Por Nicolás Llantén – Historiador
La idea o noción de una Constitución, es decir, de un instrumento legal que permita fijar un marco de normas estructurales con las cuales se rige un país, tiene muchos años de aplicación y al menos en el mundo occidental, más de 2000 años. Ahora bien, el enfoque con que lo entendemos en la actualidad, es decir, una carta fundamental escrita, redactada en conjunto por el soberano, es una noción que proviene desde el siglo XVIII, de la cual ya se teorizaba en los escritos de Locke y Montesquieu, pero que finalmente se llevó a cabo en el naciente EE.UU, en 1787, siendo el primer país del mundo moderno en reglamentar su ordenamiento político interno por medio de esta vía.
En Chile, nuestra historia constitucional ha pasado por diferentes cartas fundamentales, dentro de las cuales destacan tres: la de 1833, la de 1925 y la de 1980 que actualmente aún nos rige. En cada una de ellas, se han establecido diferentes mecanismos de organización política, la circunstancia de participación, los poderes del Estado, etc. Ahora bien, hacia fines del siglo XIX, la Constitución de 1833, estaba siendo puesto en entredicho por múltiples aspectos que no eran del todo convenientes a los nuevos tiempos. Estos eran principalmente dos aspectos: el excesivo poderío que contaba el poder ejecutivo en desmedro del legislativo y judicial y, sobre todo, el grave problema de la participación política, producto de las restricciones enormes que existían para poder ejercer el derecho de voto. Ambas premisas se sustentaban en una premisa fundamental que estaba asociada al conservadurismo que la había desarrollado: la mantención del orden. Dicha idea, hacia fines de siglo había hecho crisis, en vista de que los nuevos vientos políticos promovidos por las figuras liberales buscaban una apertura política y de participación, así como también una mayor igualdad y verdadera autonomía en los poderes del Estado. José Manuel Balmaceda, primero como intelectual, pero luego como presidente de la República fue uno de los principales promotores de las reformas a la Carta Fundamental de 1833. En su discurso a la nación de 1890:
Los hombres y las instituciones tienen, sin embargo, su época. El estado social, político y económico de la República ha cambiado profundamente desde 1833. Hoy necesitamos otras condiciones de vida pública, pues las leyes de otra edad se vuelven ineficaces o caducas. Las atribuciones conferidas al jefe del Poder Ejecutivo, el debilitamiento de la iniciativa y de las fuerzas locales por exceso de vigor en el poder central, la parte que al Ejecutivo corresponde en la formación del Poder Judicial, su influencia en la elección y funcionamiento del Poder Legislativo, la centralización administrativa y de las obras generadoras del progreso material, y la concentración de la vitalidad nacional en la capital de la República, han producido ya todos los bienes que podían derivarse razonablemente del Gobierno centralizado y de autoridad. Este orden de cosas levanta resistencias, embaraza nuestro progreso político, y hace imposible el régimen descentralizado y de libertad que muchos anhelan y que consideró la solución impuesta a nuestra previsión y patriotismo.
Es muy interesante ver como de cierta forma, en nuestra historia, las visiones y las perspectivas políticas de cierta forma se repiten. El anhelo y el clamor popular actual de cambio constitucional proviene básicamente de la misma directriz: el excesivo conservadurismo impuesto en ella, que trasunta elementos como el ordenamiento institucional, la centralización administrativa, el fuerte peso de la figura presidencial, entre otros. Hemos de entender que las situaciones de 1833 y 1980 claramente refieren a períodos y contextos del todo diferentes, (sobre todo en el segundo donde la intervención de la fuerza armada y el círculo cerrado de civiles que la desarrolla ya consolida un fundamento abiertamente antidemocrático), sin embargo, tienen puntos en común, tales como el no ser capaz de ajustarse debidamente a los nuevos tiempos que corren.
El presidente Balmaceda encarnó en sí mismo los ideales de cambio y de progreso de nuestro país asociados a una necesaria cercanía de la ciudadanía y el proceso político, al entender el Estado y sus instituciones como elementos de representación del soberano y, sobre todo, comprender que la figura presidencial debe ser garante y promotor de dichas premisas. ¿Existe hoy en la actualidad ese mismo punto de entendimiento con respecto a la necesidad del cambio político? No lo sabremos en realidad, hasta el 25 de octubre de este año. De Balmaceda sí, tanto es que todos conocemos cómo terminó su proceso. Esperemos que sus ideales puedan volver a tener sentido en este nuevo proceso que se avecina y que ojalá se pueda dar a Chile un reglamento más democrático, abierto y con sentido de verdadera representación cívica y social.
Para saber más:
- Baeza, E. (1936) Testamento político del Presidente de Chile Excelentísimo señor José Manuel Balmaceda, Santiago : Imprenta Talleres Casa Nacional del Niño
- Devés, E., Sagredo,R. (1992) Discursos de José Manuel Balmaceda. Iconografía. Santiago: Centro de investigaciones Diego Barros Arana.
- Gaete, J.L., Lobos, M., (2016) Balmaceda siglo XXI., Santiago: Fundación Balmaceda.
- Subercaseaux, B., (1997) Historia de las Ideas y de la cultura en Chile, Santiago: Editorial Universitaria.