Del dicho al hecho, hay mucho trecho: legislación deficiente a favor de la diversidad sexual.
El actual debate que se ha generado en Chile respecto a los derechos humanos de la diversidad sexual, se ha limitado a los aspectos legales donde temas tales como la ley antidiscriminación, acuerdo de vida en pareja (AVP), matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, se construyen bajo el alero de la igualdad de derechos ante la ley.
Estos proyectos son importantes para la comunidad LGTBI1, puesto que les permitirá mayor inclusión social y además, se les garantizaran los derechos de igualdad reconocidos constitucionalmente por el Estado. Sin embargo, el tema en cuestión es mucho más profundo, puesto que hay que preguntarse si existen las condiciones estructurales necesarias que actúen como base para que los proyectos impulsados por el Gobierno sean recepcionados de manera óptima por la ciudadanía. Para luego establecer cuáles serían las condiciones estructurales que el Gobierno debe tener en cuenta al momento de legislar a favor de la comunidad LGTBI
Para responder las interrogantes realizadas, se describirán dos procesos en los cuales el Estado se ve involucrado. Por un lado, observaré la Ley General de Educación implementada por Bachelet el año 2009. Hay que destacar que esta ley no se promulgó pensando en la comunidad LGTBI, sin embargo, impacta directamente en este grupo. Mientras que por otro lado, analizaré el Plan Escuela Segura que existe actualmente en el país, el que se compone por siete programas de educación sexual y afectividad, que implícitamente enseñan a discriminar a la diversidad sexual.
De esta manera, resulta interesante analizar la disyuntiva generada a partir de los dos acontecimientos mencionados. Lo que se propone en este artículo, es que el Estado además de legislar sobre temas que permiten a los ciudadanos ser parte de una sociedad donde existen múltiples identidades, debe hacer converger su legislación con los distintos planes de acción que éste implementa, a través de medidas de afirmación.
La Ley General de Educación fue implementada por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet el 2009, producto de las movilizaciones estudiantiles que datan a partir del 2006. Aquí se establecen nuevas bases educacionales a nivel general. Donde, desde el artículo 1° hasta el 11° se resalta que el Sistema Educativo en Chile se construye en base a los Derechos Humanos, Constitucionales y Tratados Internacionales. De esta manera, es necesario respetar y promover las libertades fundamentales de los individuos en cuanto a las condiciones culturales, religiosas, sociales, de género, etc. Para así reducir desigualdades y generar un ambiente donde se promueva una cultura de paz y no discriminación. Considerando, además, que el acceso a la educación es un derecho universal.
1 Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales.
Por otro lado, el 2010 se modificó la Ley de Salud 20.418, incluyendo el Plan Escuela Segura que obliga a todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, a incluir en su ciclo de enseñanza un programa de educación sexual2. El 2011 el Ministerio de Educación (dirigido en ese entonces por Joaquín Lavín Infante), puso a disposición ellos siete programas de educación sexual y afectividad. El principal objetivo de esta medida es permitir reconocer valores y actitudes referidas a las relaciones sociales y sexuales, entiendo que la sexualidad se debe orientar al respeto hacia los derechos de las demás personas. Impactando en el comportamiento social de los estudiantes, para que así tengan una postura crítica respecto a modelos o estereotipos de género que prevalecen en la sociedad.
No obstante, el plan Escuela Segura no ha estado exento de críticas. Puesto que si bien se promueve el respeto a la sexualidad en sus diversos aspectos, no está explícitamente señalado cómo se debe tratar el tema de la diversidad sexual. Es más, los apartados que tratan la homosexualidad en los programas que promueve el Gobierno, son tratados a criterio de las entidades que están a cargo de estos programas, debido a que el Ministerio de Educación no tiene una postura clara al respecto, y tampoco es capaz de implementar medidas de afirmación acorde a los acuerdos y recomendaciones internacionales que gira en torno a los derechos humanos de la diversidad sexual.
Es así, como de los siete programas de educación sexual3 que existen en Chile sólo el “Programa de Aprendizaje en Sexualidad y Afectividad” de la Universidad de Chile, expone de forma clara y precisa que no hay que discriminar a las personas por su orientación sexual, sin vacilar en ello, ya que debemos fomentar una cultura de respeto. Mientras que los otros programas se basan en valores cristianos, donde la relación entre un hombre y una mujer es la forma de amor perfecta, desconociendo incluso la atracción por el mismo sexo, ya que ello es un desequilibrio social que lleva al pecado. También están los programas que siguen tratando a la homosexualidad como un trastorno en la identidad de género o perturbación en el desarrollo de la persona, que puede ser tratado por algún especialista.
Pese a que internacionalmente la homosexualidad fue despatologiada por la Asociación Psiquiátrica Americana en la década de 1970, y por la Organización Mundial de la Salud en la década de 1990, en Chile se sigue enseñando que es una perturbación en el desarrollo del individuo, la cual debe ser tratada por especialistas. Es más, pese a que el Estado despenalizó a la homosexualidad en 1988, y además no consideró la visión eclesiástica para llevar a cabo esta política, se sigue plasmando en las aulas el vínculo religioso que califica como pecadores a los homosexuales, donde se limita el concepto de amor a una relación heterosexual.
2 Para más información dirigirse a: http://www.convivenciaescolar.cl/index2.php?id_portal=50&id_seccion=3717&id_contenido=25045 3 Aprender a querer (Universidad Católica de la Santísima Concepción), Curso de educación sexual integral (Dr. Ricardo Capponi), Saber amar(Universidad San Sebastián), Teen Stars (Pontificia Universidad Católica), Adolescencia, tiempo de decisiones (Facultad de Medicina, Universidad de Chile), Sexualidad, autoestima y prevención del embarazo adolescente (Asociación Protección de la Familia), Programa de aprendizaje en sexualidad y afectividad (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile).
De esta manera, es posible observar que existe una disyuntiva entre los valores que el Estado promueve (por ejemplo, fomentar una cultura de paz y no discriminación), y lo que realmente se hace en materia legislativa. Puesto que al observar el lado práctico del plan Escuela Segura, los programas de educación sexual (que están bajo el alero del Estado) desconocen el pluralismo (social, cultural, género, etc.) y respeto a la diversidad al cual se adscribe el Estado. Incluso, pasando a llevar acuerdos internacionales que promueven el respeto a los derechos humanos de la diversidad sexual.
Es así, como si bien existen las condiciones estructurales (tales como voluntad política, apertura cultural y social, opinión pública influyente, educación) para que los proyectos impulsados por el Gobierno (independiente de su postura ideológica) sean recepcionados de forma positiva por la ciudadanía. El Estado debiese implementar tanto sus políticas públicas como los respectivos planes de acción derivados de éstas, según los mismos valore y principios que promueve. Respetando además, los acuerdos internacionales y las recomendaciones dictaminadas por organismos tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para así avanzar en materia de igualdad en cuanto a la diversidad sexual, haciendo valer sus derechos los cuales han sido postergados por mucho tiempo debido a un Estado ausente.
Finalmente, el Gobierno de Michelle Bachelet tendrá como tarea pendiente en el actual debate político sobre la legislación en torno a la ley de identidad de género, acuerdo de vida en pareja y matrimonio igualitario, exigir a los promotores de los distintos programas de educación sexual que modifiquen su contenido. Puesto que se instaurará un nuevo marco legal que amparará el amor y matrimonio entre parejas del mismo sexo, el reconocimiento por parte del Estado a los transexuales, entre otros temas que conciernen a la diversidad sexual y sus derechos. Puesto que uno de los principales ejes de acción para avanzar en materia de igualdad e incorporar tanto legal como socialmente a la diversidad sexual, es la educación. Ya que a través de ella se inculcan valores a las próximas generaciones, lo que fomentará una sociedad mucho más inclusiva y respetuosa con el otro, en especial, con la diversidad sexual.