocupar un sitio de honor entre las naciones del continente, no obstante haber sido una de las más modestas colonias de América.
Desde el año 1861, bajo la presidencia de don José Joaquín Pérez, comienza una lucha constante por tratar de disminuir las facultades del Presidente de la República, la que, si bien logra democratizar nuestras instituciones, pone término en Concón y Placilla a la autoridad presidencial. Comienza desde ese entonces una época de desenfreno parlamentario en progresivo aumento, que se traduce en una notoria disminución del ritmo de nuestro progreso.
Nuevas ideas conmueven al mundo, los derechos de los trabajadores y la incorporación real de ellos en la vida pública irrumpen en nuestro país en la campaña presidencial del año 1920. Pese a que afrontando graves dificultades se obtienen mayorías homogéneas en el Parlamento, el sistema de gobierno imperante hace estériles los esfuerzos del Presidente Arturo Alessandri para convertir en realidades el programa de orden social que había difundido. La desilusión, unida a los quebrantos de toda índole creados por la dura lucha política alrededor de aquellas nuevas ideas, desembocaron en la intervención militar, que causó primero el alejamiento del señor Alessandri y luego su regreso.
Producido éste, se dio al trabajo de introducir drásticas reformas en la Constitución Política con el objeto de fortalecer el poder del Ejecutivo a través de un régimen presidencial que permitió evitar el flagelo de la rotativa ministerial, como asimismo eliminar aquellas facultades constitucionales del Congreso a través de las cuales se dificultaba toda acción continuada del Gobierno. La disposición que entrega a la voluntad presidencial la permanencia de los ministros en sus cargos aseguró la estabilidad de éstos, sin la cual toda labor gubernativa resulta estéril.
Motivo de graves dificultades constituía la aprobación anual del cobro de las contribuciones, del mantenimiento de las fuerzas de mar y tierra, y por sobre todo, la aprobación del presupuesto anual de gastos de la nación. Antes de 1925, éste fue aprobado muchas veces en el segundo semestre del año, aparte de que el Parlamento podía introducir en él todos los gastos que quisiese una mayoría y calcular a su antojo las entradas fiscales, lo cual conducía a abultarlas artificialmente para cubrir aquéllos. La nueva Constitución fijó plazo para aprobar el presupuesto, entregó exclusivamente al Presidente de la República la fijación del cálculo de entradas y prohibió que los parlamentarios pudiesen formular indicaciones que no contaran con la aprobación del Primer Mandatario. Esa sola medida ha tenido para el país una trascendencia que nadie podría desconocer.
Con extraordinaria visión el Presidente Alessandri, intuyendo lo que podía venir, propuso una serie de otras reformas que habrían evitado muchos males posteriores al país, pero que sus colaboradores consideraron excesivamente avanzadas. Comprendía que un Congreso soberano, de cuyas acciones no había a quién apelar, podía rebelarse contra el Ejecutivo pasando por encima de la Constitución, y por eso batalló sin éxito para que ésta consultara un medio llamado a resolver esos conflictos, lo que la experiencia reclama cada día como más necesario.
No logró tampoco el Presidente Alessandri introducir la consulta al pueblo como mecanismo llamado a dilucidar los conflictos que podrían plantearse entre el Ejecutivo y el Parlamento con el objeto de que diese su veredicto tanto a través de la disolución del Congreso como de los plebiscitos.
El avance cada vez más rápido del progreso le hizo prever, ya en el año 1925, la necesidad de tener que legislar con urgencia, y por eso se quiso incorporar en forma expresa en la Carta Fundamental la posibilidad de que, en casos especiales sobre materias precisas y ajustándose a pautas determinadas, pudiese el Parlamento delegar sus facultades en el Presidente de la República.
Ya en 1943. durante el gobierno de don Juan Antonio Rios, la experiencia había demostrado que el auge cada vez mayor que adquirían los problemas de índole económico-social y la presión consiguiente ejercida sobre el Congreso, hacían necesario dictar una disposición en defensa de la estabilidad fiscal del país para que solo el Presidente de la República pudiese tener la iniciativa en proyectos relacionados con las remuneraciones de los servicios fiscales y estatales. Indiscutiblemente el espíritu de esa reforma fue abarcar también los problemas previsionales y así se entendió hasta antes de que yo asumiera la Primera Magistratura.
Hoy por hoy, la inmensa mayoría de los problemas que debe conocer el Parlamento son de carácter económico-social y su conveniente solución exige elaborar planes a los cuales debe ajustarse la labor gubernativa. Los parlamentarios no disponen de la independencia necesaria para abordarlos en forma justiciera y resguardando el interés de la colectividad, porque no pueden desentenderse de las conveniencias de sus electores, que no siempre coinciden con aquel. Los problemas en esta época son eminentemente complejos y la solución que se adopte respecto de cualquiera de ellos tiene enormes repercusiones en los restantes. Los parlamentarios no disponen, por lo general, ni de la visión de conjunto ni mucho menos de los antecedentes que les permitan apreciar las consecuencias que derivaran de cualquiera medida, por más recto que sea su propósito.
Aquellas facultades que antes ejercitó el Congreso a través de la Ley de Presupuestos se hacen sentir hoy día en todos los proyectos que el Ejecutivo somete a su consideración, especialmente los de orden social. previsional, financiero y tributario. Consecuencia de ello es el crecido número de disposiciones que se incluyen en cada proyecto, con el consiguiente aumento de gastos no financiados, todo lo cual retarda su despacho y obliga a los ministros a comprometer un tiempo excesivo en el Parlamento.
Las facultades que hoy día tiene el Ejecutivo en materia de iniciativa para modificar las remuneraciones públicas deben extenderse también a las del sector privado, porque de nada valen las atribuciones que tiene sobre aquellas, si no dispone de estas otras, ya que, a través del aumento de las del sector privado el Parlamento está obligando al Ejecutivo a tener que otorgar aumentos al sector estatal, que casi siempre son difíciles de financiar. No debe continuar tampoco el abuso incalificable existente en el otorgamiento de solicitudes de gracia a través de mociones parlamentarias. La iniciativa de senadores y diputados en materia tributaria revela cada día, en forma más evidente su inconveniencia.
La sola enunciación de estos hechos hace ver que normas semejantes a las que rigen para la aprobación de la Ley de Presupuestos deben extenderse a todos los proyectos de la naturaleza de los que señalo y a cuantos signifiquen inversiones públicas.
Pero todas estas reformas resultarían vanas si no se establecieran los mecanismos necesarios para impedir que el Parlamento transgreda la Constitución Política del Estado. Los actos del Parlamento que adolezcan de inconstitucionalidad deberían ser sometidos a la Corte Suprema. Ante actitudes del Congreso que entraben en forma grave al Ejecutivo, es menester consultar la posibilidad de que éste pueda recurrir al veredicto soberano del pueblo.
La Constitución Política entrega la administración del Estado al Presidente de la República, pero la verdad es que éste no puede ejercer plenamente esa facultad. El Estatuto Administrativo, por una parte, dentro del deseo de salvaguardar la estabilidad de los funcionarios de la inseguridad que crea la intervención política en la vida administrativa, ha privado de hecho al Jefe del Estado de una acción eficaz para corregir las faltas o las ineficiencias de sus funcionarios. La necesidad que tiene el Presidente de la República de contar con una mayoría parlamentaria lo obliga a dar excesiva importancia en las designaciones a las sugerencias de los partidos que lo ayudan a gobernar, los cuales no siempre proponen para esos cargos a los hombres más idóneos, sino, a veces, a aquellos que tienen mayor significación dentro de las asambleas o mayor injerencia como agentes electorales. Es un rudo batallar para un Mandatario defender los legítimos derechos de los funcionarios a los ascensos y conseguir que, por lo menos, ciertos puestos claves caigan en manos verdaderamente eficientes.
Esta tremenda y gravísima realidad hace imprescindible que la intervención de los parlamentarios en los nombramientos, en los conflictos sociales representando a cualquiera de las partes o en gestiones de interés local o particular, sea causal de inhabilidad, debiendo contemplarse un medio eficaz para hacerla efectiva. También es necesario establecer, por razones semejantes, incompatibilidades entre el cargo de congresal y algunas actividades o designaciones, debiendo en esta materia procederse con mucho cuidado para no dejar entregada en el futuro la función parlamentaria sólo a los teóricos y a los mediocres.
Reformas de esta clase tendrían, aparte de evidentes ventajas para la buena marcha del país, el profundo significado de dignificar la acción del Parlamento y colocarlo en el sitio fundamental que le corresponde de alto Poder Público, llamado a intervenir en la elaboración de las leyes y a velar por el mantenimiento de la Constitución, especialmente a través de su función fiscalizadora de los actos del Ejecutivo. Terminaría con ellas, además, la actual dependencia de los parlamentarios respecto de los electores.
Por otra parte, estas nuevas modalidades permitirían a los parlamentarios adquirir influencia ante el Congreso y el Ejecutivo, principalmente como consecuencia de su versación y de su prestigio. Los propios electores no entregarían, como suele ocurrir en algunos casos, la delicada responsabilidad de la función parlamentaria a quien sólo destaque por la buena voluntad y espíritu de abnegado servicio, sino a aquellas personas más capacitadas por su preparación para el desempeño de tan importantes labores. Sólo por este camino nuevamente los mejores hombres del país, de las distintas tendencias y actividades, encontrarían dignos sitios en el Parlamento.
Una situación semejante repercutiría incuestionablemente tambien en los partidos políticos, que les daría influencia y prestigio ante la opinión del país.
Al iniciarme en la vida pública con motivo de mi candidatura senatorial por Santiago, dije que había desaparecido el concepto de que se debe actuar en política para servir al país, conducta que incita a estimular y a aplaudir lo bueno, sin preocuparse de quien lo patrocina, y no sólo para alcanzar el poder a cualquier precio. Agregué que es así como la finalidad esencial de los que no están en él es desprestigiar al adversario por todo lo que hace, sin distinguir lo bueno de lo malo. Esta convicción se ha ido haciendo en mi cada vez más fuerte a través de cinco años de ejercicio del mando, los que me han hecho ver con mayor claridad la necesidad imprescindible, si queremos que nuestro país progrese y que todos nuestros conciudadanos lleven una vida más digna, de modificar nuestros hábitos políticos, cuyo origen se encuentra en disposiciones constitucionales que no se adaptan a los problemas de la época presente.
Se ha pretendido atribuir mis críticas al régimen constitucional imperante que son sólo hijas de mi ardiente patriotismo y de mi profunda inquietud por el porvenir de Chile, al deseo de desprestigiar al Congreso. ¿Con qué propósito podría intentar algo semejante un hombre cuya vida ya larga se ha caracterizado por un leal empeño de cooperación, modesta, desinteresada y a menudo anónima, a todos los que han actuado en funciones públicas y por su apoyo a cada iniciativa beneficiosa, quien quiera que la patrocinara?
Jamás he abrigado propósito como el que se me atribuye. Si me refiero a estas materias es porque los males de orden político y social no se corrigen silenciándolos. Es absolutamente necesario examinarlos, criticarlos y proponer soluciones. Esto es lo que he hecho siempre. Como joven diputado independiente por Santiago, durante un gobierno que había vejado a los míos, al referirme a aquello que me parecía equivocado, no dejaba de sugerir ideas y no me arredraba proponer leyes que, convertidas en realidad, iban a dar prestigio a ese mismo gobierno. Mas de una vez fui objeto de censuras por esta actitud. ¿Podría, ahora, como gobernante de Chile, faltar a mi deber si veo claramente el verdadero origen del retardo en nuestro progreso, guardar silencio y no proponer soluciones? Si callara, me reprocharía siempre, en los años de vida que me quedan, de no haber tenido el valor de señalar con claridad los males políticos que nos aquejan.
Si he esperado hasta hoy, ha sido para que no se creyera que deseaba más poder para mí. Lo quiero para quienes sean mis sucesores, aun cuando se trate de los que con tanta inquina e injusticia me han combatido, porque repito, sigo creyendo que se actúa en la vida pública para servir al país y no para satisfacer nuestros propios sentimientos o pasiones.
No podría, en presencia de los acontecimientos de estos últimos días, dejar de aprovechar esta circunstancia para hablarle al país sobre el particular con absoluta franqueza. He dicho que nuestro actual régimen constitucional conduce a que se vaya arrebatando una a una sus facultades al Presidente de la República, con grave daño para el bienestar colectivo y para el porvenir de Chile.
Estoy por terminar mi gobierno y me esfuerzo con el mismo empeño que el primer día para que el último año de esta administración sea lo más próspero posible, con el objeto de que mi sucesor no se encuentre abocado a la situación en que yo me encontré.
Venciendo infinitas dificultades, he logrado que el panorama económico del año próximo se presente auspicioso, que así lo reciba quien me reemplace y que si él lo desea, pueda continuar por el mismo camino. Para lograr ese objetivo es fundamental que las finanzas públicas se acomoden a ciertas modalidades y es indispensable realizar sacrificios con tal propósito. No he vacilado en aceptar la antipática tarea de hacerlos efectivos.
Ya he vivido una existencia larga, permanentemente atento a los problemas de interés público y se por experiencia, como la avalancha demagógica se desencadena en un país al término de un mandato presidencial, porque los partidos desean halagar a todos los sectores, especialmente a los grupos que representan mayor número de sufragios para sus candidatos. Por eso, anticipándome a los acontecimientos, el 21 de mayo recordaba esta circunstancia y advertía que yo no omitiría sacrificios para que tal cosa no ocurriera en esta oportunidad. Dije que estimaba necesario que no hubiese equívocos de parte de nadie sobre la materia.
Después de estar más de un año en el Congreso, se ha conseguido últimamente que el Senado despache en segundo tramite constitucional la modificación del impuesto a la renta. El actual sistema está constituido por los impuestos de categorías que pagan las rentas, sean del trabajo o del capital, y, además, un impuesto global complementario sobre el conjunto de las rentas que recibe una persona.
Por obra de la demagogia, hoy día existen enormes diferencias en las tasas de las distintas categorías, llegándose al extremo de que un comerciante minorista, que tiene una renta tan exigua como un asalariado, debe pagar un impuesto de categoría diez veces mayor. Con el objeto de disminuir las desigualdades, para poder llegar al impuesto único, el Gobierno está propiciando las disposiciones correspondientes, pero a cambio de la rebaja en dichas tasas de impuesto, se propuso volver a la escala del global complementario que rigió hasta que yo asumí el poder, la cual dejaba libres las rentas hasta de un sueldo vital en lugar de las ascendentes a tres vitales, como ocurre en la actualidad.
Por otra parte, también con el objeto de compensar las disminuciones de los impuestos de categorías, se propuso eliminar disposiciones vigentes que constituyen poderosas válvulas para la evasión legal de tributos. A fin de no perjudicar a los contribuyentes modestos con cargas de familia, por efecto de la vuelta a la antigua escala del global complementario se estableció un nuevo sistema de créditos para éstos, que sirven de abono al pago de este impuesto, los cuales fueron aumentados en la Cámara de Diputados.
Pues bien, en el Senado hubo unanimidad para rechazar la escala del Gobierno y se aprobó una diferente, que en el hecho significará dejar libres las rentas de cinco sueldos vitales como consecuencia de haberse mantenido esos créditos aumentados, aparte de que el último tramo nova más allá del 50% en las rentas superiores. Resultado de ello es que el impuesto rendirá 7 millones de escudos menos que la ley vigente en circunstancias que el Gobierno esperaba obtener de la nueva legislación un importante aumento sobre el rendimiento actual.
¿Es posible que nuestro régimen constitucional permita estas aberraciones?
El país sabe las poderosas razones por las cuales, con profundo sentimiento de mi parte, no he podido acceder de inmediato a las peticiones del personal del Servicio Nacional de Salud.
Debo recordar que la huelga de este gremio estaba virtualmente terminada, porque habían hecho público por radio su retorno los trabajadores independientes de la Salud y también los pertenecientes al Partido Radical, por obra de gestiones de su presidente y de sus dirigentes gremiales, para los cuales no puedo escatimar mis especiales agradecimientos. Esto ocurrió después de conocerse ya el lamentable accidente que costó la vida a un empleado de ese Servicio. Sin embargo, el Senado a través de una fórmula que contó con la anuencia del señor presidente de la Corporación y que patrocinaban los dos candidatos presidenciales de la oposición lo cual no se compadece con las declaraciones recientes de uno de ellos en materia de reformas constitucionales, aprobó en breves momentos un proyecto de ley que establece el más grave de los precedentes. Paso de inmediato a la Cámara de Diputados, donde su tramitación fue igualmente rápida.
Este proyecto de ley, bajo la apariencia de un préstamo para intentar darle formalidades constitucionales, vulnera de hecho facultades esenciales de la Carta Fundamental, indispensables para la administración del Estado. Es una manera disfrazada de dejar de lado la iniciativa que corresponde al Presidente de la República en materia de aumentos de sueldos del sector estatal. Se viola la fundamental disposición constitucional según la cual no puede autorizarse ningún gasto público que no tenga una fuente de financiamiento, ya que, si el proyecto llegare a ser ley, sería el Estado, en definitiva, quien deberá procurar a los empleados del Servicio Nacional de Salud los recursos para cancelar ese préstamo, y, lo que es inmensamente más grave, se señala un camino para hacer tabla rasa de la disposición que entrega la administración del Estado al Presidente de la República, función que éste no puede delegar. Con el procedimiento que se intenta establecer se podrá mañana arrebatarle el último vestigio de poder que en esta materia va conservando. Bastará que el Congreso Nacional ordene emisiones al Banco Central para que de hecho aquél pueda dar a los funcionarios públicos todas las regalías que desee, lo que es muy grave, porque siempre está latente el propósito de satisfacer a grupos de amplio poder electoral.
Pero este proyecto de ley implicaría, además, extremas consecuencias. Dispone que este préstamo será devuelto en cuotas mensuales de E°24 a partir de enero próximo. Si las rentas actuales son consideradas exiguas, es fácil suponer lo que ocurrirá por efecto del cumplimiento de esa disposición. Será entonces necesario aumentar las actuales rentas en esa misma cantidad a partir de esa fecha, para que éstas no se vean disminuidas, a lo cual deberá sumarse el reajuste que se acuerde, lo que hará aumentar el monto de estas remuneraciones en un muy alto porcentaje el que, al tener que extenderse a los demás Servicios Públicos, impondrá a la Caja Fiscal un gasto fuera de toda posibilidad de financiamiento.
Serenamente nadie podría desconocer que esto significa una flagrante y clarísima invasión de las facultades del Presidente de la República, ya que importa fijarle normas en relación con los reajustes próximos.
Dos o tres días antes, después de meses de agotadoras discusiones, no se aceptó establecer impuestos adecuados a la renta, estudiados en forma cuidadosa por las reparticiones competentes, pero no ha habido escrúpulos para encontrar un procedimiento equivoco y muy inconveniente que, si bien no hiere de frente los intereses de ningún grupo de electores que son contribuyentes como es una simple emisión de billetes, es el más gravoso para los sagrados derechos de aquellos que no tienen quiénes los defiendan, porque no disponen de medios ni de organizaciones para hacerse oír, al igual que para las personas más modestas dentro de los propios gremios de asalariados.
Abrigo la confianza de que muchos de quienes votaron este proyecto de ley favorablemente no tuvieron tiempo para medir sus verdaderos alcances. Llamo la atención de mis conciudadanos hacia la gravedad de estos hechos y cómo resulta inexplicable que en estas tramitaciones, que contribuyen a anular las facultades del Jefe del Estado, hayan intervenido dos ciudadanos que aspiran a ceñirse la insignia presidencial, que llevo en este momento sobre mi pecho.
Yo, con una autoridad moral que nadie podría discutirme, porque emana de cada uno de los actos de una vida entera, me he empeñado constantemente en defender estas facultades y el país es testigo de todos los tropiezos que he encontrado en ello. Me pregunto, ¿con qué autoridad podrán mañana estos ciudadanos enfrentarse a situaciones parecidas si alguno de ellos tuviese éxito en sus aspiraciones?
Peso exactamente mis responsabilidades, creo que es una coincidencia sugerente el hecho de que con tanta anticipación los descendientes de los depositarios del Testamento Político de Balmaceda hayan escogido de acuerdo conmigo esta fecha para hacer entrega a los archivos de la República de este documento que vivirá eternamente en la memoria de mis conciudadanos y que nunca ha tenido más actualidad que en los gravísimos instantes que está viviendo el país, como consecuencia de un acto que es la más viva comprobación de los excesos a que conducen estos alarmantes rebrotes, siempre latentes de un parlamentarismo anacrónico y hasta desconcertante, del cual es manifestación inequívoca el hecho de que se haya pretendido, al señalar las relaciones entre los ministros de Estado y el partido a que pertenecen, ignorar la dependencia de aquellos del Presidente de la República. Todo esto demuestra que los males que vengo señalando no se detienen siquiera ante los más fundamentales principios en que descansa la vida republicana, lo cual está indicando que el porvenir del país está íntimamente vinculado a una reforma constitucional que, entre otras cosas, incluya medidas como las que he señalado, que son el fruto del atento examen de los defectos de nuestra vida pública y de la idiosincrasia de nuestro pueblo, y de ninguna manera de esquemas teóricos, menos aún de la importación de fórmulas extranjeras que la contradicen y cuyos patrocinantes no tienen el respaldo de actitudes suyas que sean garantía de sinceridad.
[1] Documento realizado a partir de la grabación sonora correspondiente al “Discurso de S.E. el Presidente de la República don Jorge Alessandri Rodríguez, relativo a entrega del testamento político del Pdte. Balmaceda” disponible en el sitio web de la Biblioteca Nacional: https://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/625/w3-article-350852.html
Dicha transcripción fue revisada a partir del texto contenido en el libro titulado “Alessandri: su pensamiento constitucional, reseña de su vida pública” (1987) del señor Sergio Carrasco Delgado, disponible entre las páginas 233-241.