¿Qué es la constitución y cómo está hecha?

SESIÓN DE LAS CÁMARAS REUNIDAS EN 1 DE JUNIO DE 1890[1] [DISPONIBLE EN DOCUMENTO PDF]

En la ciudad de Santiago de Chile, a primero de junio de mil ochocientos noventa, reunidas las dos Cámaras que forman el Congreso Nacional, cada una con el siguiente número de miembros, a saber:

De la de Senadores, su Presidente, el señor don Vicente Reyes, y los señores:

Bunster, José

Casanova, Rafael

Castillo, Miguel

Correa y Toro, Carlos

Cuadra, Pedro Lucio

Donoso Vergara, R.

Montt Albano, R.

Saavedra, Cornelio

Sánchez Fontecilla, E.

Sánchez Fontecilla, M.

Silva, Waldo

Toro Herrera, Domingo

Valderrama, Adolfo

Valledor, Joaquín

De la de Diputados, su Presidente, el señor don Ramón Barros Luco, y los señores:

Allendes, Eulojio

Arce, José

Balmaceda, José María

Balmaceda, Rafael

Bañados Espinosa, Julio

Barros, Lauro

Barros, Guillermo

Bernales, Daniel

Blanlot H., Anselmo

Brieba, Antonio

Carvallo Elizalde, Francisco

Concha, Francisco J.

Cortínez, Eduardo

Cotapos, Acario

Cabrera Gacitúa, Fernando

Concha, Lucio

Espejo, Juan N.

Frias Collao, Baldomero

García Collao, M.

Herboso, Francisco J.

Irarrázaval Vera, Miguel

Irarrázaval, Ramón Luis

Larrain Plaza, Ramón

Letelier, Patricio

Lira, Máximo R.

Mackenna, Juan E.

Márquez de la P., Fernando

Maturana, Alejandro

Martel, Mateo

Murillo, Ruperto

Novoa, Manuel

Ocampo, Rodolfo

Ossa, Blas

Pérez de Arce, Hermógenes

Pérez Eastman, Santiago

Pérez Montt, Ismael

Pinochet Solar, R.

Paredes, Bernardo

Ponce, Desiderio

Rogers, Carlos

Roldán, Alcibíades

Rio (del), Agustín

Sanfuentes, Enrique

Sanfuentes, Juan Luis

Sanhueza Lizardi, Rafael

Smith, Tomas 2.°

Sanfuentes, Vicente 2.°

Silva Cruz, Raimundo

Ugalde, José Miguel

Urrutia, Gregorio

Valdés Carrera, J. Miguel

Velásquez, José

Vial, Ricardo

Vicuña, Anjel C.

Vidal, Gabriel

Videla, Benjamín

Valdés, José Antonio 2.º

Verdugo, José A.

Waddington, Ricardo

Habiendo concurrido S. E. el Presidente de la República acompañado de los Ministros del Despacho al salón en donde se encontraban reunidos el Cuerpo Diplomático y las corporaciones nacionales, fue recibido en la forma acostumbrada.

Leyó en seguida el discurso que dirige al Congreso en la apertura de sus sesiones ordinarias, y terminado este acto, se retiró acompañado de las comisiones que lo habían recibido.

He aquí el discurso:

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

La República se mantiene en paz con todas las naciones, y continúa dando solución satisfactoria a las gestiones internacionales pendientes y que pudieran ser causa de posibles desacuerdos.

El día 8 de enero del presente año se ajustó una Convención entre los Gobiernos de Chile y el Perú, en virtud de la cual se suministraron recursos a esta República para obtener la completa cancelación de su deuda exterior. representada por los empréstitos de 1869, de 1870 y de 1872, y que alcanzaba a 32.960,706 libras esterlinas, y además los intereses insolutos desde 1876. Hemos concurrido a la realización de un arreglo útil a un Estado amigo y a sus acreedores, y probado una vez más la equidad a que la Cancillería de Chile ajusta sus procedimientos.

Aún estaríamos dispuestos a suministrar recursos al Perú para el arreglo de otras gestiones cuya prudente solución le permitiría liquidar reclamaciones sobre contratos celebrados en época anterior para la explotación de los guanos.

En cumplimiento del Convenio suscrito el 20 de agosto de 1888, se ha organizado la comisión de peritos que debe fijar los límites entre Chile y la República Argentina.

Invitados por el Gobierno de Estados Unidos a la conferencia internacional de Washington, aceptamos la invitación, más por deferencia respetuosa a un Gobierno amigo, que por la esperanza de obtener en ella resultados inmediatos y verdaderamente positivos para el bienestar de ambas Américas. En conformidad a declaraciones previas hechas al agente especial del Gobierno que gestionaba la conferencia, se dieron instrucciones dirigidas a estimular el desenlace de las cuestiones económicas o comerciales, que pudieran interesar a la comunidad de las naciones representadas en la conferencia.

Creímos que debían ser eliminadas las cuestiones políticas o de principios para establecer un derecho especial americano, o que debíamos abstenernos de abrir controversia sobre ellas.

Las cuestiones llamadas a producir nuestra especial atención, eran la adopción del bimetalismo, las comunicaciones entre la América del Norte y la América del Sur por medio de vapores, telégrafos y ferrocarriles, la uniformidad de los procedimientos aduaneros, y la igualdad práctica de las reglas sanitarias.

Mientras Europa mantenga el padrón único del oro, y la plata sufra las oscilaciones del valor que se le atribuye, con relación a la moneda de oro, y mientras América sea esencialmente productora de plata, habrá un serio antagonismo de intereses entre el nuevo y el viejo mundo, y sufriremos las consecuencias de la desmonetización de la plata en los grandes mercados y de la alteración constante de los valores. Este problema, cuya conveniente solución habría producido inestimables beneficios, no fue resuelto en el Congreso de Washington.

Los medios prácticos de comunicación comercial entre la América del Norte y la América del Sur, han sido enunciados y referidos a estudios serios y completos que podrían alcanzarse en nuevas conferencias. Si se considera la extensión y topografía de las naciones americanas, su riqueza natural y financiera, y los elementos de trabajo y de progreso de que dispone cada una de ellas, se comprenderá sin esfuerzo que, aún con voluntad y propósitos bien definidos, no sería fácil el acuerdo, porque los diversos intereses y la suma proporcional de los gastos que en el respectivo territorio requieran las obras que se proyecta emprender, no corresponderían quizá al crédito o a los recursos propios de cada República.

Podemos, sin embargo, anticipar la idea de que Chile estaría dispuesto a construir por su parte y en su propio territorio, todas las obras que le correspondieran en conformidad a un vasto y acabado proyecto de comunicación continental.

Hubo acuerdo parcial en la conferencia para establecer la uniformidad de las nomenclaturas aduaneras, y para la convención sanitaria. Prevalecieron en materia de sanidad las bases fijadas por el Congreso especial de Rio de Janeiro, y no fueron aprobadas las de Lima, que sostenían los delegados de Chile.

Se propuso y acordó también por algunos representantes del Congreso el arbitraje internacional, en forma la más comprensiva y obligatoria.

No prestamos asentimiento a este proyecto, por creerlo ineficaz, y porque Chile no necesita para el ejercicio de su soberanía en el mundo culto otra ley que la general de las naciones. Los pueblos como el nuestro, que viven de su trabajo y que cumplen fielmente sus obligaciones y compromisos internacionales, habrán de concurrir al arbitraje en los casos especiales y concretos en que así lo aconseje la justicia pública, la prudencia y el recíproco respeto de los Estados soberanos. Pero juzgo que a nosotros no nos sería lícito limitar la libertad de acción de las generaciones venideras para vindicar el derecho por los medios que autorizan las leyes internacionales, en las emergencias que a ellas únicamente corresponde apreciar y resolver. Toda restricción de los derechos del Estado, por procedimientos de excepción, no se aviene con la libertad que para toda eventualidad deseo reservar a los poderes públicos de mi patria y a mis conciudadanos.

Las entradas ordinarias en 1889 llegaron a 54.803,464 pesos, y los gastos ordinarios y extraordinarios del mismo año alcanzaron a 59.387,209 pesos. Hubo, pues, sobre las rentas ordinarias un mayor gasto de 4.583,745 pesos. Esta suma fue invertida de la existencia disponible y sobrante en caja.

La existencia disponible en 1 de enero del presente año, era de 31.258,526 pesos, sin incluir la deuda del Perú ni la existencia en plata acumulada para dar cumplimiento a la ley de 14 de marzo de 1887, y estimado el producto del empréstito del año último al tipo de 26 peniques.

El comercio de importación fue de 65.090,013 pesos y el de exportación llegó a 65.963,100 pesos. Hubo en 1889 una mayor importación de 4.372,315 pesos y una menor exportación de 7.126,835 pesos, comparadas estas cifras con las de 1888.

Estas cantidades comprueban la causa de la depresión sufrida en el cambio. Si la importación ha sido mayor y la exportación ha sido menor que en 1888, el cambio ha debido sufrir las oscilaciones de la balanza comercial.

La baja en el precio de los cobres y la relativa esterilidad del año agrícola, produjeron aquellos resultados. Mientras no se facilite y abarate la mayor producción agrícola, y mientras no se dé a las provincias de Atacama y Coquimbo estímulo a la minería y transporte fácil y económico a sus producciones, no será posible restablecer la circulación metálica. Los procedimientos artificiales no darán resultados estables ni positivos.

Es un hecho comprobado por la existencia de caja de los bancos y por el desarrollo de los negocios, que hay escasez de numerario, y que la situación económica viene constreñida por falta de medio circulante y por las limitaciones que origina en las operaciones económicas. Es urgente dictar la ley que regularice un estado de cosas dañoso para los intereses particulares y la renta fiscal.

En los ramos del Interior, de Colonización, de Justicia e Instrucción Pública, de Industria y de guerra y marina, se han emprendido y se continúan trabajos de la mayor importancia. Por el examen detenido de las memorias de los respectivos Ministerios se podrá apreciar en todos sus detalles la activa labor a que está consagrada la administración.

Se ha aumentado el armamento del ejército, y en el presente año quedarán concluidos los dos cruceros y las dos cazatorpederos en construcción. A mediados del año entrante quedará concluido el blindado Prat.

Aún se necesitan recursos para concluir el armamento de tierra y aumentar la armada en forma adecuada a la extensión de nuestras costas y a la riqueza que debemos resguardar en ellas.

Estimo que una de las mejores garantías de la paz consiste en poseer los medios suficientes para mantenerla.

Entre los muchos proyectos de ley pendientes de vuestras deliberaciones, hay algunos que debo recomendaros especialmente, en cumplimiento de un estricto deber.

La administración de justicia está débilmente remunerada. Las incompatibilidades que la rodean y las exigencias actuales de la vida, la colocan en situación digna de ser corregida. De vosotros depende la satisfacción de esta necesidad justificada y premiosa.

No es menos debida la reforma de los sueldos del ejército, la de los empleados de aduanas que recolectan la renta fiscal, y la de los empleados de instrucción pública.

Espero que encuentren acogida estas recomendaciones aconsejadas por la justicia distributiva y la conveniencia pública.

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Asistimos a una hora de quietud pública, de actividad en los círculos políticos del Congreso, y de anhelos de libertad cuya legítima satisfacción hace necesaria la reforma de la Constitución del Estado.

Mis esfuerzos por el mejoramiento moral y material de la República, y por reformas constitucionales dirigidas a reducir el número de representantes en el Congreso, a facilitar la aplicación de procedimientos electorales más perfeccionados, a simplificar el escrutinio de la elección presidencial y a consagrar las incompatibilidades parlamentarias, no han producido el concierto patriótico y la unificación de la familia liberal desde hace tantos años dividida.

Exaltado por el voto de mis conciudadanos a la primera magistratura, olvidé pasadas disidencias, y llamé a todos los círculos que profesan las ideas liberales al ejercicio del poder. He gobernado con todos ellos y he adquirido el convencimiento de que en Chile no se alcanzará la unificación de la familia liberal por obra de los individuos o de los círculos políticos. Los recíprocos recelos y las exigencias personales y de grupo, hacen imposible la cohesión que procede de la doctrina, de la abnegación personal y de una sola dirección política. Podrán obtenerse acuerdos transitorios, pero nunca la unidad de dirección y de disciplina que de los diferentes círculos exige la estabilidad de un partido apto para gobernar el Estado, afirmar su existencia y el merecimiento de los hombres que lo componen.

Estas antiguas divisiones y fraccionamientos de la familia liberal, no obstante su dilatada permanencia en el Gobierno, me hicieron temer por su suerte futura, y por eso he procurado durante tres años producir su acuerdo, en la práctica de una política sin odios, de trabajo y de constante reforma de las instituciones. No he omitido sacrificios que pudieran influir en el concierto tan reclamado por el vasto plan de obras de todo género a que viene consagrada la administración. Pero la misma participación dada a los círculos políticos en la dirección del Gobierno ha sido causa de nuevas y penosas desagregaciones.

Una prolongada experiencia de los hombres, de los partidos y de los negocios públicos de Chile, me hace creer que los fraccionamientos del partido liberal y la instabilidad de los caudillos que dirigen los diversos círculos, son el resultado inevitable de un progreso y de aspiraciones de reforma inconciliables con las instituciones fundamentales que nos rigen. Ni los deseos del país, ni los de los partidos o de los círculos en acción, se avienen al régimen centralizado y de autoridad, que consagró la Constitución de 1833.

El estatuto vigente, observado durante más de medio siglo, puso término a la anarquía y a la desorganización administrativa, a las agitaciones sociales y al desquiciamiento político producido bajo el imperio de las Constituciones de 1823 y de 1828. La Constitución que organizó la República unitaria, centralizada y absorbente, fue dictada para garantizar el orden público y el principio de autoridad. Su espíritu y sus disposiciones han sido cumplidas con fuerza en el interior y verdadero prestigio en el exterior. Chile ha sido en el periodo de su organización una excepción entre las Repúblicas fundadas en el siglo XIX; y en los últimos treinta años ofrece un ejemplo sin igual en los continentes de ambas Américas, y acaso sin paralelo en el resto del mundo. Mientras las naciones han sufrido graves agitaciones sociales y políticas, cambios imprevistos de Gobiernos y profundas revoluciones, la República de Chile no ha sufrido, a pesar de la situación extraordinaria creada por una formidable guerra exterior, ni un solo trastorno político, ni un solo motín militar. Ni por un instante se ha perturbado la marcha de sólido progreso realizado por una y otra generación.

Los hombres y las instituciones tienen, sin embargo, su época. El estado social, político y económico de la República ha cambiado profundamente desde 1833. Hoy necesitamos otras condiciones de vida pública, pues las leyes de otra edad se vuelven ineficaces o caducas. Las atribuciones conferidas al jefe del Poder Ejecutivo, el debilitamiento de la iniciativa y de las fuerzas locales por exceso de vigor en el poder central, la parte que al Ejecutivo corresponde en la formación del Poder Judicial, su influencia en la elección y funcionamiento del Poder Legislativo, la centralización administrativa y de las obras generadoras del progreso material, y la concentración de la vitalidad nacional en la capital de la República, han producido ya todos los bienes que podían derivarse razonablemente del Gobierno centralizado y de autoridad. Este orden de cosas levanta resistencias, embaraza nuestro progreso político, y hace imposible el régimen descentralizado y de libertad que muchos anhelan y que considero la solución impuesta a nuestra previsión y patriotismo.

Las reformas secundarias o los arbitrios de ocasión no modificarán eficazmente las irregularidades de actualidad. Toda reforma que atenúe o desnaturalice el régimen constitucional de 1833, conservando sin embargo el sistema mismo de la Constitución, será una obra imperfecta y sin estabilidad. El ensanche de atribuciones en favor de poderes subalternos o de alguno de los poderes constitucionales, influirá sobre los otros y no se alcanzará el equilibrio legal y político de que voluntariamente prescindieron los constituyentes de 1833. Si la época es diversa, si las circunstancias políticas aconsejan la reforma, si el país ha progresado y la quietud nacional reclama la reconstrucción de nuestro organismo político, debemos cambiar el sistema constitucional y emprender su reforma radical y completa.

No caben compensaciones arregladas a la ciencia y a la conveniencia nacional dentro de la Constitución vigente; porque toda compensación convencional que se busque al régimen actual, exagerando prácticamente las influencias del Poder Legislativo o dictando leyes ocasionales y que sirvan a intereses o a poderes determinados, agravará la situación política sin corregirla, y acusará falta de doctrina y de cautela en los legisladores de Chile.

A través de los años se ha venido debilitando la influencia constitucional del Poder Ejecutivo por la práctica y las influencias del Poder Legislativo, y hemos llegado a creer, ya sea por el ejemplo de otros países o por el deseo muy general de hacer menos centralizada la acción del Poder Ejecutivo, en un pretendido régimen parlamentario. Para que estas tendencia consentidas o toleradas en favor de la armonía o del mejor funcionamiento de ambos poderes, tuvieran asidero legal en el estatuto vigente, sería necesario que el jefe del Poder Ejecutivo fuese irresponsable o elegido por el Poder Legislativo, que no existiera el veto relativo ni el veto absoluto, y que, en caso de conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pudiera el Presidente disolver el Congreso y apelar al veredicto popular. No concurren en nuestra estructura constitucional las condiciones esenciales del Gobierno parlamentario.

La experiencia de los Estados con régimen parlamentario y la de los países con régimen representativo y nuestra propia experiencia, prueba la necesidad en que estamos de alejarnos del régimen parlamentario, como de una de esas organizaciones anarquizadoras, en las cuales los círculos personales se dividen y subdividen, ora para levantar o derribar Ministerios, ora para servir intereses que no son los del pueblo, ni los de los partidos con doctrina y adhesiones eficaces en las corrientes puras de la opinión pública. El Gobierno representativo con poderes independientes y responsables, enteramente libres en el ejercicio de las atribuciones conferidas por las leyes, es el solo que corresponde a la República y el único dentro del cual los partidos históricos, esto es, los liberales y los conservadores, pueden tener una organización propia, capaz del bien y de dar sólida base a la perfectibilidad política y social.

El pretendido Gobierno parlamentario en la República tiende inevitablemente a la dictadura del Congreso; así como el Gobierno unitario, centralizado y con influencias poderosas para vigorizar el principio de autoridad, tiende a la consagración de la dictadura legal. Yo no acepto para mi patria la dictadura del Congreso, ni sostengo la dictadura del Poder Ejecutivo; quiero un régimen de libertad y de independencia de los poderes públicos, en el cual cada uno de ellos pueda ejercer la plenitud de las atribuciones necesarias para sus fines propios, pero sin invadir jamás los derechos del pueblo, ni la esfera de acción trazada legalmente a la actividad de los otros poderes.

El régimen severo del Gobierno centralizado y de autoridad fue en todos los tiempos el fundamento de los Gobiernos de represión, el principio de existencia de los partidos personales, la causa de gravísimas revueltas, de la dictadura de hecho o de la dictadura sancionada por leyes nacidas del rigor de los acontecimientos. Si queremos instituciones verdaderamente republicanas, Gobiernos sobrios que sean una constante garantía de libertad y de cumplimiento de las leyes, y parlamentos discretos que llenen su misión sagrada de legislar: si queremos la República como expresión de la ciencia y de la experiencia del Gobierno de libertad, es necesario reformar desde su base la Constitución de 1833.

Juzgo que el progreso moral, político y material de Chile, con sus hábitos de orden y sus legítimas aspiraciones de libertad, nos conducen a la fundación de la República con poderes constitucionales libres y responsables, caracterizados por una clara y bien definida división de los poderes, de manera que el Ejecutivo no pueda influir ni debilitar la acción del Legislativo, ni éste pueda influir, invadir o paralizar la misión del Ejecutivo, ni estos poderes, separados o unidos, invadir o establecer dependencias en el Poder Judicial, ni finalmente, que el Poder Judicial pueda frustrar o entorpecer el ejercicio de las atribuciones de los poderes políticos.

La independencia de los poderes constitucionales y el funcionamiento regular de cada uno de ellos, constituirán siempre la mejor garantía de las libertades públicas. Así los derechos electorales se ejercitarán fuera de toda tendencia de absorción política, y los partidos no derivarán su fuerza o su existencia de los poderes constituidos, sino del pueblo en donde deben encarnar su origen, su fuerza moral y su legítimo mandato. Cuando los poderes fundamentales se generen más regularmente, y cuando ninguno de ellos pueda ser invadido o perturbado por los otros, se producirá la reciproca libertad y el recíproco respeto; no serán posibles los conflictos de poderes, no serán fructíferas las invasiones de autoridad, y se habrá obtenido el equilibrio legal de poderes que concurran armónicamente a consagrar la libertad legislativa, la independencia del Ejecutivo para la administración del Estado y el cumplimiento de las leyes, la mayor seriedad y la perfecta respetabilidad de la justicia.

Siendo el Ejecutivo un poder esencialmente activo, con mando superior en el ejército y en la armada, depositario de las rentas y director de grandes servicios nacionales, encargado del orden público y con vasta esfera de actividad, su propia organización lo convertiría en un poder invasor, si sus atribuciones no expirasen allí en donde principia la existencia del poder local. Al Ejecutivo debe estar encomendado el Gobierno exclusivo de los intereses generales, y al poder local, ya sea en la provincia, en el departamento, o en la circunscripción comunal, el Gobierno de todos los intereses locales. La diversidad de estos intereses, que fluye de la naturaleza de las cosas, descentraliza el Poder Ejecutivo, y constituye la más sólida garantía de los derechos populares, a la vez que levanta una barrera poderosa contra los posibles desvíos del poder general. Estas restricciones al Poder Ejecutivo lo aplican a sus fines exclusivos, y le imponen la necesidad de buscar en la opinión e intereses verdaderamente nacionales, la regla de conducta que, sin aquellas limitaciones, podría derivarse de la pasión o de la influencia siempre funesta del exceso de poder o de los partidos personales.

El cuerpo Legislativo, en el régimen de los poderes independientes y divididos, tiene estas dos altas funciones: la de consagrar el derecho por medio de leyes justas, dirigidas al bien social y a la conservación del orden político, y la de constituirse en Tribunal para juzgar a los altos magistrados del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. La facultad de legislar no debe tener más límites que los señalados por los derechos imprescriptibles del orden natural, y las reglas fijadas a los procedimientos para sancionar las leyes. Pero el derecho de acusación y de juzgamiento de los primeros magistrados de los poderes Ejecutivo y Judicial, no debe llegar hasta autorizar invasiones del Poder Legislativo en los otros poderes, o influencias que los subordinen, o procedimientos que los desprestigien. Toda invasión o influencia de un poder en el ejercicio de las atribuciones de los otros, entraña un principio de desequilibrio legal, de absorción y despotismo. En consecuencia, el Congreso, como tribunal para juzgar a determinados funcionarios públicos, debe perseguir la responsabilidad de los otros poderes sólo en el modo y forma y por las causas que expresamente autorice la ley fundamental.

La organización del Poder Judicial, debe corresponder a su objeto capital de aplicar las leyes, amparar el derecho, respetar la Constitución, y funcionar y decidir con entera independencia sobre todo género de intereses y de personas, sin tribunales especiales, sin privilegios, sin favores contrarios a la razón y a la equidad. La elección de sus miembros debe hacerse en condiciones que garanticen el acierto, y los juzgados y tribunales deben crearse en proporción suficiente para que la justicia sea expedita, pronta y económica. Debe estar defendida contra todo género de usurpaciones, e imposibilitada para usurpar las atribuciones de los otros poderes. Así su acción será eficaz y ajustada a las leyes y a los intereses de la comunidad.

Una reforma constitucional que así organice los poderes públicos de Chile, que los haga funcionar con una libertad proporcionada a su responsabilidad, que los divida y separe para el ejercicio de las atribuciones que a cada poder corresponden, que haga imposible la invasión o la absorción de ninguno de ellos, abriría a la presente y a las futuras generaciones una era de libertad, de verdadera opinión pública, de organización definitiva de los partidos de ideas, de progreso político y de felicidad nacional, que nos honraría a todos, y que pondría término a desacuerdos ya antiguos y estériles.

En conformidad a estas ideas, el Poder Ejecutivo estaría radicado en un Presidente de la República y en un Vicepresidente, elegidos por seis años en votación directa. El Vicepresidente sería Presidente del Senado. Habría los Ministros que determine la ley, y éstos serían solidariamente responsables con el Presidente de todos los actos que ejecutaren en contravención a sus deberes o a las leyes. La responsabilidad del Presidente y sus Ministros podría hacerse efectiva desde el día en que inicien sus funciones hasta cien días después de terminadas, acusándolos la Cámara de Diputados ante el Senado. Siendo el Presidente y los Ministros responsables, se suprimiría el Consejo de Estado.

Las funciones del Poder Ejecutivo se aplicarían a las relaciones exteriores y a la hacienda pública, al ejército y a la armada, a los correos y telégrafos, a la instrucción pública, a los ferrocarriles y a las obras materiales costeadas con fondos nacionales.

Las atribuciones del Poder Ejecutivo deben estar limitadas a los objetos de administración general a que ellas se aplican, y cesar en los límites en donde principia la organización de la provincia.

Para consagrar la autonomía provincial, conviene que haya en la provincia población considerable, sociabilidad y los elementos que constituyen la opinión pública, intereses económicos distintos, todas las condiciones morales y políticas que den fisonomía propia a la región provincial. Los intereses regionales en un territorio tan prolongado y de diversos climas como el nuestro, deben ser especialmente contemplados. La eficacia del Gobierno provincial autónomo requiere también hombres capaces de gobernarse por sí mismos.

Las provincias serían ocho. La de Tarapacá comprendería toda la región del salitre; la de Coquimbo la que produce la plata, el cobre y otros minerales; la de Valparaíso sería la metrópoli comercial, con la región que vierte en ella sus productos; la de Santiago se formaría con todas las industrias, capitales e intereses diversos relacionados con ella; las de Talca y Chillán constituirán las provincias agrícolas centrales; la de Concepción sería formada por su riqueza agrícola, industrial y carbonífera, y por el comercio que fluye a los puertos de la bahía de Talcahuano; y la de Valdivia comprendería la región de los bosques y de la ganadería. Cada provincia representaría en estas condiciones un centro regional de verdadera actividad social y de positiva riqueza.

La provincia sería regida por un Intendente nombrado por el Presidente de la República, por una Asamblea elegida por el pueblo en votación directa, por una municipalidad autónoma en cada departamento, y por Juntas Comunales autónomas en la región rural. El departamento sería presidido por un Gobernador nombrado por el Intendente de entre los municipales que le presente en lista la respectiva municipalidad, y éste sería a la vez el alcalde de ella. El Gobernador no podrá ser removido sino por el Intendente con acuerdo de la Asamblea provincial. Las Juntas Comunales elegirán cada año de entre sus miembros un alcalde que será el jefe administrativo de todos los servicios locales.

El departamento de la cabecera de la provincia será regido por el Gobernador-alcalde en la misma forma y condiciones que lo serán los demás departamentos. El gobierno municipal y comunal será perfectamente igual en todos ellos.

Corresponderá al Intendente promulgar las ordenanzas y resoluciones de la Asamblea provincial, nombrar los gobernadores de departamento, y los empleados de su propia secretaría; velar por la observancia de la Constitución y las leyes y la conservación del orden público; presentar a la Asamblea los proyectos de ordenanza que estimare adecuados al bienestar de la provincia, y vigilar los servicios nacionales.

La Asamblea se compondrá de no menos de quince y de no más de treinta miembros.

Corresponderá a la Asamblea provincial determinar los límites de las poblaciones para la elección de municipalidades en las cabeceras de departamento; fijar el número y los límites de las circunscripciones comunales en que debe dividirse el departamento; aprobar o modificar los presupuestos de gastos que deben presentarle anualmente las municipalidades departamentales y las juntas comunales, y aprobar o reprobar las cuentas de inversión de las mismas; determinar la cuota que debe pagarse por los usos y servicios municipales y comunales; imponer contribuciones hasta el máximum que autorice la ley, sobre las industrias, los haberes mobiliarios, las herencias, la propiedad rústica y urbana, el papel sellado, los tabacos, los alcoholes y demás ramos que determine la ley orgánica; aprobar la contratación de empréstitos acordados por las municipalidades o juntas comunales y enviarlos al Senado para su ratificación, si fueren aprobados; autorizar la construcción de ferrocarriles particulares y de caminos, y las expropiaciones consiguientes; dictar las ordenanzas de organización y aplicación general en la provincia sobre la policía de seguridad, salubridad, comodidad y ornato, beneficencia pública, y, en general, sobre las materias que la Constitución o la ley le encomienden; dirigir al Intendente o al Presidente de la República peticiones que tengan por objeto el bien general del Estado o el particular de la provincia.

Las resoluciones u ordenanzas que acordare la Asamblea y que el Intendente estimase contrarias a las leyes o al orden público, podrán ser observadas. Si la Asamblea insistiere por los dos tercios de los votos de sus miembros presentes y la insistencia versare sobre resoluciones contrarias a las leyes se enviarán los antecedentes a la Corte Suprema para que decida definitivamente; y si sólo se refiriesen a medidas de orden o conveniencia pública, les dará cumplimiento.

A las municipalidades corresponderá, en sus respectivos territorios, cuidar y organizar la policía de seguridad, salubridad, comodidad, ornato y recreo; promover la educación, la agricultura, la industria y el comercio; cuidar de todos los establecimientos de instrucción que se paguen con fondos municipales; cuidar y organizar todos los establecimientos de beneficencia, la construcción y reparación de los caminos, calzadas, puentes y demás obras públicas de necesidad, utilidad y ornato; administrar e invertir sus caudales; proponer a la Asamblea provincial las medidas convenientes al departamento, y formar las ordenanzas y reglamentos municipales sobre los ramos que les están confiados.

El Gobernador podrá observar las resoluciones u ordenanzas municipales. Si las resoluciones fueren contrarias a las leyes, se procederá como en el caso previsto del Intendente con la Asamblea provincial; y si fueren contrarias al bien público, bastará la simple insistencia, después de reconsideradas, para que sean cumplidas.

La Junta Comunal será compuesta de no menos de cinco y de no más de nueve personas. Elegirá de entre sus miembros al alcalde que será el jefe administrativo de la localidad, y que cumplirá las instrucciones del Gobernador en todo lo relativo al orden público y a la administración general del país. La ley reglará las atribuciones de las juntas comunales.

Por fin, los Intendentes y Gobernadores no tendrán fueros especiales, y serán en todo momento acusables ante la Corte de Apelaciones de la provincia, con apelación a la Corte Suprema. Si los acusados resultaren absueltos, tendrán acción civil y criminal contra los acusadores.

El Poder Legislativo se compondría de Diputados y Senadores elegidos en la forma que determine la ley. Cada provincia elegiría cuatro Senadores, debiendo éstos renovarse cada tres años por mitad. Para ser Senador se requiere ser habitante o residente de la provincia respectiva.

Esta es una reforma cardinal y necesaria, porque en el sistema de Gobierno con provincias autónomas, es indispensable la representación del interés particular de las provincias, y el del interés general y colectivo que todas ellas representan en el Congreso, por sus naturales y legítimos mandatarios. La naturaleza misma de funciones judiciales que el Senado está llamado a desempeñar respecto de los más altos magistrados de la República, exige la formación de una asamblea con carácter propiamente nacional. El Senado, en su forma actual, es una oligarquía derivada del imperio mismo de las instituciones que nos rigen. Es todavía una de las manifestaciones más enérgicas del Gobierno centralizado y de la influencia preponderante de los intereses de la capital.

Las atribuciones del Congreso deberán ser amplias y completas para sus tareas legislativas. Funcionará desde el día 1 de mayo hasta el 1 de septiembre, y se suprimiría la Comisión Conservadora, pues en todo tiempo la mayoría absoluta de ambas Cámaras tendría derecho para convocarse y funcionar libremente. Cada Cámara podría también reunirse por acuerdo de la mayoría de sus miembros para iniciar las acusaciones que autoriza la Constitución, y para fallarlas por la rama a la cual corresponde esta atribución.

Es correlativa de la absoluta libertad e independencia del Congreso, la que corresponde al Poder Ejecutivo; y, en consecuencia, la autorización para el cobro de las contribuciones debería ser permanente, y los presupuestos anuales podrían ser modificados, corregidos o aumentados; pero en ningún caso, negados o suspendidos. La responsabilidad del Poder Ejecutivo queda establecida por el derecho de acusación y de juzgamiento de sus jefes, y, por lo mismo, no sería lícito establecer dependencias que amengüen o que perturben su existencia legítima.

El veto, ya relativo o absoluto, que hoy constituye una de las más vigorosas atribuciones del Presidente de la República, debe reducirse a un simple veto suspensivo. Las leyes observadas por el Presidente deberían promulgarse siempre que, después de reconsideradas, lo acuerden las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras. Así el veto tendría el carácter de una juiciosa y prudente reconsideración de las leyes observadas por el jefe del Estado.

La administración de justicia sería ejercida por una Corte Suprema o de Casación con jurisdicción en toda la República; por una Corte de Apelaciones en cada provincia, pudiendo dividirse en el número de salas que autorice la ley; por jueces de letras en los departamentos, y por jueces de paz en las circunscripciones municipales y comunales.

Los Ministros y Fiscales propietarios de la Corte Suprema o de Casación y de las Cortes de Apelaciones serán nombrados por el Presidente de la República, de entre las personas propuestas en dos ternas, formada la una por el Senado y la otra por la Corte Suprema.

Los jueces de letras propietarios serán nombrados también por el Presidente de la República, de entre dos ternas, formadas por la Corte de Apelaciones respectiva y por la Asamblea provincial.

El Intendente nombrará los jueces propietarios de paz, ya sea de la terna formada por la Corte de Apelaciones o de la que lo presente la Asamblea provincial.

El Presidente de la República nombrará los Ministros y Fiscales interinos y suplentes de la Corte Suprema, de una lista de cinco personas formada por la misma Corte. Los nombramientos de igual naturaleza para Ministros y Fiscales de las Cortes de Apelaciones se harán por la Corte Suprema, los de jueces de departamento, por la Corte de Apelaciones respectiva; y los de jueces de paz, por el juez de letras más antiguo de la cabecera de la provincia.

Los Ministros, Fiscales y Jueces Letrados del Poder Judicial, permanecerán durante su buena comportación. Los jueces de paz serán nombrados por el tiempo que fije la ley, pudiendo ser reelegidos.

La Corte Suprema resolverá sobre toda cuestión que se suscite entre los agentes del Poder Ejecutivo y los del Provincial, y entre éstos y los del Poder Judicial.

La organización de los tribunales y las atribuciones de los juzgados de letras y de paz, las calidades de los elegibles, y los medios de hacer efectiva la responsabilidad de los magistrados del Poder Judicial, se reglarán por las leyes.

Hay todavía dos reformas necesarias y de índole general, que interesan seriamente a la sociedad y al bienestar público.

Estimo que la Constitución debe garantizar la libertad de publicar todas las opiniones por la imprenta, sin censura previa, y que todo abuso de esta libertad debe ser juzgado por la justicia ordinaria y castigado en conformidad al Código Penal.

La unidad de nuestras leyes y la correcta aplicación del derecho común a la libertad de la palabra, ya sea ésta escrita o hablada, es la mejor y la más sólida garantía de los derechos individuales y del orden social.

Por último, conviene suprimir la parte final del artículo 4″ que excluye el ejercicio público de los cultos, y el número 14 del artículo 73 que da al patronato formas innecesarias para su ejercicio, y ocasionadas a contradicciones frecuentes con las autoridades de la Iglesia. La libertad de los cultos es un hecho consumado entre nosotros; y para el ejercicio del patronato nacional basta la prescripción constitucional que lo establece respecto de las Iglesias, beneficios y personas eclesiásticas, con arreglo a las leyes.

Las relaciones de la Iglesia y el Estado son las más delicadas por los sentimientos y las pasiones sociales que despiertan. Si a la reforma política, radical y completa de la Constitución, uniéramos también la reforma religiosa o social, seguramente perturbaríamos la una y la otra, y aumentaríamos las causas que producen los desacuerdos políticos de actualidad. Este procedimiento está aconsejado por la prudencia y el recto propósito de plantear la reforma en condiciones que pueda ser realizada por el esfuerzo patriótico de todos los hombres honrados.

Entrego la reforma de la Constitución a vuestra sabiduría y patriotismo, haciendo votos por que la Providencia, que protege los destinos de Chile, vele por el acierto de vuestras deliberaciones.

Santiago, 1.° de junio de 1890

J.M. BALMACEDA

Se levantó la sesión.

[1] La transcripción del presente texto correspondiente al Discurso Presidencial de S.E el presidente de la República señor José Manuel Balmaceda, la cual fue realizada a partir de los siguientes documentos:

1.- Diario de sesiones ordinarias de la Cámara de Senadores en 1890. Páginas 3-9. Disponible en: https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/46163/5/18900601.pdf

2.- Diario Oficial. Publicado el día lunes 02 de junio del año 1890. Edición N°3.901. Páginas 829-835.

3.- Discursos de José Manuel Balmaceda. Iconografía (Tomo II) cuya recopilación estuvo a cargo de los señores Rafael Sagredo y Eduardo Devés, del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Páginas 345-357.  Disponible en: https://www.bibliotecanacional.gob.cl/

 

SESIÓN DE LAS CÁMARAS REUNIDAS EN 1 DE JUNIO DE 1889[1] [DISPONIBLE EN DOCUMENTO PDF]

En la ciudad de Santiago de Chile, a primero de junio de mil ochocientos ochenta y nueve, reunidas las dos Cámaras que forman el Congreso Nacional, cada una con el siguiente número de miembros, a saber:

De la de Senadores, su Presidente, el señor don Adolfo Valderrama, y los señores:

Altamirano, Eulojio

Amunátegui, Manuel

Baeza, Agustín

Balmaceda, José Vicente

Besa, José

Casanova, Rafael

Castillo, Miguel

Correa y Toro, Carlos

Cuadra, Pedro Lucio

Cuevas, Eduardo

Encina, José Manuel

Gandarillas, Pedro N.

González, A.

Hurtado, Rodolfo

Marcoleta, Pedro N.

Rodríguez Velasco, L.

Saavedra, Cornelio

Sánchez Fontecilla, Mariano

Valdés Munizaga, J. A.

Vicuña, Claudio

Vial, Ramón

De la de Diputados, su segundo vicepresidente, el señor don Luis Errázuriz Echáurren, y los señores:

Alcalde, Juan Ignacio

Allendes, Eulojio

Arce, José

Balmaceda, Rafael

Bañados E., Julio

Barros, Lauro

Barros Luco, Ramón

Bernales, Daniel

Besa, Carlos

Brieba, Antonio

Cabrera Gacitúa, Fernando

Campo, (del) Máximo

Carvallo Elizalde, Francisco

Cienfuegos, Máximo

Concha, Francisco J.

Concha, Lucio

Cortinez, Eduardo

Cotapos, Acario

Díaz G., José María

Echeverría, Hermán

Errázuriz U., Rafael

Espejo, Juan Nepomuceno

Frías Collao, Baldomero

Gandarillas, Alberto

Gorostiaga, Alejandro

Grez, Vicente

Infante, José Manuel

Irarrázaval, Ramón Luis

Lastarria, Demetrio

Lazo, Miguel

Letelier, Patricio

Letelier, Gregorio

Lira, Máximo R.

Mandiola, Telésforo

Matte, Eduardo

Maturana, Alejandro

Montt, Alberto

Ocampo, Rodolfo

Ossa, Blas

Pérez de Arce, Hermógenes

Pérez Montt, Ismael

Pinochet Solar, Ruperto

Puga Borne, Federico

Reyes, Nolasco

Riesco, Jorge

Río (del), Agustin

Rogers, Carlos

Roldán, Alcibíades

Saavedra Rivera, Cornelio

Salamanca, David

Sanfuentes, Enrique S.

Sanfuentes, Juan L.

Sanfuentes, Vicente 2.°

Sanhueza Lizardi, Rafael

Silva Cruz, Raimundo

Silva Ureta. Miguel

Solar, (del) Félix

Sotomayor, Justiniano

Somarriva, Marcelo

Toro, Gaspar

Trumbull, Ricardo

Ugalde, Nicanor

Valdés Carrera, José M.

Valdés Cuevas, Florencio

Valdés, José Antonio 2.°

Velásquez, José

Venegas, Fortunato

Vial, Ricardo

Vidal, Gabriel

Videla, Benjamín

Zegers, Julio

Zegers, Julio 2.°

Habiendo concurrido S. E. el Presidente de la República, acompañado de los Ministros del Despacho al salón en donde se encontraban reunidos el Cuerpo Diplomático y las Corporaciones Nacionales, fue recibido en la forma acostumbrada.

Leyó en seguida el discurso que dirige al Congreso en la apertura de sus sesiones ordinarias, y terminado este acto, se retiró acompañado de las comisiones que lo habían recibido.

He aquí el discurso:

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

La obra de progreso a que viene consagrada la República continúa sostenida por la prosperidad económica y por la energía con que mis conciudadanos trabajan en medio de la quietud interna y de la paz exterior.

I

Las reclamaciones formuladas por súbditos portugueses, con motivo de los daños sufridos en la contienda con el Perú, y que ascendían a 162,700 pesos oro, han sido transigidas y canceladas con la suma de 7,000 pesos.

Chile y la República Argentina han suscrito un Tratado de Extradición y una Convención que tiene por objeto el cumplimiento práctico del Tratado de Límites de 1881. Aún es necesario ajustar un Tratado de Comercio que regularice las relaciones económicas, sobre bases de reciprocidad que han sido bien acogidas por el Gobierno argentino.

Habiéndonos asociado al Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado que se instaló en Montevideo el 25 de agosto de 1888, nuestros caracterizados representantes suscribieron los siguientes tratados: de Derecho procesal, relativo a las legalizaciones, exhortos, sentencias y fallos arbitrales; de Propiedad Artística y Literaria; de Marcas de Comercio y de Fábrica; de Patentes de Invención; de Derecho Comercial Internacional, en lo que concierne a los actos de comercio, sociedades, seguros terrestres y marítimos y sobre la vida, choques, abordajes y naufragios, fletamentos, préstamos a la gruesa o a riesgo marítimo, gente de mar, averías, letras de cambio y falencias; y, finalmente, el Protocolo Adicional sobre aplicación de las leyes de los estados contratantes. Se abstuvieron nuestros representantes de suscribir los tratados de Derecho Penal y de Derecho Civil Internacional, por contener disposiciones que no guardan armonía con la jurisprudencia chilena.

Invitados por el Gobierno de los Estados Unidos de América a concurrir al Congreso Internacional que se instalará en Washington en octubre próximo, hubimos de aceptar la invitación, declarando que nos asociaríamos únicamente para debatir cuestiones comerciales y económicas.

El proyecto de contrato ajustado entre el Gobierno del Perú y una parte de sus acreedores, conocido con el nombre de Grace-Aranibar, nos indujo a gestionar la modificación del convenio en términos equitativos, que resguardarán los derechos del Perú y los medios necesarios para su propia existencia. Hubimos de gestionar también la protección de los derechos de Chile, comprometidos en forma que podía desnaturalizar la clara y correcta inteligencia del Tratado de Paz de 1884. Es satisfactorio reconocer que aquel convenio se modificó en condiciones favorables a los intereses del Perú, y debemos esperar que él se consume respetando las estipulaciones del Tratado de Paz ya recordado.

Abrigo el fundado convencimiento de que la rectitud y firmeza que Chile ha impreso a sus relaciones internacionales, serán en lo futuro la mejor y más seria garantía para el mantenimiento de nuestra común amistad con las naciones civilizadas.

II

La prosperidad económica se afianza sobre bases que aseguran su futura estabilidad.

Las entradas ordinarias llegaron en 1888 a 50 millones 183,938 pesos, y los gastos ordinarios y los extraordinarios procedentes de leyes especiales, alcanzaron a 46.135,501 pesos, resultando un sobrante de 4.048,437 pesos. Unido este sobrante al que existía acumulado y al que se ha venido produciendo después, resulta una existencia disponible que excede de 25.000,000 de pesos, sin incluir en esta suma los 2.386,186 pesos plata que adeuda el Perú, y el depósito ordenado por ley de marzo de 1887 y que llega a 1.954,485 pesos fuertes y barras de plata.

Las rentas para 1890 se estiman en 56.000,000 de pesos y el presupuesto se aproximará a 64.000,000.

La deuda interior está reducida a 23.834,180 pesos, de los cuales 2.600,125 pesos ganan el interés de 3 por ciento, 3.696,700 pesos el 6 por ciento, y los 17.537,355 pesos restantes están representados por censos irredimibles. Los billetes fiscales en circulación alcanzan a 23.065,916 pesos, debiendo incinerarse cada mes la suma de 125,000 e invertirse otros 100,000 en pesos fuertes o barras de plata. La deuda exterior es de 39.748,000 pesos.

En uso de la autorización concedida en 8 de enero de 1888, para contratar un empréstito por 3.000,000 de libras esterlinas, se ha ajustado una emisión por 1.500,000 libras esterlinas en las condiciones más favorables que hasta ahora haya obtenido la República.

En conformidad al plan de obras públicas, a cuya ejecución venimos consagrados, se aplicará el empréstito de 1.500,000 libras esterlinas al pago de los materiales que se importen del extranjero para la construcción de las líneas férreas.

Con el producido de 1.500,000 libras esterlinas procedentes de dicho empréstito, y con los 25.000,000 de pesos disponibles en caja, se podrán ejecutar todas las obras emprendidas y cubrirse todos los gastos que requieran las nuevas naves de guerra, las fortificaciones de costa, y el nuevo armamento del ejército. Se podrá también construir el ferrocarril de Melipilla a Quilpué y de Melipilla a San Antonio, y, finalmente, el puerto militar de Llico. En consecuencia, cuantas obras se emprendan en el curso de la presente administración habrán de atenderse con los recursos enunciados.

La sola obra pública de importancia que no podrá realizarse con estos recursos, es el ferrocarril de Cabildo a San Marcos y de La Serena a Tarapacá; pero el producido de la venta de salitreras dará ampliamente los recursos necesarios para ejecutar esta obra de progreso y de seguridad nacional.

En 1887 el comercio de importación y exportación llegó a 108.180,820 pesos, y en 1888 alcanzó a 133.807,633 pesos, teniendo un aumento de 25 millones 626,813 pesos en 1888. En dicho año la exportación fue de 73.089.935 pesos y la importación llegó a 60.717,698 pesos, dejando un exceso de 12.372,237 pesos en la exportación.

La minería exportó en 1888, 63.206,930 pesos, o sean 13.757,915 pesos más que en 1887. Después del salitre, que representa una suma de 34.000,000 de pesos, ocupa el segundo lugar el cobre, por un valor próximo a 15.000,000 de pesos. Esta última industria sufre una crisis intensa, cuya prolongación llegaría a ser un desastre para la industria misma. Si la industria de los cobres no es alentada por el aumento de precio o por procedimientos de elaboración más perfeccionados, la veremos declinar en breve, aumentando las oscilaciones de la balanza comercial y extinguiendo una de las fuentes de más activa producción en las provincias de Aconcagua, Coquimbo y Atacama.

La cesación del curso forzoso del papel moneda y la restauración del régimen metálico, es un arduo y delicado problema, que a todos interesa resolver con previsión y acierto. El alza del precio de los cobres en el año anterior y la correlativa alza del cambio, hicieron creer que se aproximaba el momento en que pudieran dictarse medidas dirigidas a este objeto. El alza de los derechos aduaneros en los artículos de lujo y la disminución de los mismos para la maquinaria agrícola o fabril destinada a incrementar la producción nacional; la inversión en barras de plata de una parte del sobrante disponible, cuando el cambio llegase al tipo de treinta y dos y medio peniques, o sea el valor real de la plata; la mayor garantía de los bancos para la emisión fiduciaria y el acopio paulatino en sus arcas de moneda metálica; y, por último, el activo fomento de las industrias productivas, habrían podido conducirnos a la vuelta del régimen metálico.

La baja profunda que ha sufrido el precio de los cobres y las inclemencias del último año agrícola, han disminuido considerablemente los valores de exportación, perturbando seriamente la explotación de los cobres y debilitando la energía de la producción agrícola. Por esta causa ineludible el cambio ha descendido y la hora del régimen metálico se ha alejado.

Mientras la balanza económica no se nivele por el valor de la exportación chilena, todo empeño extraño a esta idea capital sería inútil, y los mejores esfuerzos resultarían frustrados. Es necesario alentar la industria de los cobres por todos los medios razonables, estimular la industria agrícola y la producción del salitre, y radicar en Chile, al menos una parte de los cuantiosos provechos de la industria salitrera, para llegar seria y eficazmente a la solución deseada.

Están pendientes de vuestras deliberaciones proyectos de ley sobre organización de las oficinas de Hacienda, reorganización de las Aduanas, creación de una Aduana en Santiago, Caja de Ahorros para empleados públicos, redención de Censos, Ordenanza de Aduanas, Impuesto Agricola, y venta de salitreras.

Todos estos proyectos tienen una importancia incontestable para el buen orden y acierto en la dirección y administración de la Hacienda Pública. Entre todos ellos, el de la venta de salitreras tiene una importancia cardinal. La enajenación de terrenos salitrales para entregarlos a la explotación y al libre comercio, tiende al fomento de la producción, al abaratamiento del artículo, y al ensanchamiento de la industria y de la riqueza fiscal. Puede afirmarse que la producción actual de salitre no aumenta debidamente, porque aún no han sido entregados a la explotación yacimientos que reúnen condiciones especiales para la libre concurrencia.

El examen atento del grave problema de la industria salitrera nos induce a formular una solución que juzgamos impuesta por las reglas generales de la libertad económica y por las especiales y de que no es posible prescindir en la producción de un artículo que es de Chile y que sólo de nuestro territorio puede exportarse para su consumo en los mercados del mundo. Juzgo que las salitreras redimidas por el Estado deben venderse en licitación pública, por cantones, a fin de que en cada cantón, las buenas, las regulares y las inferiores sean comprendidas en la venta común. A la vez que se entreguen a la libre competencia y al libre comercio las salitreras redimidas, deberían enajenarse gradualmente hasta 4.000 estacas, escogidas entre los mejores terrenos salitrales que el Estado posee, a fin de formar establecimientos chilenos, bien sea de sociedades formadas por individuos de cada provincia o de algunas provincias agrupadas, según fuere su importancia económica, o ya en otra forma que se estimare preferible, pero de accionistas chilenos y con acciones intransferibles durante un lapso de tiempo, y después sólo transferibles a chilenos.

Enajenadas las salitreras redimidas y las 4,000 estacas destinadas a establecimientos nacionales, se vendería anualmente en lo futuro una mitad de estaca en libre licitación y competencia, y la otra mitad a accionistas chilenos con acciones intransferibles a extranjeros. De esta manera no se perturbaría la corriente de libre producción creada, y se aseguraría a la vez la radicación de la industria por capitales chilenos y para industriales chilenos.

La influencia del salitre en la agricultura y en la industria y el desarrollo creciente de su producción, aconsejan al legislador y al hombre de gobierno no aplazar la solución del problema, y resolverlo resguardando eficazmente el legítimo interés de nuestros nacionales. Es verdad que no debemos cerrar la puerta a la libre concurrencia y producción del salitre en Tarapacá, pero tampoco debemos consentir que aquella vasta y rica región sea convertida en una simple factoría extranjera. No podría desconocerse el hecho, muy grave y real, de que la singularidad de la industria, la manera cómo se ha producido la constitución de la propiedad salitrera, la absorción del pequeño capital por el capital extranjero, y hasta la índole de las razas que se disputarán el imperio de aquella vastisima y fecunda explotación, imponen una legislación especial, basada en la naturaleza de las cosas y en las necesidades especiales de nuestra existencia económica e industrial.

Es esta cuestión de tan profundas consecuencias para lo porvenir, que de ella dependerá en gran parte el desenvolvimiento de nuestra riqueza particular, hoy alejada de aquel centro fecundo de trabajo y de prosperidad general.

III

La instrucción pública ha merecido la atención preferente del Gobierno.

No ha discutido aún la Honorable Cámara de Diputados el proyecto que reforma la ley de Instrucción Primaria, ya aprobado por la Honorable Cámara de Senadores, y por esta causa no se ha dado a este importante ramo la organización, el método y la eficacia que su regular implantación requiere. Es ésta una necesidad superior impuesta a vuestra actividad y patriotismo.

El número total de escuelas en 1888 fue de 1,029, con 84,385 alumnos inscritos, y una asistencia media de 57,552. El número de escuelas privadas llegó a 480 y a 26,051 el de alumnos inscritos.

El liceo de Curicó se ha elevado a liceo de primera clase, y el número de 22 que existía en 1887 se ha elevado a 26 por la fundación de nuevos liceos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Osorno.

Se ha organizado ya el Instituto Pedagógico de Santiago para la enseñanza de profesores de la instrucción secundaria. A la vez se ha adoptado el sistema concéntrico como plan de estudio para todos los liceos, y se introducen reformas útiles en los estudios superiores.

Se ha inaugurado ya el nuevo edificio de la Escuela de Medicina y se construye el Hospital de Clínica anexo. En breve se construirá también el pensionado de internos para la enseñanza médica.

La reforma de los estudios en la instrucción secundaria y las calidades de competencia y honorabilidad que deben poseer los rectores de liceos y los profesores de los mismos, justifican el nuevo plan de sueldos que tendré el honor de someter a vuestras deliberaciones.

Creo que es oportuno, como lo decía en 1887, formar la Universidad con el cuerpo docente y miembros honorarios, y constituir con la parte académica la Academia de Chile. Así la enseñanza, las ciencias, las artes y las letras tendrán su esfera propia de acción, y se evitará una confusión de servicios y de aplicación intelectual que están separados en la práctica de naciones más adelantadas que la nuestra.

Aún deseo recordaros que está sometido a vuestra discreción y estudio una serie cuestión de enseñanza, que afecta al sistema y al método, y también al modo y forma en que hayan de recibirse las pruebas parciales y las finales para la colación de grados. Es un deber primordial del Estado fomentar y vigilar la instrucción pública y dar los certificados de competencia para las profesiones autorizadas por la ley. Siempre he creído que las pruebas finales para la colación de grados deben rendirse en la Universidad y ante los profesores designados por ella. En cuanto a los exámenes parciales, he creído también que deben ser vigilados por los profesores o comisionados de la Universidad; pero nunca he pensado que debieran rendirse en forma que menoscabe la libertad de enseñanza en los colegios particulares o que se establezca por medio de la ley una superioridad privilegiada en favor de los colegios del Estado, debilitando o anulando la libre competencia en la difusión de los conocimientos humanos. Sin el estímulo de la enseñanza particular, seguramente la enseñanza del Estado sería menos eficaz y no progresaría, así como la enseñanza particular sin la vigilancia y tuición del Estado llegaría a ser la anarquía y el desmedro de la enseñanza misma. Anhelo, pues, un régimen de libertad que mantenga al Estado su activa dirección y vigilancia, y que no menoscabe los legítimos derechos de la enseñanza particular. Sólo con espíritu de recíproca tolerancia se podrá dar al problema una solución equitativa y digna de los progresos y de la cultura de la República.

Se ha puesto en práctica la ley que organiza las salas de la Corte Suprema y las de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que creó la Corte de Talca, y la que autorizó la creación de juzgados de letras en diversos departamentos de la República. No es menos importante que las leyes enunciadas, la que ordene la creación de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La población, cultura y actividad, y el desarrollo de los negocios en el primer puerto del Pacífico, exigen imperiosamente una Corte de Apelaciones, o la traslación de la de Tacna, que apenas tiene trabajo verdaderamente apreciable, o, por último, la traslación de una de las salas de la Corte de Santiago con el carácter de Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Ha llegado el momento de suprimir el feriado del Poder Judicial y de fijar su renta en proporción a las necesidades de la vida y a la consagración exclusiva que a los magistrados imponen las incompatibilidades judiciales y la prohibición para ser jueces compromisarios. Dicha renta podría fijarse en la forma siguiente: 10.000 pesos a los ministros y fiscales de la Corte Suprema; 8.000 pesos a los ministros y fiscales de las Cortes de Apelaciones; 6.000 pesos a los jueces de asiento de Corte: 5.000 pesos a los jueces de cabecera de provincia; y 3.500 pesos a los jueces de cabecera de departamento.

Se fijaría además una gratificación proporcionada a exigencias calificadas y especiales en algunos juzgados de cabecera de provincia y de departamento.

La justicia de menor cuantía es en extremo defectuosa, por cuyo motivo os propondré su reforma, haciéndola servir por los oficiales del Registro Civil. Se aumentaría la renta de éstos, se haría un mayor número de circunscripciones territoriales, y se echarían así los cimientos de una administración de justicia de menor cuantía remunerada por el Estado, más inteligente y responsable, y más consagrada al pronto y regular ejercicio de sus funciones.

La nueva ley que regló la forma en que deben hacerse los nombramientos judiciales, ha sufrido en la práctica pruebas que aconsejan reformarla, a fin de que no pierda su prestigio ni se desvirtúe el saludable principio que se tuvo en mira al atribuir al Poder Judicial mayor iniciativa y una mayor suma de atribuciones en la designación de los miembros de los tribunales y los juzgados de letras de la República. Debiendo sacarse las ternas para proveer los puestos de ministros y fiscales suplentes de las Cortes y de propietarios de los juzgados de letras, de las listas formadas por las Cortes respectivas, no hay razón ni conveniencia en limitar el número de individuos que el tribunal de los presidentes de las Cortes pueda incluir en las listas anuales para las diversas jerarquías judiciales. Por el contrario, esta limitación embaraza la iniciativa y libertad de las Cortes en cada caso particular, y se ha comprobado que éstas se ven obligadas a formar las listas de manera que el Consejo de Estado no puede organizar las ternas sino con jueces en ejercicio, debiendo producirse por esta causa una serie de remociones en la magistratura para proveer una vacante transitoria, que engendra a su vez una serie de vacancias. Y. cuando es posible designar abogados, éstos no abandonan sus tareas ordinarias por otras que son pasajeras y efímeras. El servicio de las suplencias se ha perturbado de tal manera, que bien puede establecerse la imposibilidad de servir los juzgados vacantes por poco tiempo, si se han de observar las reglas prescritas por las disposiciones vigentes.

Creo, pues, que el nombramiento anual de abogados para integrar las Cortes es innecesario, que no debiera fijarse número preciso al Tribunal que forma las listas anuales, y que sería materia digna de estudio la de resolver si es o no conveniente mantener los procedimientos actuales para el nombramiento de los interinos y suplentes.

Los intereses tan diversos y las propiedades que el Estado posee en todas las provincias de la República, así como la importancia y gravedad de los numerosos juicios que sostiene, nos imponen el deber de organizar la defensa fiscal de modo que los negocios en que el Estado tuviere interés se tramiten únicamente en los juzgados de cabecera de provincia y ante la Corte Suprema de Justicia. Habría promotores fiscales de provincia y un Procurador General de la República en Santiago, con uno o dos abogados que contribuyan a la dirección general de la defensa de los intereses nacionales y a la apelación de las causas en la Corte Suprema. Sin una defensa más autorizada y enérgica. la propiedad y los intereses fiscales pueden sufrir daños verdaderamente irreparables.

Espero poder presentaros a fines del año corriente, ya revisado y ordenado, el proyecto de Código de Enjuiciamiento Civil. Tengo el más vivo interés por la pronta redacción del Código de Enjuiciamiento Criminal; pero, habiendo renunciado la comisión el distinguido jurisconsulto que la desempeñaba, no se ha encontrado fuera de los miembros del Congreso o del Poder Judicial, personas que teniendo las aptitudes tuvieran también voluntad para realizar aquella delicada tarea. He creído, por lo mismo, que debía solicitar de vosotros autorización especial para encargar la redacción del Código a miembros de los Tribunales de Justicia, pues son ellos los que con más experiencia y autoridad pueden consumar felizmente la obra proyectada. 

IV

La mejor organización del Ejército y de la Marina y la provisión de los materiales de guerra más perfectos y acabados, serán siempre uno de los primeros deberes de los mandatarios de Chile.

Está ya reparado el Cochrane y se construyen el blindado Prat de 6,670 toneladas, dos cruceros de 2,080 toneladas cada uno, dos cañoneras lanzatorpedos de 770 toneladas cada una, y dos escampavías de 148 toneladas. Estas naves tienen artillería adecuada y andar considerable.

Se construyen también grandes cañones para las fortificaciones de costa, y en poco tiempo más someteré a vuestra aprobación el proyecto de ley que autoriza la construcción del puerto de Llico. Es opinión del Gobierno, sustentada por nuestros más distinguidos marinos, que la escuadra de Chile. aun reforzada con naves poderosas, carece de un puerto seguro en donde basar sus operaciones militares en tiempo de guerra. Un puerto seguro e inexpugnable, con dique, astilleros y arsenales completos, es no sólo el resguardo de nuestro poder marítimo sino también el mejor medio de ofender al enemigo en caso de guerra. Llico reúne todas estas condiciones, a más de las que encierra como puerto comercial, y puede contratarse por un costo próximo de un millón de libras esterlinas.

El dique de Talcahuano está ya en activo trabajo, y se concluyen los estudios dirigidos a obtener de vosotros la autorización para contratar la iluminación de la costa por medio de setenta u ochenta faros, que asegurarían la navegación y disminuirán los seguros establecidos con relación a la inclemencia de nuestros mares y la oscuridad de nuestras costas.

En previsión de las futuras necesidades de la marina, será necesario aumentar el número de alumnos de la Escuela Naval, los de la Escuela de Grumetes, y aprobar el proyecto de ley que propone el mejoramiento de los sueldos de la marinería.

En el ramo de guerra existe un imperioso mandato constitucional no cumplido y siempre aplazado; me refiero a la organización de la guardia nacional. No es posible la conveniente reorganización del ejército, ni la organización de la guardia nacional, sin que se promulgue la ley que establezca los deberes de los ciudadanos para la defensa de la patria. Un ejército de línea numeroso arrebata brazos a la industria, es costoso y no llena los fines de la guardia nacional. Esta, por el contrario, educa al pueblo, levanta el nivel de los deberes cívicos, y cuesta pocos sacrificios el Erario Nacional. Con la suma que se invierte en dos mil hombres de línea se pueden organizar cien mil hombres de guardia nacional.

Se ha iniciado la provisión de nuevo armamento del ejército, y en breve se iniciaría la construcción de un gran parque, que nos permita tener en almacenes el material necesario para un ejército capaz de prevenir emergencias futuras.

Desde hace dos años está pendiente en la Honorable Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre ascensos militares, tan necesario al buen orden, disciplina y moralidad del ejército. También lo está el que se refiere al retiro forzoso. Ojalá no demoréis por más tiempo la discusión de leyes que interesan tan seriamente al perfeccionamiento de esta institución fundamental.

V

El ramo de Industria y Obras Públicas ha adquirido un desarrollo verdaderamente considerable.

La Dirección de Obras Públicas, si se considera la amplitud de los trabajos en actividad, ha llegado a tener una vasta labor de vigilancia en la ejecución de las obras y en el cumplimiento de contratos diversos y de la mayor gravedad. Ya sea para la mejor realización de aquéllas, así como para la apreciación legal de los desacuerdos a que dieren lugar los diversos contratos, es conveniente el nombramiento de inspectores generales que vigilen los trabajos y de un abogado secretario que pueda formar opinión profesional sobre dichos contratos. Es además indispensable mejorar el sueldo del director y el de los jefes de sección, no sólo por el número e importancia de las tareas que les están atribuidas, sino porque las remuneraciones actuales no guardan relación con los sueldos concedidos a los ingenieros agregados o subalternos de la misma oficina.

Los ferrocarriles en administración reclaman obras complementarias y nuevos y más abundantes medios de servicio. Están contratados los puentes definitivos para la línea del sur, se activa la construcción de estaciones, se han contratado ochocientos carros de carga, y últimamente, cuarenta y cuatro máquinas y doscientos carros de lastre. No bastan estos nuevos elementos para el buen servicio, porque la ley vigente entraña defectos tan graves de organización, que no sería posible corregirlos sin la reforma que tuve el honor de proponeros el año último.

El desarrollo de la producción y del acarreo viene haciendo muy difícil el servicio de la línea entre Valparaíso y Santiago. La construcción de las líneas de La Calera, Melipilla, Pelequén y Palmilla, incrementarán el movimiento de tal manera, que será necesaria una doble vía, o bien, la construcción del ferrocarril de Melipilla a San Antonio y de Melipilla a Quilpué. El puerto de San Antonio serviría para la exportación de frutos y para la internación de maderas, carbón y otros objetos, cuyo flete barato servirá a la industria y a las futuras construcciones. El ferrocarril de Melipilla a Quilpué evitaría la doble vía desde Quilpué hasta Llay-Llay, aseguraría el buen servicio y estimularía la riqueza de los departamentos de Limache, Casablanca y Melipilla.

Tan pronto como estén concluidos los estudios y se hayan formado los presupuestos respectivos, solicitaré vuestra autorización para emprender esta obra complementaria de las líneas férreas en servicio.

En el curso de este año se terminará el ferrocarril de Collipulli a Victoria, quedando por concluirse en los primeros meses del año venidero únicamente el viaducto de Malleco.

Hay cuatro pequeñas vías férreas que interesan vivamente a cuatro departamentos de la República, cuyo costo próximo será de un millón de pesos, y que pueden estimarse como líneas complementarias de las líneas del Estado. Por este motivo la autorización del gasto será incluida en el presupuesto ordinario, porque pueden ser ejecutadas por la administración general de los ferrocarriles. Estas líneas son: de Coihue a Nacimiento, de San Felipe a Putaendo, de Ovalle a Cerrillos, y del Salado a Pueblo Hundido en el departamento de Chañaral.

Las líneas férreas contratadas en octubre del año último están ya en construcción, y hay en ellas más de 4.000 operarios. La organización de trabajos considerables en localidades tan distantes las unas de las otras, ha sido causa de que las obras no se hayan iniciado con más rapidez.

La formación de los planos y presupuesto del ferrocarril central entre Cabildo y San Marcos, y entre La Serena y Tarapacá, es una obra de la mayor importancia para resolver la ejecución de aquella gran empresa. Una autorización para invertir hasta la suma de 400,000 pesos sería bastante para realizar aquel trabajo de la mayor importancia para las industrias mineras del norte y para el desarrollo de la producción del salitre y para la futura seguridad del Estado.

Las provincias de Coquimbo y de Atacama esperan con vivo interés la aprobación del proyecto que expropia los ferrocarriles particulares para reducir las tarifas a precio de costo, y sostener las condiciones de producción cada vez más perturbadas en aquella interesante región del territorio.

A cargo del Ministerio de Industria están las siguientes construcciones: cuatro edificios para intendencias y sus servicios anexos, en Curicó, Talca, Linares y La Serena, y un edificio para la Gobernación de Los Andes; la Escuela Naval, la Escuela Militar, tres grandes escuelas normales de preceptores, en Santiago, Chillán y Concepción; sesenta y una grandes escuelas de instrucción primaria y una extensa escuela de Artes y Oficios en Santiago; dieciocho cárceles; el internado en Santiago, un liceo en San Fernando, uno en Linares, y uno de niñas en Valparaíso. Se construye también el edificio de la Bolsa en esta última ciudad y se ejecutan otras construcciones subalternas.

La concepción, la dirección técnica y la ejecución de todos estos edificios han exigido un numeroso personal extranjero y esfuerzos reiterados para su conveniente organización.

Los hechos han venido probando la necesidad de dictar una ley general de caminos que autorice su conveniente rectificación y conservación, que fije reglas precisas a los colindantes para que no les invadan o destruyan, y que autorice la apertura de aquellos que sean necesarios al bienestar general.

La Escuela Profesional de Niñas, el Instituto Agrícola y las seis Escuelas Prácticas de Agricultura funcionan con regularidad y prestan los servicios para que fueron construidas.

Se ha puesto empeño en echar las bases de una colonización nacional que estimule la agricultura y nuestra población se forme al lado de la colonización extranjera con las calidades de labor, economía y constancia que les son propias. El ensayo recientemente practicado, aunque ha revelado ciertos defectos de procedimiento, hace creer que la obra puede continuarse en forma favorable para los intereses de la comunidad.

Se ha dado principio también a la inmigración libre e industrial, llamada a influir poderosamente en nuestro progreso y engrandecimiento. En algunos meses más se habrá comprobado la posibilidad de dotar a las industrias del país con los brazos necesarios para su actividad y desarrollo.

Los trabajos y obras públicas emprendidos han dado útil ocupación a un gran número de individuos de nuestra clase obrera, y ellos contribuirán a detener la corriente de emigración que venía produciéndose por la elevada remuneración concedida al trabajo en la costa del norte y en la República vecina.

VI

En poco tiempo más tendrán agua potable todas las ciudades enumeradas en la ley de 14 de septiembre de 1888. Hay otros proyectos concluidos para los cuales se solicitará oportunamente vuestra aprobación. Espero que en 1890 todas las ciudades de la República tengan este elemento de vida y de salubridad.

Se construyen 20 hospitales y se procura que todos los departamentos de la República tengan un adecuado servicio de beneficencia.

Mientras se dicta la ley respectiva, se ha creado un Consejo Superior de Higiene en Santiago, y consejos provinciales dependientes de éste para propender al desarrollo de la higiene pública y privada.

La reorganización del servicio de correos y telégrafos, de la oficina de estadística, de la de vacuna, de desagües, de pavimentación de calles y arreglos de veredas, de construcción de líneas telegráficas, y de reglamentación e impuesto sobre la venta de licores, corresponde a otros tantos proyectos sometidos a vuestra consideración y estudio. Todas estas materias, y especialmente la reglamentación para la venta de licores, os ofrecen nuevo y fecundo campo en el cual aplicar vuestra actividad y celo en el desempeño de vuestra elevada misión.

Oportunamente os será presentado el proyecto de ley que organiza la guardia rural en toda la República. El amparo de la propiedad y de las personas es un deber elemental del Estado, y debemos, por lo mismo, darle aplicación general y uniforme.

En los territorios australes se han fundado dos ciudades, y se prepara el’ desarrollo de nuevas poblaciones por la navegación a vapor y comunicaciones telegráficas. De Chiloé a Magallanes hay territorios vastísimos, que conviene poblar y entregar a la actividad industrial.

También someteré en breve a vuestros debates la reforma de la ley de elecciones. Ella debe afianzar el derecho de los electores y la más amplia libertad en la emisión del sufragio. Juzgo que debe mantenerse la base de los mayores contribuyentes, limitándola, sin embargo, a los propietarios agrícolas, a los propietarios urbanos y a los que paguen patente profesional. De esta manera la lista de mayores contribuyentes se formaría con las inscripciones hechas previamente en el registro oficial, y no sería necesaria la intervención del Poder Judicial en la organización y constitución del poder electoral. Conviene que la justicia se reduzca a la simple aplicación de las penas de que se hagan reos los que infrinjan las leyes.

Debe también suprimirse el boleto de calificación y reducirse los actos electorales a un término breve. Así los partidos podrán contraerse al ejercicio de sus derechos, sin los esfuerzos, fatigas y sacrificios impuestos inevitablemente por el régimen actual.

Ha sido motivo de la más seria meditación y estudio la organización del registro. Si fuera permanente, sería necesario radicarlo en el notario conservador de bienes raíces, o en los oficiales del Registro Civil. En el primer caso, muchos ciudadanos de la población rural de la República, que vive dispersa en centros distantes de las cabeceras de departamentos, quedarían sin inscribirse; y en el segundo, se daría al oficial de Registro Civil una gran influencia electoral, con peligro para la seriedad de la inscripción, y haciendo imposible. también, la reforma de la justicia de menor cuantía que deberá tomar por base a los oficiales civiles.

El registro permanente presente en la práctica una gravísima dificultad, porque, quedando viciados todos los actos de la elección con el vicio de un registro, sería necesario, para subsanarlo, dictar una ley en cada caso particular. Por esta consideración parece preferible que las juntas ejecutivas nombren las mesas calificadoras, que éstas se reúnan en seguida para hacer la calificación, y que ocho días después reciban la votación. El registro duraría tres años y se cumpliría así con el mandato constitucional.

De todos modos, la reforma de la ley de elecciones, dará a los partidos políticos ocasión para un acuerdo patriótico, que resguarde los derechos electorales y que sea la obra de un serio convencimiento en favor de la libertad y de la voluntad popular.

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Una vasta labor legislativa os espera. Con discreción política y con anhelo por el bien público, podréis consumar una obra que levante más a Chile y que haga conservar grata memoria del ejercicio de vuestro cometido en el seno de la Representación Nacional.

En este cargo de alta dirección impuesta a mis deberes de magistrado y a mi patriotismo de chileno, debéis creer que sabré mantener la observancia de la Constitución y de las leyes, la severa administración del Estado y el respeto y la consideración debida a los partidos políticos. Extraño a todo interés que no sea el de la comunidad, y a todo sentimiento que no sea el de la recta justicia, nada me apartará de la senda de tolerancia y de trabajo, y de la activa consagración con que procuro el progreso y el bienestar de Chile.

Conozco, por una ya dilatada observación y experiencia, las agitaciones y vicisitudes inherentes a la vida pública de las naciones y de los hombres de Estado que las dirigen y gobiernan, y en ellas he sentido robustecerse mi fe en la justicia nacional, porque ésta tiene el claro discernimiento de los actos dirigidos al bien público, porque mis conciudadanos y vosotros no habéis cesado de prestarme vuestra valiosa cooperación, y porque no me han faltado los auxilios de la Providencia, que vela por la suerte y el engrandecimiento de la República.

Santiago, 1.° de junio de 1889

J . M . BALMACEDA

Se levantó la sesión.

[1]   La transcripción del presente texto correspondiente al Discurso Presidencial de S.E el presidente de la República señor José Manuel Balmaceda, la cual fue realizada a partir de los siguientes documentos:

1.- Diario de sesiones ordinarias de la Cámara de Senadores en 1889. Páginas 3-9. Disponible en: https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/46163/4/18890601.pdf

2.- Diario Oficial. Publicado el día sábado 01 de junio del año 1889. Edición N°3.606. Páginas 1145-1151. Disponible en: https://www.diariooficial.interior.gob.cl/

3.- Discursos de José Manuel Balmaceda. Iconografía (Tomo II) cuya recopilación estuvo a cargo de los señores Rafael Sagredo y Eduardo Devés, del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Páginas 331-343.  Disponible en: https://www.bibliotecanacional.gob.cl/

SESIÓN DE LAS CÁMARAS REUNIDAS EN 1 DE JUNIO DE 1888[1] [DISPONIBLE EN DOCUMENTO PDF]

En la ciudad de Santiago de Chile, a primero de junio de mil ochocientos ochenta y ocho, reunidas las dos Cámaras que forman el Congreso Nacional, cada una con el siguiente número de miembros, a saber:

De la Cámara de Senadores, su Presidente, el señor don Domingo Santa María, y los señores:

Altamirano, Eulojio

Balmaceda, Vicente

Besa, José

Casanova, Rafael

Castillo, Miguel

Cuadra, Pedro Lucio

Cuevas, Eduardo

Edwards, Agustin

Encina, José Manuel

Gandarillas, Pedro N.

García de la Huerta, M.

Izquierdo, Vicente

Marcoleta, Pedro N.

Matte, Augusto

Montt Albano, Rafael

Novoa, Jovino

Reyes, Vicente

Rodríguez, Juan E.

Rodrigue Rozas, J.

Rodríguez Velasco, L.

Saavedra, Cornelio

Sánchez Fontecilla, Mariano

Sánchez, Evaristo

Santa María, Domingo

Valderrama, Adolfo

Vergara Albano, A.

Vergara, José Ignacio

Vicuña, Claudio

Zañartu, Javier Luis

De la Cámara de Diputados, su Presidente, el señor don Ramón Barros Luco, y los señores:

Aguirre, José Joaquin

Aguirre Vargas, Vicente

Alcalde, Juan Ignacio

Allendes, Eulojio

Arce, José

Aguirre, Tristán

Amunátegui R. Miguel L.

Balmaceda, José María

Balmaceda, Rafael

Bannen, Pedro

Bañados E., Julio

Bañados E., Ramón

Barrios, Alejo

Barros, Lauro

Barros Luco, Ramón

Besa, Carlos

Baeza Espiñeira, Agustin

Barros Barros, Daniel

Barros, Guillermo

Bernales, Daniel

Brieba, Antonio

Bunster, Onofre

Carvallo Elizalde, Francisco

Cienfuegos, Máximo

Concha, Francisco J.

Cortinez, Eduardo

Cotapos, Acario

Cabrera, Fernando

Campo (del) Máximo

Campo (del), Valentin

Carvallo Elizalde, Ventura

Castillo V., Eduardo

Cazotte, Enrique

Concha, Lucio

Cristi, Manuel A.

Dávila L., Juan Domingo

Divila L. Vicente

Diaz G., José María

Eastman, Tomás

Edwards, Alberto

Edwards, Antonio

Edwards, Arturo M.

Errazuriz E., Luis

Espejo, Juan N.

Espinosa, Ricardo F.

Encina, Pacifico

Fernández Albano, Elías

Fernández, Pedro Javier

Frias Collao, Baldomero

Gandarillas, José Antonio

González, Juan Antonio

Gorostiaga, Alejandro

Grez, Vicente

García Collao, M.

Güemes Valdivieso, M.

Infante, José Manuel

Irarrázaval Vera, M.

Irarrázaval, Ramón Luis

Jiménez, Pacifico

König Abraham

Körner, Víctor

Larrain Plaza, Ramón

Lastarria, Demetrio

Lazo, Miguel

Lecaros, Julio

Letelier, Emeterio

Letelier, Patricio

Lira, Máximo R

Letelier, Gregorio

Mac-Clure, Eduardo

Márquez de la P., Fernando

Matte, Eduardo

Maturana, Alejandro

Montes Santa María, José L.

Montiel Rodríguez, Agustin

Montt, Pedro

Mandiola, Telesforo

Montt, Benjamín

Murillo, Ruperto

Novoa, Manuel

Ocampo, Rodolfo

Ossa, Blas

Peñafiel, Juan de Dios

Pérez Eastman, Santiago

Pérez Montt, Ismael

Prado, Uldaricio

Puga Borne, Federico

Paredes, Bernardo 2.»

Préndez, Pedro N.

Rogers, Carlos

Boldan, Alcibiades

Rio (del), Agustin

Romero Herrera, A.

Rodríguez, Anjel Custodio

Saavedra Rivera, Cornelio

Sanfuentes, Enrique

Sanfuentes, Juan Luis

Sanhueza Lizardi, Rafael

Santa María, Ignacio

Silva V., José Antonio

Solar (del), Félix

Sotomayor, Justiniano

Salamanca, David

Sanfuentes, Vicente 2.»

Silva Cruz, Raimundo

Somarriva, Marcelo

Tagle Arrate, José Miguel

Trumbull, Ricardo

Ugalde, Nicanor

Urrutia, Gregorio

Ugalde, José Miguel

Valdés Carrera, J. Miguel

Valdés Cuevas, Florencio

Valenzuela, Manuel F.

Varela, Wenceslao

Velásquez, José

Vial, Ricardo

Vidal, Gabriel

Videla, Benjamín

Venegas, Fortunato

Verdugo, José A.

Vergara, Benjamín

Villamil Blanco, Juan

Zañartu, Ignacio

Zegers, Julio

Zegers, Julio 2.°

Habiendo concurrido S. E. el Presidente de la República, acompañado de los Ministros del Despacho, al salón en donde se encontraban reunidos el Cuerpo Diplomático y las Corporaciones Nacionales, fue recibido en la forma acostumbrada.

Después de haberse dado lectura al artículo 52 de la Constitución del Estado, S. E. leyó el discurso que dirige al Congreso en la apertura de sus sesiones ordinarias, y terminado este acto, el señor Presidente del Senado declaró abiertas las sesiones ordinarias del Congreso, retirándose en seguida S. E. el Presidente de la República acompañado de las comisiones que lo habían recibido.

He aquí el discurso:

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

La República continúa en paz con todas las naciones, y mantiene en su régimen interno la constante observancia de la Constitución y de las leyes.

I

Sometidas a arbitraje las reclamaciones deducidas por los neutrales, con motivo de la guerra con Perú y Bolivia, los Tribunales Arbitrales funcionaron regularmente primero, y aunque sufrieron después interrupciones transitorias, han terminado sus tareas en forma legal y amistosa.

Las reclamaciones pendientes de la decisión arbitral en 18 de septiembre de 1886, fueron falladas, canceladas o transigidas, en esta forma: las alemanas, austrohúngaras y suizas, que alcanzaban a 566,352 pesos, con 20,000 pesos; las inglesas, que llegaban a 12.885,185 pesos, con 100,000 pesos; las francesas, que sumaban 4.886,062 pesos, con 300,000 pesos; y las italianas, que importaban 7.088,128 pesos, con 297,000 pesos. De esta manera, los 25.415,727 pesos plata reclamados, se cancelaron con 717,000 pesos de la misma moneda.

Se ha consagrado, en consecuencia, el principio de arbitraje, que corresponde por su espíritu al desenlace honroso de las discordias internacionales, a la igual condición de los Estados en el ejercicio del derecho de gentes, y a la satisfacción legítima de las reclamaciones fundadas en justicia.

Diversos acreedores de la nación peruana han solicitado la protección diplomática de sus respectivos Gobiernos para obtener de Chile el pago de sumas a que no está obligado por el Tratado de Paz con el Perú. El representante de Su Majestad Británica en Chile insinuó una solicitud a este respecto, que decidió al Gobierno a dar final respuesta sobre la materia, en nota de vosotros conocida y publicada en febrero último.

Es tan clara y definida nuestra irresponsabilidad por deudas del Perú, que fueron especialmente excluidas en el Tratado de Paz de 1884, que no podrían ser fundadamente contradichas las declaraciones que dieron base a las resoluciones de nuestra cancillería.

En breve se ajustarán las bases en conformidad a las cuales se dará cumplimiento al Tratado de Límites con la República Argentina. Conviene la inmediata ejecución del Tratado, no sólo porque así se da cumplimiento a un pacto internacional y solemne, sino también porque se pondrá fin a las conjeturas y a los anhelos impacientes del patriotismo en el uno y el otro lado de los Andes.

El desarrollo del comercio exterior y la importancia creciente de la industria, aconsejan la adopción de disposiciones consulares completas, que organicen el cuerpo consular con las jurisdicciones respectivas, con las obligaciones y derechos que aseguren el ejercicio de su autoridad, y su aplicación a los fines prácticos de este interesante ramo del servicio de la nación.

Invitados por el Gobierno del Perú a formar parte del Congreso Sanitario que se reunió en Lima, hubimos de concurrir a él por el objeto humanitario para que era convocado, y para dar al Perú público testimonio de la estima y consideración que merece al Gobierno chileno.

Oportunamente nos asociamos al jubileo celebrado últimamente en honor de Su Santidad, enviando a Roma una Legación que le expresara los sentimientos de cordial amistad del Gobierno de Chile y los votos de mis conciudadanos por la conservación de su augusta persona.

Espero que las relaciones exteriores se conservarán en el más perfecto estado de paz, y que habremos de encontrar incesantemente en los Gobiernos amigos el respeto al derecho y el cumplimiento de los Tratados que constituyen el fundamento de nuestra política internacional.

II

La prosperidad de nuestro estado económico se consolida y las rentas aumentan en proporciones verdaderamente satisfactorias.

Las entradas ordinarias en 1887 alcanzaron a 45.884,954 pesos 7 centavos, y los gastos de presupuestos y los extraordinarios autorizados por leyes especiales en el mismo año, llegaron a 37.113,408 pesos 8 centavos, resultando un sobrante de 8.775,545 pesos 99 centavos.

A más de las cuantiosas sumas que el presupuesto en ejercicio destina a diversas e importantes obras públicas, habrá necesidad de invertir cantidades considerables en los ferrocarriles de Angol a Traiguén y de Renaico a Fuerte Victoria, y en otras construcciones que interesan al mejor servicio marítimo de nuestros puertos. No obstante la aplicación de una gran parte de las rentas ordinarias a estos gastos extraordinarios, el año económico terminará sin déficit.

Las rentas calculadas para 1889 ascienden a 46.000,000 de pesos, y el presupuesto de gastos a 53.000,000 de pesos. Figuran en dicho presupuesto 7.000,000 destinados a la construcción de las nuevas líneas férreas autorizadas por ley de 20 de enero del presente año. Deducida esta suma del presupuesto total de gastos, se reduce éste a la cantidad calculada como renta ordinaria en 1889.

En el presupuesto de gastos que deben cubrirse con el presupuesto de rentas ordinarias, están consultadas las sumas necesarias para la acumulación metálica y las incineraciones de papel moneda, las construcciones de escuelas, liceos, internados, cárceles, edificios de administración, las extraordinarias de los ferrocarriles en servicio, naves de guerra, fortificaciones, cuarteles, malecones, muelles, dique de Talcahuano, y todas aquellas que forman el programa de trabajos en activa realización.

La existencia de fondos en caja en 31 de diciembre de 1887 era de 22.277,710 pesos 6 centavos. No está comprendida en la existencia de caja la suma de 872,593 pesos fuertes y barras de plata conservadas en arcas para garantizar la emisión fiscal, en conformidad a lo dispuesto por ley de 14 de marzo de 1887; ni la cantidad de 2.298,754 pesos plata que el Perú adeuda por capital e intereses.

Deduciendo de la existencia en 31 de diciembre la cantidad de 2.032,839 pesos 59 centavos debida a terceros por depósitos fiscales, y la de 1.666,562 pesos 46 centavos adeudada por saldos a varios acreedores, resulta un saldo fiscal disponible que excede de 18.000,000 de pesos.

El progreso de las rentas y el sobrante de fondos en caja, hacer creer que el empréstito de 3.000,000 de libras esterlinas para cuya contratación fue el Gobierno autorizado, puede reducirse a la suma requerida para el pago de materiales de ferrocarriles que sea necesario comprar en el extranjero. Con un millón y medio de libras esterlinas, obtenidas por empréstito para aquel objeto, con el sobrante disponible y el aumento progresivo de las rentas, pueden muy probablemente ejecutarse todas las obras proyectadas, y aun la formación del puerto de Llico con su línea de ferrocarril a Curicó.

El comercio de importación y exportación, que en 1886 fue de 95.410,296 pesos, llegó en 1887 a 108.180,820 pesos, resultando una diferencia de 12.770,524 pesos a favor de 1887. En dicho año la exportación ha sido de 59.549,958 pesos, y la importación de 48.630,862 pesos, excediendo así la exportación en 10.919,096 pesos.

En la cifra total de exportación aparecen 49.449,015 pesos correspondientes a la minería, o sean las cinco sextas partes de la exportación total de la República. El salitre y el yodo concurren a la exportación con la cantidad de 29.462,930 pesos, y el cobre, plata, oro y demás sustancias minerales, con los 20.000,000 restantes. Este hecho prueba toda la importancia de la industria minera y el deber en que nos encontramos de prestarle protección en todas las manifestaciones de su creciente actividad.

La deuda interna de Chile en 1 de enero del presente año ascendía a 6.543,900 pesos de bonos en circulación, a 16.903,255 pesos 60 centavos de censos irremediables, a 24.887,916 pesos de papel moneda, o sea la suma total de 48.335,071 pesos 60 centavos. La deuda externa en la misma fecha era de 40.100,000 pesos.

Es conveniente la pronta enajenación de las salitreras pertenecientes al Estado y para el pago de las cuales se contrató en el año último un empréstito que produjera 1.113,781 libras esterlinas. El producto integro de la venta, cualquiera que sea la forma en que éstas se acuerde definitivamente, deberá aplicarse al retiro de bonos de la deuda exterior contraída para el pago de las mismas salitreras.

Juzgo que desde el 1 de enero próximo debe quedar suprimido el impuesto de alcabala. Aunque sería prudente reemplazarlo por el de tabacos, la reacción para el cobro de un impuesto abolido envuelve un problema que requiere detenida meditación y estudio. El estanco en su forma conocida ofrece serios inconvenientes administrativos, y el más elevado derecho de aduana despertaría en los especuladores y en el servicio aduanero perturbaciones muy dignas de ser contempladas. No siendo ya imprescindible para el equilibrio financiero la transformación del impuesto de alcabala en otro sobre los tabacos, estimo que ha llegado el momento de abolir incondicionalmente la contribución de alcabala.

Nuestras relaciones comerciales con la República Argentina tienen por base la importación en Chile de valores que suman millones de pesos, y la casi ninguna importación de productos chilenos en aquel territorio. Los ganados argentinos no pagan derecho de internación, y nuestros productos agrícolas los pagan, y crecidos, en la Argentina. De aquí procede un estado comercial desnivelado, que reclama la más seria meditación del legislador y del hombre de Estado.

Hace más de veinte años que en el presupuesto de rentas viene figurando la partida correspondiente a la redención de censos en arcas del Estado. Es útil la prescripción permanente que autoriza la desamortización de la propiedad: más el producido de la redención no ha de estimarse como renta ordinaria, sino como empréstito que impone gravámenes, aunque su plazo sea indefinido. No hay conveniencia en aumentar anualmente la deuda del Estado, y juzgo por lo mismo preferible que en lo sucesivo se aplique la entrada por censos a la amortización de la deuda interior.

La organización y administración de las aduanas han merecido especial atención del Gobierno. He procurado que este servicio se haga con la mayor severidad y honradez; habiéndose obtenido ya resultados apreciables, que aumentarán con la aplicación uniforme de medidas dirigidas a corregir las irregularidades existentes.

No es la menor de ellas la transformación de localidades subalternas en puertos mayores, por donde se hace el comercio de importación sin las condiciones propias de una administración eficaz. Hay puertos cuyo movimiento no compensa ni justifica los gastos y responsabilidades administrativas; y hay algunos, como Carrizal Bajo, que produjo en 1887 sólo 1,334 pesos, como Puerto Montt y Ancud, que han producido 2,669 pesos el primero y 671 pesos el segundo. Esta concepción errónea de las ventajas que en pueblos de escaso comercio produce la creación de puertos mayores, desvía el criterio, y lo que es más grave, el buen servicio y la percepción regular del impuesto aduanero.

Declarando únicos puertos mayores a aquellos cuyo comercio justifique su respectiva creación, se concentraría prudentemente la administración aduanera, y se la dotaría con empleados más idóneos y mejor rentados, y se limitaría la vasta esfera en que hoy puede torcerse el buen servicio o abrirse camino al abuso de los especuladores.

La creciente actividad comercial de nuestros puertos, hace indispensable las construcciones siguientes: en Pisagua, uno o dos muelles de fierro, con capacidad completa para su activo movimiento; en Iquique, una dársena o muelles que sirvan ampliamente a todas las necesidades del comercio; en Coquimbo, un malecón y un muelle de fierro; en Valparaíso, la terminación y complemento de las obras anexas al muelle fiscal y la ejecución de un muelle de exportación; en Talcahuano, un malecón que dé a la estación del ferrocarril y a la ciudad la extensión útil de que hoy carece, y si éste no sirviere para la descarga de las naves, habría de emprenderse la construcción de un muelle de fierro vasto y acabado; y finalmente, en Valdivia, debe auxiliarse con dragas la navegación del río y construirse malecones suficientes para la carga o descarga directa de las naves.

Fuera de Valparaíso, no hay en los puertos de importación almacenes adecuados o suficientes, y, ya para completar y regularizar el servicio, o ya para dar eficacia a la vigilancia administrativa, se habrán de iniciar pronto las construcciones indispensables.

En conformidad a las ideas enunciadas, los puertos mayores tendrían una administración apta y bien rentada, y el comercio encontraría garantías para la libre competencia y facilidades de transporte rápido y barato.

La igualdad relativa en los sueldos de los empleados de aduana, habida consideración al trabajo, a las aptitudes o a la renta fiscal que se administra, o a las exigencias de la vida en cada localidad, no existe. Empleados de una misma clase, con unas mismas aptitudes y responsabilidad, tienen sueldos tan diversos, que en algunos casos la diferencia es irritante y perturbadora de la equitativa repartición del trabajo y de las remuneraciones debidas. Es de necesidad primordial una ley general que regularice el servicio y fije reglas más razonables a la diversa remuneración de estos funcionarios.

Es ya tiempo de preparar la ley que ordene la revisión del avalúo agrícola. Este debe basarse sobre el capital, o sea sobre el valor del suelo y de todo lo que estuviese adherido a él; y a fin de evitar preocupaciones o alarmas infundadas acerca del monto incierto a que podría llegar el impuesto, se fijaría previamente la suma total que debería repartirse sobre la propiedad agrícola de la República.

El excesivo aumento del valor de la propiedad en algunos casos, la estagnación de su valor en otros, el aprovechamiento de caminos y nuevas líneas férreas por regiones considerables, distintas demarcaciones territoriales, la formación de vastos campos de cultivo, la hijuelación y constitución de la propiedad en Arauco, y muchas otras causas producidas en los últimos años, han hecho que el impuesto agrícola, tal como se distribuye y se cobra actualmente, sea desigual y odioso. Hay, pues, razones de justicia distributiva, de alivio para propiedades muy gravadas, o de legítimo gravamen para otras que no lo están debidamente, al ordenarse la revisión del avalúo.

Está pendiente de vuestras deliberaciones la discusión de la nueva ordenanza de aduanas, que simplificará la tramitación aduanera, que ha de dar a los administradores de aduanas una autoridad más eficaz que la ejercida, hasta hoy, y que debe imponer al contrabando y al abuso una penalidad tan severa e inflexible como lo requieren las frecuentes depredaciones de que ha sido víctima la renta del Estado. Os pido vuestra enérgica y patriótica cooperación en materia tan delicada, pues tengo formada la convicción de que la administración fiscal debe ser más estricta y vigorosa en lo sucesivo.

Desligado el Gobierno de los contratos celebrados con el Banco Nacional en 1869 y 1873, se ha puesto término a toda relación obligada del Fisco, y se ha acordado proceder respecto de las instituciones bancarias en términos que favorezcan los intereses de la comunidad y aseguren la tasa moderada del interés.

En 7 de agosto del presente año termina el contrato que privilegia la emisión de algunos bancos para circular sus billetes en arcas fiscales. Restablecido, por fin, el imperio de la ley común, debe, sin embargo, facilitarse la libre circulación de los billetes de banco, porque la influencia simultánea de las emisiones fiscal y bancaria ha sido igualmente benéfica para nuestra prosperidad económica. Creo que los billetes de banco deben circular libremente en las oficinas del Estado, siempre que se hayan constituido el total de la garantía a que se refiere el artículo 7 de la ley de 14 de marzo de 1887 y que se otorgue preferencia al Fisco sobre el diez por ciento de la expresada garantía,

Este es el medio de asegurar la igualdad económica de las instituciones de crédito, de no innovar las reglas fijadas al desarrollo de las operaciones de banco, y de mantener en beneficio común ventajas que a todos aprovechan igualmente.

Réstame aún recomendaros en el ramo de hacienda, el proyecto de ley que funda la Caja de Ahorros en beneficio de los empleados de la nación, y que en el año último sometí a vuestra solicitud y estudio.

III

Se ha iniciado la ejecución del programa trazado al fomento y desarrollo de la instrucción pública.

Aprobado por el Senado el proyecto de reforma sobre instrucción primaria que tuve el honor de presentar al Congreso en 1887, confío en que la Câmara de Diputados le prestará benévola acogida. El permitirá realizar serias innovaciones en la enseñanza, y fijará más anchas y útiles bases para el desenvolvimiento intelectual de la juventud.

El número total de escuelas fiscales en 1886 era de 862, con 78,800 alumnos inscritos, y con asistencia media de 47,780; y en 1887 el número de escuelas llegó a 950, con 81,362 alumnos inscritos, y una asistencia media de 55,813. Se ha aumentado así en 88 el número de escuelas, en 2,552 el número de alumnos inscritos, y en 8,033 la asistencia media. Puede, entre tanto, afirmarse que no ha disminuido el progreso de las escuelas privadas.

Se construyen actualmente 42 edificios para escuelas, todos de cal y piedra y cal y ladrillo, con departamentos especiales para el director y en conformidad a los modelos más acabados, y con una capacidad total para 17,000 niños. Se continuará la construcción de otros, de manera que en el año próximo su número llegue a 100 y con capacidad para 40,000 alumnos. En 1890 se construirán otros 50 más, y de este modo en 1891 habría 150 grandes escuelas, con una capacidad total para 60,000 niños. Unido este número de escuelas urbanas al de las que existían en condiciones aceptables antes de iniciarse dichas construcciones, resultaría un número de edificios para escuelas con capacidad total para 75,000 niños; y ese sería el momento de dictar la ley que ordene la enseñanza obligatoria en todas las ciudades de la República.

Será menester un esfuerzo persistente y vigoroso para realizar estos propósitos en la actual administración, y reservar a la futura la construcción de escuelas rurales que derramen en los campos la enseñanza moral o intelectual suficiente para levantar el nivel y las aptitudes de la clase obrera.

Se construyen también dos grandes escuelas normales de preceptores: una para mujeres en Chillán y otra para hombres en Concepción. Y luego se iniciará la construcción de otra gran escuela normal para preceptores en Santiago.

En el Instituto Nacional y los 22 liceos establecidos, se han matriculado 5,388 alumnos. Es una cifra exigua, que puede ser considerablemente aumentada, si se reorganizan sobre mejores condiciones los liceos provinciales y se hace práctico el pensionado que se autorizó últimamente.

Muy pronto se fundará el Instituto Pedagógico en el cual puedan formarse profesores para la enseñanza secundaria, pues en poco tiempo más deben llegar del extranjero los profesores pedidos para esta importante institución.

Espero de vuestra discreción y patriotismo que al discutirse la reforma de la ley de instrucción media y superior, se asegure la existencia de ésta sobre bases más eficaces para la sólida instrucción, y que se concedan a los funcionarios que tienen la responsabilidad directiva, las atribuciones necesarias para mejorar la enseñanza y remover los obstáculos que embarazan su rápida y conveniente reorganización.

La vasta construcción del internado de Santiago avanza notablemente, como la de liceos importantes de provincia. Se iniciará luego la ejecución de otros, y principalmente la del liceo de niñas de Valparaíso.

La Escuela de Medicina, ya sea por su extensión, distribución y solidez. ya por su hospital de clínica anexo, es un edificio de primer orden y completo, que se terminará en el curso del presente año.

La reforma judicial que tuve el honor de proponeros en 1 de junio del año anterior, se ha realizado parcialmente, autorizándose el nombramiento de jueces letrados para todos los departamentos, creándose un Fiscal más para la Corte Suprema, y promotores fiscales en lo criminal para Santiago y Valparaíso. Pero aún es necesario suprimir la Corte de Tacna y crear las Cortes de Valparaíso y de Talca, y trazar nuevos límites al ejercicio de la autoridad judicial, a fin de no lastimar la equidad en la distribución del trabajo o los intereses sometidos a las decisiones de la justicia.

La demarcación jurisdiccional de las Cortes es en extremo defectuosa, y bajo todos aspectos insostenible.

Mientras no se creen las Cortes de Valparaíso y Talca y no se haga una prudente distribución territorial y de trabajo entre todas las Cortes de Apelaciones, algunas de éstas trabajarán sin reposo y sin satisfacer jamás las legítimas exigencias de los que solicitan la pronta y expedita tramitación judicial; al paso que otras permanecerán en holganza verdadera, y dejando vacío el tiempo que debieran llenar últimamente si se aceptara la organización que os ha sido propuesta u otra análoga y que mejor sirva los intereses de la comunidad.

No es menos importante la reforma propuesta en el año anterior para la formación de las listas de abogados que puedan ser elegidos Ministros de Corte, fiscales y jueces. Es un proyecto digno de vuestra especial consideración.

La nueva ley de municipalidades reserva a éstas la facultad de vigilar las cárceles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución; más su sostenimiento se hará con fondos fiscales y por cuenta directa del Ejecutivo. Con este objeto se estudia un reglamento general que prescriba reglas uniformes para el régimen de las cárceles en toda la República.

Se construyen actualmente 20 cárceles, en otros tantos departamentos, de material sólido, o sea de cal y piedra y cal y ladrillo, con una capacidad total para 2,334 reos, siendo dos de ellas de sistema mixto y las restantes de forma celular, con las condiciones de seguridad e higiene propias para mantener la moralidad de los detenidos.

Si durante cuatro años más se persevera en el plan adoptado por el Gobierno para la construcción de cárceles, se llegará a tener establecimientos penales en todos los departamentos de la República, en forma tan acabada como sólo los tienen las naciones más adelantadas en este ramo de servicio verdaderamente general. Concluidas estas construcciones en tan corto número de años, habría en lo futuro un gran ahorro de gastos extraordinarios, se reduciría considerablemente el personal de guardianes, se pondrá término a las frecuentes evasiones de presos, y se evitaría la corrupción que hoy se alimenta en las cárceles por la aglomeración de reos de crímenes diversos y por la falta de departamentos para su conveniente distribución.

Se ha nombrado a uno de nuestros más distinguidos jurisconsultos para la redacción del Código de Enjuiciamiento Criminal, que espero poder presentaros en momento oportuno para su discusión y aprobación.

Se ha nombrado también una comisión de tres jurisconsultos, a la cual se ha encargado la revisión y redacción definitiva del Código de Enjuiciamiento Civil, que tan urgentemente reclaman necesidades judiciales conocidas y bien calificadas. Siendo ésta una tarea relativamente hacedera, pues existía la base de un trabajo bien meditado y suficientemente discutido, creo que en algún tiempo más será posible traer a vuestras discusiones este importante proyecto.

Aprobada la reforma del Código de Minería en la Honorable Cámara de Diputados, espera en la otra su pronta discusión y aprobación. Las bases recomendadas por la experiencia de otros Estados, y por el general anhelo de los industriales más activos y versados en este género de explotación, han tenido acogida favorable. De ellas depende la constitución efectiva de la propiedad minera, y el ensanchamiento de una de las fuentes más fecundas de la riqueza nacional.

IV 

El ramo de guerra y marina ha sido atendido con solicitud.

Se ha iniciado una grande y espaciosa Escuela Militar, y en el curso del presente año quedará concluida la Escuela Naval, iniciada en época anterior.

En marzo último se contrató en Europa la reparación del Cochrane, debiendo dotárselo con mejor artillería y maquinaria de mayor poder. En el presente año quedarán terminadas todas las reparaciones de esta nave, y regresará inmediatamente a Chile.

El día 20 de mayo último se abrieron en Europa las propuestas para la construcción de un gran blindado. Nuestros marinos informarán acerca de ellas en el presente mes, y se procederá a su pronta construcción.

Al iniciarse las fortificaciones de costa, se ha observado que la colocación de la poderosa artillería moderna en pozos especiales, es una forma de fortificaciones muy superior a las conocidas anteriormente. Con pocos cañones y un número relativamente reducido de artilleros, pueden establecerse fortificaciones de gran poder y eficacia.

Por esta causa se procura colocar los cañones útiles y de gran alcance que existen en los fuertes o arsenales en el correspondiente montaje de pozos especiales, y a la vez se tiene el propósito de adquirir baterías completas de este nuevo sistema, que permitan fortificar gradualmente los puertos que correspondan al plan de defensa futura de la costa del territorio.

Se ha contratado la construcción del dique de Talcahuano, por la suma de 440,000 libras esterlinas. Aunque la ley respectiva autorizaba la ejecución de un contrato con garantía del Estado, se ha preferido pagar la obra directamente, pues las rentas ordinarias son suficientes para cubrir las obligaciones emanadas de dicho contrato. Esta es una obra de la mayor importancia para la marina nacional, y especialmente para la de guerra, la cual tendrá en lo sucesivo los medios fáciles y apropiados para sus reparaciones ordinarias.

La Guardia Nacional será parcialmente reorganizada, mientras se dicta la ley que organiza este servicio, llamado a distribuir igualmente las cargas del Estado y a consolidar la futura seguridad de la nación.

Tan dilatada como es la costa de Chile, no tiene, sin embargo, un puerto propiamente militar. La bahía de Talcahuano, vasta y segura para las naves mercantes, no lo es en grado igual para las de guerra. Por este motivo se han ordenado estudios para la formación del puerto de Llico, los cuales, aunque incompletos todavía, comprueban la practicabilidad del proyecto. Formado el puerto de Llico, se podría unir con la ciudad de Curicó por una línea férrea, de fácil realización, y se haría también un puerto comercial de la mayor importancia.

Los estudios continuarán hasta terminarse, y si de ellos resultare que el presupuesto de gastos no fuese excesivo, solicitaría de vosotros la autorización para ejecutar una obra que robustecería y completaría nuestro servicio y nuestro poder marítimo en el Pacífico.

Espero poder presentaros el año próximo los proyectos de Código Militar y Código de Marina, que habrán de simplificar el conocimiento y aplicación de las leyes que rigen la organización del ejército y las fuerzas de mar.

En el año último la Honorable Câmara de Senadores aprobó el proyecto de ley que regla los ascensos militares. Correspondería a la Honorable Cámara de Diputados poner fin a la discusión y aprobación de dicho proyecto, llamado a dar la norma de conducta a que los jefes militares y el Gobierno deben ajustar sus procedimientos.

Por fin, el alza de los salarios ha decidido al Gobierno a solicitar de vosotros la autorización para dar al ejército, y por cuenta del Estado, el rancho que hoy se deduce de su sueldo mensual.

V

La organización del Ministerio de Industria y Obras Públicas y de la Dirección de Obras Públicas ha venido a llenar una alta necesidad administrativa, y a facilitar la ejecución metódica y ordenada de trabajos que antes se ejecutaban sin concierto y sin plan por los diversos Ministerios.

Se ha creído necesaria la pronta construcción de los puentes definitivos del ferrocarril del sur y se complementan los trabajos de estaciones, cierros y las dotaciones de equipo exigidas por el progreso del tráfico.

En poco tiempo más quedará concluida la línea férrea de Angol a Traiguén, y en el año entrante la de Renaico a Fuerte Victoria. Esta última requiere mayor trabajo por la especial construcción del puente de Malleco, cuya extensión y altura le dan una importancia excepcional como obra práctica y científica a la vez.

Se han pedido propuestas públicas con circulación en el extranjero, para construir las once líneas férreas autorizadas por ley de 20 de enero del presente año. Mientras llega el día en que deban presentarse las propuestas, once distintas comisiones de ingenieros han estado fijando en el terreno los estacamentos definitivos y preparando los antecedentes que permitan la inmediata iniciación de las obras, si hubiese proponentes y las propuestas fueren aceptadas.

En previsión de que no hubiere propuestas aceptables o de que no las hubiere para todas las líneas proyectadas, se ha resuelto pedir oportunamente propuestas parciales, debiendo el Estado obtener en licitación y directamente todos los materiales que hayan de importarse del extranjero. De este modo las obras se emprenderán en poco tiempo más y con toda la actividad que su importancia aconseja.

Se ha venido ensanchando gradualmente la enseñanza agrícola, de modo que ya existen escuelas de agricultura en Santiago, Elqui, Colchagua, Talca, Chillán y Concepción, procurándose en ellas la enseñanza práctica de aplicación. Se ha mandado fundar otra escuela en Salamanca, y se han dictado los reglamentos que deben regir las escuelas en general, y especialmente las de Elqui, Talca, Concepción y Chillán.

Se ha abierto recientemente en Santiago una Escuela de Artes y Oficios para mujeres, cuyos trabajos iniciales aseguran su éxito futuro. En el año próximo se trasladará la Escuela de Artes y Oficios para hombres, al nuevo extenso y sólido edificio que se construye con este objeto. Tiene él grandes maestranzas y departamentos de servicio correspondientes a una escuela de primer orden en su género, y con capacidad para 300 alumnos.

La colonización e inmigración continúa siendo uno de los más graves problemas de nuestra actualidad industrial y económica. Las colonias extranjeras en el territorio de Arauco tienen por objeto dar la norma de un progreso más aventajado que el nuestro al resto de la población nacional que se derrama en aquella región: y también producir la inmigración espontánea por las relaciones personales de los colonos y el éxito alcanzado en sus labores.

Aunque los frutos obtenidos sean relativamente satisfactorios, la creciente actividad y riqueza pública y particular reclaman una corriente de inmigración industrial variada y más vigorosa. No deben omitirse sacrificios para afirmar y ensanchar el cauce de la corriente inmigratoria, pues ellos tienen por objeto atender necesidades de importancia capital.

En la formación de colonias extranjeras en Arauco puede darse cierta cabida a la colonización nacional, y realizarse la venta de tierras en lotes más pequeños y al alcance de fortunas modestas. Sería ésta la manera de dar vida industrial más robusta a la vasta y fértil porción de la Araucanía.

Conviene que la ley dictada para prohibir la venta de tierras de Arauco, se aplique también en las provincias más australes, pues sería la manera de resguardar las vastas propiedades que el Fisco posee en dichas provincias.

VI

Viene imponiéndose a la consideración del Gobierno la solución de una cuestión de la más grave trascendencia y que afecta la vida misma de nuestros conciudadanos, y esta es la higiene pública. No sería posible aplazarla sin que nos hiciéramos responsables de imprevisión o incuria.

Hay tres medios que influirán directamente en el saneamiento de nuestras poblaciones urbanas. El primero consiste en la dotación de agua potable de todas las ciudades que no la tienen; el segundo sería la construcción de desagües, que sirvan convenientemente a las necesidades de las poblaciones, pero construidos en conformidad a las más severas reglas de la higiene; tercero, la reglamentación de las condiciones higiénicas, y que deben cumplirse en las construcciones urbanas y muy principalmente en las destinadas a habitaciones de obreros, y la prohibición de la venta de alcoholes no rectificados y la imposición de penas a la embriaguez.

En breve solicitaré vuestro concurso para que autoricéis la inversión de 1.000,000 de pesos que se aplicará a la provisión de agua potable de las ciudades que carecieren de ella. Lo solicitaré igualmente para dictar ley que autorice la construcción de desagües, dándose para la construcción una garantía que sería cubierta por el vecindario y en parte por el Estado. Y, finalmente, os pediré que se acuerden las bases legales para impedir la venta de alcoholes no rectificados, corregir la embriaguez por la penalidad aplicada a los que se embriagan y a los dueños de establecimientos en donde se produce la embriaguez; y, por último, las que prescriban las reglas de higiene que hayan de observarse en las construcciones urbanas.

Si lográis llevar a término esta interesante labor, habréis hecho el mayor bien con que en estos momentos es posible favorecer la vida de los chilenos.

Las municipalidades elegidas en abril se han constituido en conformidad a la ley de 12 de septiembre de 1887. Tengo el fundado convencimiento de que la reforma producirá consecuencias dignas de la convicción con que fue realizada. Hay un punto, no obstante, sobre el cual la experiencia justificará las esperanzas o las resistencias de los que sostenían o impugnaban las atribuciones conferidas al alcalde. Es esta una innovación que sólo podrá ser justificada o desautorizada por los hechos. De desear es que los alcaldes comprueben la bondad de la reforma con el ejercicio regular de las atribuciones que les están confiadas.

Pero la reforma de la ley de municipalidades es incompleta. No se les ha concedido los medios de procurarse los recursos necesarios para llenar sus fines constitucionales y legítimos, y habréis por lo mismo de considerar que no admite espera la aprobación de la ley que concede a las municipalidades los medios que han menester para el cumplimiento de sus deberes.

Estimo de mi deber presentaros un proyecto de ley que fije los sueldos de los intendentes y gobernadores, en armonía con las diversas necesidades locales y la remuneración debida a la competencia de funcionarios que sean garantía de honorabilidad y del regular cumplimiento de las leyes. Siendo puestos precarios, que requieren todavía personas que no estén avecindadas en la localidad, y que por lo mismo sean ajenas a las pasiones o intereses que dividen las pequeñas agrupaciones sociales, no hay posibilidad material de que las rentas actuales sean suficientes para los gastos de instalación y la vida, aunque sea modesta, de dichos funcionarios.

Concluidas también las comisiones que varios intendentes desempeñaban como inspectores de sociedades anónimas, no habrá posibilidad de mantener el orden de cosas actual si no es con menoscabo del decoro de dichos funcionarios y del buen servicio público.

Existen todavía en el ramo del Interior leyes importantes, cuyo despacho es tan justificado como urgente. En este caso se encuentra la reorganización de la Oficina de Estadística, la creación de la provincia de Antofagasta, la organización de los correos y telégrafos bajo una sola dirección, y la que organiza por ley el servicio de vacuna.

Por último, cumple a vuestra previsión y patriotismo ratificar el proyecto de reforma constitucional sometido a vuestras discusiones en el año último, y que fijó un nuevo quórum para la formación del Congreso y para el escrutinio de la elección presidencial; y que suprimió el artículo 1″ de la Constitución y los que prescriben la calificación del ciudadano elector, con obligación de mantener por un tiempo dilatado la calificación en su poder para ejercer el derecho de sufragio. Es una reforma aceptada y que todos anhelamos ver convertida en ley del Estado.

Ratificada la reforma, habría llegado el momento de modificar la ley de elecciones, procurando que éstas tengan lugar en un tiempo relativamente breve, con amplias garantías para los electores, y sobre bases de perfecta libertad.

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Elegidos representantes del pueblo por el voto de vuestros conciudadanos, podréis iniciar vuestras tareas legislativas con la satisfacción de haber recibido vuestro mandato en elecciones excepcionalmente legales y correctas.

Estimo un alto deber público y de actualidad política mantener la concordia patriótica que a todos nos permita medir la obra de cada año legislativo por las leyes útiles que se dictaren, por el bien realizado, y por el perfeccionamiento incesante de las instituciones y del régimen parlamentario. No es esta hora de contiendas, porque la quietud pública y la prosperidad económica nos imponen la obligación de hacer, antes que todo, Gobierno de reorganización administrativa y de trabajo.

Juzgo que aprovechar las épocas de prosperidad para difundir y ensanchar la enseñanza, fomentar la industria y la riqueza particular, elevar el nivel moral y mejorar por el trabajo perfeccionado el bienestar de la población obrera, y administrar con mayor severidad y energía a medida que crece y se aumenta el tesoro nacional, es acopiar medios de vida para los instantes de crisis, no siempre previstos y a veces involuntarios, que sobrevienen a las naciones, aun a las más fuertes y mejor regidas.

Deseo el concurso de todos vosotros para cumplir el programa de reforma y de trabajos públicos a que venimos consagrados. No obstante la seguridad de nuestra situación exterior y la solidez de nuestro estado económico, querría que el esfuerzo fuese común y tan vigoroso, como si la prosperidad de hoy fuera un bien transitorio, que debiéramos recoger con solicitud y guardar con patriótica cautela.

Tengo fe en vuestro anhelo por la felicidad pública, y confianza en vuestra actividad y discreción política porque sin virtud y sin la moderación y el respeto que los poderes del Estado y los partidos políticos se deben entre sí, no hay posibilidad de conservar el Gobierno verdaderamente republicano.

Si cumplimos leal y honradamente con nuestros recíprocos deberes, realizaremos un progreso digno de Chile y de los bienes con que la Providencia no ha cesado de favorecer a la República.

Santiago, 1.° de junio de 1888

J.M. BALMACEDA

Se levantó la sesión.

[1]   La transcripción del presente texto correspondiente al Discurso Presidencial de S.E el presidente de la República señor José Manuel Balmaceda, la cual fue realizada a partir de los siguientes documentos:

1.- Diario de sesiones ordinarias de la Cámara de Senadores en 1888. Páginas 3-10. Disponible en:https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/46163/10/18880601.pdf

2.- Diario Oficial. Publicado el día viernes 01 de junio del año 1888. Edición N°3.311. Páginas 1025-1030. Disponible en: https://www.diariooficial.interior.gob.cl/

3.- Discursos de José Manuel Balmaceda. Iconografía (Tomo II) cuya recopilación estuvo a cargo de los señores Rafael Sagredo y Eduardo Devés, del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Páginas 317-330.  Disponible en: https://www.bibliotecanacional.gob.cl/

SESIÓN DE LAS CÁMARAS REUNIDAS EN 1 DE JUNIO DE 1887[1] [DISPONIBLE EN DOCUMENTO PDF]

En la ciudad de Santiago de Chile, a primero de junio de mil ochocientos ochenta y siete, reunidas las dos Cámaras que forman el Congreso Nacional, cada una con el siguiente número de miembros, a saber:

De la Cámara de Senadores, su Presidente, el señor don Pedro Lucio Cuadra, y los señores:

Altamirano, Eulojio

Antúnez, Carlos (Ministro de lo Interior)

Besa, José

Castillo, Miguel

Cuevas, Eduardo

Elizalde, Miguel

Encina, José Manuel

Gana, José Francisco

Ibáñez, Adolfo

Marcoleta, Pedro N.

Martínez, Aristides

Rodríguez Rozas, Joaquin

Rodríguez, Juan E.

Saavedra, Cornelio

Sánchez Fontecilla, Mariano

Valderrama, Adolfo, (Ministro de Justicia)

Valenzuela C., Manuel

Vergara, José Eujenio

De la Cámara de Diputados, su Presidente, el señor don Augusto Orrego Luco, y los señores:

Aguirre, José Joaquin

Alamos, Fernando

Arce, José

Balmaceda, José María

Bañados E., Ramon

Bañados E., Julio

Barros Luco, Ramon

Blanco, Adolfo

Bannen, Pedro

Barros, Lauro

Carvallo Elizalde, Francisco

Concha Vergara, Agustin

Carvajal, Luis Santiago

Cienfuegos, Máximo

Dávila Larrain, J. Domingo

Echeverría, Tomas

Edwards, Agustin

Edwards, Alberto

Edwards, Arturo

Mac-Iver, David

Mac-Iver, Enrique

Matte, Eduardo

Montes Santa María, Jesé I.

Montt, Pedro

Mac-Clure, Eduardo

Márquez de la P., Fernando

Orrego, Juan Antonio

Peña Vicuña, Nicolas

Pinochet E., Gregorio

Pinochet Solar, Ruperto

Prieto, Manuel A.

Pérez Eastman, Santiago

Pérez Montt, Ismael

Puga Borne, Federico

Rodríguez Ojeda, Ambrosio

Rodríguez, Luis Martiniano

Rogers, Carlos

Rio (del), Agustin

Errázuriz, Ladislao

Espejo, Juan Nepomuceno

Freire, Zenon

Fernández, Pedro Javier

Frias Collao, Baldomero

Gandarillas, Alberto

González Julio, Nicolas

González, Juan Antonio

Gaete, Julio

Grez, Vicente

Infante, José Manuel

Irarrázaval Vera, M.

Irarrázaval, Ramon Luis

Körner Víctor

Lazo, Miguel

Lira, Máximo R.

Letelier, Patricio

Roldan, Alcibíades

Salamanca, David

Silva Vergara, José Antonio

Santa María, Ignacio

Sánchez, Liborio

Sanhueza Lizardi, Rafael

Tocornal, José Nicolas

Ugalde, Nicanor

Urrutia, Gregorio

Valenzuela, Manuel F.

Vidal, Gabriel

Villamil Blanco, Manuel

Vial Bello, Eduardo

Valdés, José Antonio 2.°

Yávar, Ramon

Zañartu, Aníbal

Zegers, Julio

Habiendo concurrido S. E. el Presidente de la República, acompañado de los Ministros del Despacho, al salón en donde se encontraban reunidos el Cuerpo Diplomático y las Corporaciones Nacionales, fue recibido en la forma acostumbrada.

Después de haberse dado lectura al artículo 52 de la Constitución del Estado, S. E. leyó, el discurso que dirige al Congreso en la apertura de sus sesiones ordinarias, y terminado este acto, el señor Presidente del Senado declaró abiertas las sesiones ordinarias del Congreso, retirándose en seguida S. E. el Presidente de la República acompañado de las comisiones que lo habían recibido.

He aquí el discurso:

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Al dirigirme a vosotros, después que por el voto de mis conciudadanos fui llamado a gobernar la República, me es satisfactorio expresaros mi viva confianza en el concurso que prestaréis a mis leales esfuerzos en favor del progreso público. Anhelo el activo y legítimo ejercicio de nuestros recíprocos deberes, porque él robustecerá la armonía legal y política de los poderes del Estado, así como el acuerdo patriótico permitirá a todos, aun en la natural contradicción de las ideas y de los partidos, cooperar con fruto a la obra de nuestro común bienestar y engrandecimiento.

I

Debemos felicitarnos de nuestra cordial inteligencia con los Gobiernos amigos y el sólido afianzamiento de la paz exterior. No será menos grato reconocer que la paz interna, tan dilatada como intensa, levanta a Chile al nivel de las naciones mejor organizadas y más tranquilas de la tierra.

Su Santidad acogió con especial benevolencia la petición que le fue dirigida en 11 de octubre de 1886 a fin de que se dignase preconizar a los sacerdotes que, para proveer las vacantes de Santiago, Concepción y Ancud, le habían sido presentados por mi honorable antecesor.

Espero que los nuevos pastores mantendrán el espíritu de concordia que justificó su designación por los altos poderes de la República.

En junio del año anterior estaban suspendidas las funciones de los Tribunales Arbitrales que debieran fallar las reclamaciones provenientes de la guerra, y que con anterioridad habían deducido los Gobiernos neutrales.

En septiembre de 1886 el Tribunal Anglo-Chileno reanudó sus tareas, que habrían terminado ya, si, por motivos de salud, el honorable Arbitro brasilero señor Lafayette no se hubiera retirado en el mes de diciembre último.

El Tribunal Germánico-Chileno se instaló en 7 de septiembre próximo pasado. Procedió a su instalación un examen severo de las reclamaciones alemanas, hecho por los agentes de ambos Gobiernos, llegándose a convenir en el pago de una parte de ellas, en el retiro de otras, y en la reserva para el fallo arbitral de aquellas que fueron estimadas discutibles y de difícil avenimiento. En conformidad a esta transacción, el Gobierno de Chile pagará la suma de 293,681 pesos plata.

En veintidós de abril último el plenipotenciario alemán, en representación del Imperio y también de los Gobiernos de Austria-Hungría y de Suiza, suscribió un protocolo en virtud del cual los 566,000 soles plata que importaban las reclamaciones en arbitraje, fueron canceladas con la suma de 20,000 pesos de la misma moneda, declarándose concluidas las tareas del Tribunal.

No han funcionado los Tribunales Franco-Chileno e Italo-Chileno, no obstante haberse prorrogado la duración de sus funciones. Cabe al Gobierno la satisfacción, después de instalados los Tribunales Arbitrales, de haber concurrido activamente a la tramitación de las reclamaciones y procurado con incesante anhelo el fallo de todas ellas.

En breve llegará a Chile el honorable Árbitro designado por Su Majestad el Emperador del Brasil para reemplazar al distinguido señor Lafayette. Debo creer que los Tribunales recuperarán el tiempo perdido, y que en cumplimiento de las convenciones que les dieron existencia, terminen pronto la importante tarea confiada a su justicia.

Existía pendiente una grave reclamación de diversos gobiernos europeos para el pago de los certificados salitreros en circulación y que se consideraban afectados al territorio de Tarapacá. Aunque por el decreto de 28 de marzo de 1882, reconocido por el Perú en el Tratado de Paz de 20 de octubre de 1883, se dictaron las reglas en conformidad a las cuales se liquidarían las obligaciones emitidas por el Gobierno peruano en pago de establecimientos salitreros expropiados, el Gobierno de Chile no rehusó una inteligencia equitativa con los interesados.

El 7 de septiembre último suscribió el Ministro alemán un protocolo, y el 15 de febrero el Ministro de Italia autorizó otro que fijó la base de un arreglo definitivo según el cual el Gobierno de Chile paga los certificados por valor de 10.607,488 pesos de 44 peniques, y los intereses corridos en los últimos años, con la suma de 1.113,781 libras esterlinas.

Hemos adquirido así la propiedad de establecimiento salitreros, cuya maquinaria está menoscabada, pero cuyos estacamentos salitreros tienen un valor cierto y crecido. La resolución definitiva que haya de adoptarse sobre estos establecimientos es materia de estudio y de especial cuidado de parte del Gobierno.

En todos los actos subalternos que se rozan con las relaciones exteriores, se ha procurado mantener la rectitud que caracteriza la tradicional política exterior de Chile. Respetuosos del derecho de las naciones y siempre solícitos en el cumplimiento de los trabajos en vigor, creemos haber adquirido la consideración y la confianza que se dispensan entre sí los Gobiernos honrados y los pueblos cultos.

II

La situación económica fiscal se mantiene en condiciones que acreditan su perfecta solidez y estabilidad.

Las entradas ordinarias en 1886, ascendieron a 37 millones 116,070 pesos 45 centavos, y los gastos en el mismo año llegaron a la suma de 34.098,378 pesos 79 centavos, resultando así un sobrante de 3.017,691 pesos 66 centavos a favor del Estado.

No obstante los gastos extraordinarios y no presupuestos de 1.000,000 de pesos aplicados al servicio de la última epidemia, de 500,000 pesos pagados por las reclamaciones procedentes de la construcción del ferrocarril de Curicó a Angol, de 1.000,000 de pesos que será necesario invertir en la ejecución de los ferrocarriles de Arauco, y de la incertidumbre agrícola que produce la sequía de la estación, el año económico terminará sin déficit.

Las rentas calculadas para el año de 1888 alcanzan a 36.000,000 de pesos, y el presupuesto de gastos a 32.439,636 pesos 33 centavos.

Figuran en el presupuesto de gastos ordinarios sumas cuantiosas, que en épocas anteriores se obtenían por empréstitos, y que se aplicarán a la conclusión de los ferrocarriles en servicio, a la construcción de numerosos edificios públicos, de muelles, malecones y otras obras que representan bienes raíces con los cuales se incrementa el valor de la propiedad pública.

Se han suprimido del presupuesto únicamente las cantidades destinadas a construcciones extraordinarias de la instrucción pública y de nuevos ferrocarriles, no sólo porque ellas corresponden a gastos extraordinarios y esencialmente reproductivos, sino porque estimo que tales obras deben ejecutarse por disposición de leyes especiales.

La existencia de fondos en caja en 31 de diciembre de 1886, era de 11.453,654 pesos. En 30 de abril último llegó a 12.274,537 pesos. Deduciendo de esta suma la que por depósitos corresponde a terceros, y 2.000,000 de pesos de nuestra moneda que corresponden a las 200,000 libras esterlinas recibidas por anticipo de consignatarios del guano, queda un saldo fiscal que no baja de 8.000,000 de pesos.

En noviembre de 1886 el Ministerio de Hacienda procedió directamente y por telégrafo a convertir los empréstitos de 4½ por ciento de 1858, de 6 por ciento de 1867, de 5 por ciento de los años 1870, 1873 y 1875, cuyos saldos en 1 de enero del presente año alcanzaban a la suma de 27.267,000 pesos. La operación se ajustó con los señores Rothschild de Londres, por la suma anterior y además por 315,000 libras esterlinas, al 4½ por ciento de interés anual y ½ por ciento de amortización acumulativa, y al tipo de 96 por ciento, libre para Chile de todo gasto.

El ahorro anual en el servicio de estas deudas, no obstante la nueva emisión de 315,000 libras, alcanza a 1.253,737 pesos oro.

Recientemente se ha contratado por el Ministerio de Hacienda, con el mismo señor Rothschild, la emisión de un empréstito en 1 de julio próximo, que produzca la suma de 1.113,781 libras esterlinas, destinada al pago de los certificados salitreros, en las mismas condiciones que la emisión última. Ha habido, sin embargo, que imputar a chile un gravamen de ½ por ciento, porque en cumplimiento de la ley inglesa, posterior a la conversión de noviembre, hay que pagar mayor timbre, y porque este mismo derecho es distinto y más oneroso cuando se emite un empréstito nuevo.

Debemos reconocer que Chile ha alcanzado prácticamente el crédito que hoy merecen la naciones más opulentas y activas del mundo. Este es el fruto de la estabilidad de las instituciones, del trabajo honrado del pueblo chileno, y de la sobriedad de los Gobiernos de la República.

La deuda interna de Chile en 30 de abril del presente año era de 6.755,250 pesos de bonos en circulación, de 16.446,900 pesos 39 centavos de censos irredimibles, de 25.687,916 pesos de papel moneda, o sea la suma total de 48.890,066 pesos 39 centavos. Y la deuda exterior en la misma fecha era de 34.601,260 pesos oro.

El comercio de importación y exportación, que en 1885, fue de 91.356,252 pesos, ha llegado en 1886 a 95.228,156 pesos. En dicho año de 1886 la exportación ha sido de 51.239,149 pesos y la importación de 43.989,007 pesos; de manera que la exportación excedió a la importación en 7.250,142 pesos. Este es el resultado de las cifras, pero resultado incierto y que no corresponde a los hechos.

El avalúo aduanero obedece a las reglas que atribuyen a la mercadería un valor distinto efectivo. Una parte considerable de exportación, ya sea ésta de minerales o de salitres, o de diversas producciones industriales, pertenece a sociedades o a personas radicadas en el extranjero, por cuyo motivo los valores de la respectiva exportación no vuelven a la circulación económica de nuestra actividad comercial.

El servicio estadístico es también deficiente e imperfecto.

Por todas estas razones no podría afirmarse que la exportación exceda a la importación. Mientras el cambio se mantenga deprimido podemos estar ciertos de que la balanza comercial no se ha restablecido, y de que debe procederse con la previsión y cautela que los hechos aconsejan con toda la evidencia de una verdad prácticamente demostrada.

Para obviar estos errores en lo futuro, se ha nombrado una comisión que revise la tarifa de avalúos, se estudia la reorganización de la estadística, y se medita acerca de los medios que nos permitan nacionalizar, en la medida de lo que es practicable, las industrias chilenas que hoy fructifican principalmente para el extranjero. El esfuerzo unido del Gobierno y de los particulares pueden contribuir al desenlace patriótico y eficaz de este gravísimo problema de nuestra actualidad económica.

III

El activo y resuelto impulso de la industria y el desarrollo incesante de la instrucción pública, mantenida vigorosamente por la acción y la riqueza del Estado, forman las dos necesidades de carácter más propiamente nacional de nuestra época. Cumple al Gobierno, y con igual razón a los representantes del pueblo, la exacta apreciación de nuestro estado económico, en sus fundamentos y en sus verdaderas manifestaciones, a fin de servir la industria chilena con los medios eficaces y directos que caen bajo el dominio y la aplicación del poder público.

La construcción de ferrocarriles es sin duda el medio más efectivo para estimular la riqueza pública y privada. En consecuencia, el Gobierno se propone la construcción de las siguientes líneas férreas:

De Victoria a Osorno y su correspondiente ramal a Valdivia;

De Coigüe a Mulchén;

De Parral a Cauquenes;

De Talca a Constitución;

De Palmilla al Sauce; y

De Pelequén a Peumo.

La línea de Victoria a Osorno recorrerá una extensión de territorio virgen y feraz, en gran parte de propiedad fiscal, que ganará considerablemente en valor y cuya venta producirá con exceso la suma necesaria para ejecutar todas estas construcciones.

Las líneas seccionales en proyecto y que se unirán a la línea central, tienen la mayor importancia, si se aprecia su costo moderado y la fertilidad de los valles que van a recorrer, y si reconocemos que la línea de Talca a Constitución va a dar salida fácil y barata a los frutos de las provincias centrales entre Valparaíso y Concepción.

En algunos días más, la empresa que se proponía construir el ferrocarril de Santiago al puerto de San Antonio, adoptará una resolución definitiva sobre este proyecto. Si no resolviere emprenderla, o solicitare la autorización en condiciones que no auguren seriamente su ejecución, el Gobierno agregará a los ferrocarriles que se propone construir, el de Santiago a Melipilla, reservando para una época posterior su prolongación desde Melipilla a San Antonio o desde Melipilla a Quilpué.

Si en vista de las irregularidades producidas en la formación de los planos y presupuestos del ferrocarril de La Calera a Ovalle, no se emprendiere su construcción por los concesionarios, el Gobierno cree que deberían construirse por cuenta del Estado: la línea de los Vilos a Illapel y Salamanca, y la de Papudo a La Ligua y Petorca, o en lugar de ésta, la de La Calera a La Ligua y Cabildo, según fuere la mayor conveniencia de las localidades a que debe servir la construcción en proyecto.

Las nueve líneas férreas, que en fuerza de las consideraciones expuestas, deberían ejecutarse por cuenta del Estado, alcanzan a una extensión de 909 kilómetros, con un costo total que no excederá de 16.000,000 de pesos oro.

La línea de Victoria a Osorno mide cuatrocientos tres kilómetros de extensión y puede concluirse en cinco años. Las líneas restantes pueden terminarse en dos y en tres años. Debiendo ejecutarse estas construcciones con el producido de un empréstito en el extranjero, se invertiría en ellas la suma anual de tres o cuatro millones de pesos. Así se regularizarían los trabajos y las inversiones en un tiempo relativamente considerable.

Estimo indispensable una ley que autorice al Presidente de la República y al Consejo de Estado para otorgar permisos a los particulares que se propongan construir ferrocarriles, telégrafos y teléfonos. La tramitación de toda ley especial en el Congreso y para estos objetos, es lenta y ocasionada a inferir verdaderos agravios al legítimo interés particular. Es preferible una ley general, en la cual se fijen reglas comunes y se dispensen concesiones y facilidades iguales a las empresas o particulares que deseen incrementar la viabilidad pública y la comunicación telegráfica.

Es igualmente digno de vuestra atención el proyecto de ley que libra del pago de derechos de importación la maquinaria y las herramientas destinadas al establecimiento de industrias nuevas y al perfeccionamiento de las ya establecidas. Convendría, es cierto, resguardar con procedimientos previsores y severos el uso debido de esta liberación, a fin de que ella produzca sus benéficos resultados sin detrimento del interés fiscal.

Existe un impuesto desigual, que no obedece a ninguna razón científica que grava la propiedad urbana, las naves, y muy especialmente la industria agrícola: impuesto que en una serie de años puede gravar tantas veces una sola propiedad cuantas se haya transmitido el dominio, mientras el mayor número de otras no pagan el mismo gravamen. Tal es la contribución de alcabala, que es justo derogar en nuestra legislación de hacienda.

Mas no sería prudente suprimirla sin que sea sustituida por otro impuesto más regular, menos oneroso, e igualmente eficaz para sustentar la riqueza fiscal. La supresión del estanco de tabacos ha sido una esperanza frustrada que disminuyó considerablemente la renta nacional, y que no ha aprovechado, en condiciones apreciables, a la agricultura, ni a los consumidores, ni a los industriales chilenos. Un gravamen moderado sobre los tabacos reemplazaría la renta que produce el pago de alcabala, y la supresión de ésta desagravaria la propiedad rústica y urbana de exacciones que la ciencia y la desuetud condenan igualmente.

Si las reformas enunciadas son evidentemente protectoras de la industria chilena, hay otra cuya gravedad afecta a uno de los más sólidos fundamentos sobre que reposan la riqueza pública y la balanza comercial. Ella servirá los intereses más esenciales y permanentes de nuestros valores de exportación: me refiero a la constitución de la propiedad minera.

No es posible ni sería patriótico aplazar por más tiempo la solución de un problema que trae agitados a los industriales más activos e inteligentes del país, y del cual depende la vida o la muerte de una parte muy considerable de la industria minera en el territorio de la República.

El Código de Minería contiene disposiciones inconsultas, calculadas para la explotación de las minas excepcionalmente ricas, que suscitan gastos crecidos al iniciarse los trabajos y engendran litigios que debilitan la potencia industrial, o que la tuercen y ordinariamente la frustran.

Es universalmente reconocida la necesidad de constituir la propiedad minera sobre la base única de la patente fiscal, porque ella ampara regularmente la propiedad, evita litigios azarosos, atrae el capital extranjero y permite la organización de la minería en la forma vasta y acabada que asegure su constitución como industria verdadera.

Considero tan grave y urgente esta reforma, sometida ya a vuestras deliberaciones, que espero no habréis de cerrar vuestras sesiones ordinarias sin haber dado solución previsora al conflicto que, en medio de las oscilaciones del cambio y del abaratamiento de los cobres, entraña la regular constitución de la propiedad minera.

Pero la cuestión más seria e interesante que puede ofrecerse a nuestra contemplación, aquella que resume todo nuestro futuro progreso intelectual, la que influirá más directamente en la formación del ciudadano, del obrero inteligente y del trabajo reproductivo, es la instrucción pública.

Existen en Chile 862 escuelas fiscales, con 1,232 preceptores, 78,810 alumnos inscritos y una asistencia media de 47,780. También existen 532 escuelas particulares, con 750 preceptores próximamente, 27,860 alumnos inscritos y una existencia calculada en 20,000. De modo que el número total de escuelas llega a 1,610, con 1.982 preceptores, 106,670 alumnos inscritos y una asistencia media de 67,780.

Si al número total de inscritos se agregan los alumnos de seis a catorce años de edad que se instruyen en los colegios del Estado o de particulares, y que se estiman en 7,000, se obtendrá la suma total de 113,670 en los establecimientos de instrucción en Chile.

El resultado del censo escolar de los países en que se practica regularmente, y los datos aproximativos que sugiere el censo último entre nosotros, comprueban que la población de ambos sexos, de seis a catorce años de edad, corresponde al 22 por ciento de la población total de la República, o sea al número de 550,000 niños.

En resumen, hay 113,600 alumnos inscritos en los colegios y escuelas públicas y particulares, y hay 555,000 niños de seis a catorce años en estado de recibir instrucción.

Aunque al número de alumnos inscritos se agreguen los niños de seis a catorce años que han dejado la escuela por haber hecho su aprendizaje, resultará que la instrucción deja un vacío inmenso que llenar en la población del país. Y si se considera todavía la parte de población mayor de catorce años que no sabe leer ni escribir, llegaremos a comprobar un estado de depresión intelectual que hiere el sentimiento de nuestros deberes cívicos.

Los locales para escuelas son casi en todas partes inadecuados para la implantación de los nuevos métodos, y sin las condiciones higiénicas y especiales que su aplicación requiere. Todos los locales arrendados son inconvenientes. Tienen capacidad para 46,000 niños y una asistencia media de 32,000, y se paga anualmente por arriendo y reparaciones de ellos la suma de 200,475 pesos.

Es preciso reconocer que lo que existe al respecto es imperfecto y deficiente. He adquirido el fundado convencimiento de que es menester una organización metódica, constante y vigorosa, en su parte técnica y material, que comprenda todo el problema, y se emprenda desde luego la obra de reconstrucción en que habrán de trabajar resueltamente tres administraciones a lo menos, si deseamos llegar alguna vez a establecer la instrucción obligatoria, y si queremos dar a cada uno de nuestros conciudadanos las nociones elementales de sus derechos y de sus deberes.

El aprendizaje moral e intelectual del niño está radicado en las aptitudes y en la moralidad del maestro; la enseñanza del maestro en los conocimientos pedagógicos adquiridos en las escuelas normales de preceptores; y el de los maestros y maestras de preceptores, en la preparación especial que les permita adquirir conocimientos técnicos y acabados, la suficiente experiencia práctica, y las virtudes propias del magisterio.

Necesitamos fundar la enseñanza de maestros y maestras de preceptores y preceptoras sobre bases más amplias. Establecidas y reorganizadas las escuelas de preceptores y preceptoras en Santiago, con resultados muy satisfactorios, se construye actualmente una de preceptores en Chillán y se ha iniciado el trabajo de otra de preceptores en Concepción. Aún es necesaria una última en la Serena, y así podremos organizar la enseñanza regular y suficiente para constituir el preceptorado verdadero.

No es menos importante la reforma de la ley de instrucción media y superior, concebida y promulgada bajo la influencia de la desorganización que el Gobierno mismo podía producir en la enseñanza del Estado. Los legisladores, al dictarla, obedecieron a consideraciones de actualidad, y desviaron la dirección de la enseñanza de manos del Gobierno para confiarla a un poder de ocasión, creado por la ley. Se excusó un peligro transitorio, porque al fin los Ministros de Estado tienen vida precaria y fiscalizable, y se cayó en otro de irresponsabilidad, cierto y permanente.

La Universidad debería formarse con el cuerpo docente y miembros honorarios. La acción de su consejo directivo debiera ser amplia y completa, como autoridad facultativa que dirige y resuelve sobre la parte científica de la instrucción, o sea sobre el modo y forma de difundir los conocimientos humanos. Al Gobierno correspondería la organización práctica, y, en la designación de las personas que deben dirigir y servir la instrucción, una participación proporcionada a la responsabilidad que le afecta por la ley fundamental del Estado.

La parte académica debería desaparecer de la Universidad para constituir la academia de Chile, libre e independiente, sostenida en sus labores por los recursos del Estado, con sus facultades respectivas, organizada sobre bases de neutralidad para los partidos políticos, y consagrada a sostener y desarrollar el movimiento intelectual de la nación, sea con publicaciones propias o en conferencias públicas, y siempre dando y ofreciendo estímulo a las ciencias, a las artes y a las letras.

Este doble impulso a la instrucción primaria y a la media y superior, exige construcciones especiales y vastos recursos para ejecutarlas.

No sería posible desconocer que el internado es una necesidad social derivada de nuestras costumbres, de la dispersión de las dos terceras partes de la población en los valles y colinas del territorio. Sería justo servir las diversas zonas del país, y construir internados en Copiapó, Serena, Valparaíso, Santiago, Talca, Chillán, Concepción y Ancud. El costo de estas obras y de mejoramiento de los externados llegará a dos millones quinientos mil pesos.

Del mismo modo, es preciso concluir las escuelas de preceptores y preceptoras, y construir, distribuyéndolas proporcionalmente entre todas las provincias de la República, escuelas con capacidad para 50,000 niños, y cuyo costo alcanzaría a 3.500,000 pesos.

El sobrante de fondos fiscales en caja permitiría emprender la mayor parte de estos gastos sin que influyan sensiblemente en el presupuesto ordinario de los años venideros. Pero aun apelando al crédito y emitiendo bonos de la deuda interna que ganen 6 por ciento de interés anual y uno por ciento de amortización acumulativa, el presupuesto se grabaría con cuatrocientos veinte mil pesos anuales. Mas, como se ahorrarían 200,475 pesos por arriendo y reparación de locales para escuelas, y se aplicarían 60,000 pesos por año a la amortización de la deuda, o sea a la adquisición de un valor que aumenta el haber del Estado, resultaría que el gravamen efectivo sería únicamente de 159,000 pesos.

Es este un sacrificio modesto, sin duda, si se considera la importancia de las obras que se van a ejecutar y el sólido estado económico de la renta pública.

IV

La reorganización del Poder Judicial viene imponiéndose como una alta necesidad pública, reclamada por la equitativa distribución de las tareas judiciales entre los funcionarios que las desempeñan y por la pronta y expedita tramitación de los juicios.

Hay veintidós departamentos de la República, con una población de 350,342 habitantes, que por la Constitución deben tener las mismas garantías judiciales que el resto del país, y que se encuentran sometidos, sin embargo, a jueces de primera instancia, por su naturaleza inestables, elegidos en los municipios por causas políticas o locales, sin la preparación legal suficiente, y que por lo mismo que administran justicia gratuita la sirven imperfectamente cuando no la deprimen y desautorizan.

Un estado de cosas tan irregular era apenas sostenible cuando escaseaban los recursos para darnos una administración de justicia completa. Pero hoy no existe felizmente aquella causa especial, y es lógico y es inevitable que restablezcamos el imperio de la ley aplicada por funcionarios que tengan un mismo origen y reúnan en beneficio de todos iguales pruebas de competencia.

El nombramiento de jueces letrados en los departamentos que los tienen de primera instancia, será una restauración benéfica del derecho y de la ley común. Es preciso haber ejercido el Gobierno o haber sufrido las consecuencias de la administración de justicia por jueces de primera instancia, para conocer con exactitud los choques de autoridad, las irregularidades en los procedimientos, y los favores y las persecuciones de que son víctimas los ciudadanos así entregados a funcionarios mudables y frecuentemente interesados en las querellas lugareñas. Debo creer que no mantendréis por más tiempo un régimen excepcional que pugna con la ley de igualdad a que todos tienen derecho en la República y con el legítimo interés de una gran porción de nuestros conciudadanos.

La población y el comercio, la industria y el espíritu de asociación, todas aquellas causas que acrecientan la riqueza, pero también el interés y la contradicción entre los hombres, han demostrado hasta la evidencia que la demarcación jurisdiccional de las Cortes de Justicia es en extremo defectuosa, y que éstas son todavía deficientes.

Basta la enunciación de los hechos para adquirir cabal conocimiento de las razones que justifican la reforma.

En 31 de diciembre de 1886 había pendiente en cada una de las Cortes el siguiente número de causas.

En la Corte Suprema	1500
En las dos salas de la Corte de Santiago	820
En la Corte de Concepción	723
En la Corte de La Serena	144
En la Corte de Iquique	63

Estas diferencias en el trabajo ordinario de las Cortes, ofenden la equidad y lastiman las personas o los intereses sometidos al fallo de la autoridad judicial. Los juicios civiles se prolongan a veces con exceso, y con frecuencia los delincuentes resultan condenados a pena menor que la sufrida durante la tramitación de la causa.

La demarcación jurisdiccional vigente produce estas inconsecuencias verdaderamente insostenibles. Ellas se imponen por la población, y, necesariamente, por el número de juicios que guarda relación con ella.

	Habitantes
A las dos salas de la Corte de Apelaciones de Santiago corresponden	1.155.097
A la Corte de Concepción	1.020.749
A la Corte de La Serena	242.890
A la Corte de Iquique	95.690

Tomando al acaso el día 15 de abril último, para investigar el número de causas que había en estado de tabla, resultó:

Que la Corte Suprema tenía	1515
La Corte de Concepción	433
Las dos salas de la Corte de Santiago	235
La Corte de La Serena	37
La Corte de Iquique	22

Aún existen otras desigualdades no menos inaceptables. Mientras la Corte de Concepción comprende en su jurisdicción actual veinticinco juzgados de letras y la de Santiago con sus dos salas veintiocho, en la Corte de La Serena hay siete, y sólo cinco en la de Iquique.

Por estas fundadas consideraciones debieran crearse cinco nuevas circunscripciones para otras tantas Cortes, que tendrían asiento en La Serena, Valparaíso, Santiago, Talca y Concepción. La Corte de La Serena tendría jurisdicción en Coquimbo, Atacama y Antofagasta; la de Valparaíso en Tacna, Tarapacá, Valparaíso, Llanquihue y Chiloé; la de Santiago en Aconcagua, Santiago, O’Higgins, Colchagua y Curicó; la de Talca en la provincia de este nombre, Linares, Maule y Ñuble; y la de Concepción en Biobío, Malleco, Cautín, Concepción, Arauco y Valdivia.

En conformidad al nuevo régimen correspondieran: a la Corte de La Serena 274,403 habitantes y trece juzgados; a la de Valparaíso 416,198 habitantes y veintiún juzgados; a la Corte de Santiago con sus dos salas 836,220 habitantes, o sean 418,110 habitantes por cada sala, y veintiún juzgados; a la de Talca 517,807 habitantes y quince juzgados; y a la de Concepción 500,098 habitantes y dieciocho juzgados. Habría así la prudente demarcación del territorio y una distribución equitativa del trabajo judicial.

La forma de elección del poder judicial es otra cuestión considerable que afecta la base cardinal en que se funda la organización regular de los poderes públicos. En toda sociedad regida por instituciones republicanas, y en donde es reconocida la soberanía popular, el pueblo es la fuente de donde la autoridad deriva su fuerza y su derecho. La Constitución ha querido, sin embargo, al organizar el Poder Judicial con jueces vitalicios e inamovibles, que su elección sea sustraída del veredicto periódico de los comicios populares.

Ni la Constitución, ni nuestro modo de ser social y político, autorizarían desde luego una reforma radical, que convirtiera a los magistrados judiciales en delegados directos del pueblo para administrar justicia. Menos aceptable sería que el poder judicial o algunos de sus miembros designaran o eligieran a los jueces, porque el ejercicio de una atribución tan exorbitante debilitaría los fundamentos mismos sobre que descansa el sistema republicano. Es más cuerdo y más práctico mejorar la forma de elección vigente y asegurar condiciones más positivas de acierto en la elección de los jueces.

En obedecimiento al Código de Organización de Tribunales, las Cortes de Apelaciones forman discrecionalmente las listas de personas que reúnen las condiciones prescritas por la ley para ingresar o progresar en la carrera judicial; la Corte Suprema las revisa y modifica; el Consejo de Estado forma las ternas de entre las personas inscritas en las listas respectivas; y el Presidente de la República nombra una de las personas propuestas. Influyen las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, el Consejo de Estado elegido en su mayor parte por el Congreso y el Presidente de la República, en la designación de los funcionarios del Poder Judicial.

Convendría, no obstante, al formar las listas respectivas, limitar la facultad discrecional de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, estableciendo una más variada y rigurosa jerarquía judicial; exigiendo, según haya de ser la condición jerárquica del elegido, un mayor o menor tiempo de profesión ejercida, los años de servicios prestados en una jerarquía inferior y las pruebas reconocidas de competencia y honorabilidad. Dentro del plan a que la reforma judicial obedece, no sería posible darle mayores proporciones sin exponerse a las consecuencias peligrosas de ensayos que no estarían justificados por razones de verdadera conveniencia pública.

La reorganización judicial así realizada, daría a todos los departamentos de la República una justicia igual por su origen electivo y por las pruebas de competencia requeridas; distribuiría la tarea de las Cortes de Apelaciones, de manera que las causas civiles y criminales serían regularmente falladas; y organizaría la Corte de Casación, que ha debido crearse en conformidad a las bases que sirvieron para la redacción del Código de Organización y Atribuciones de los Tribunales.

Es igualmente necesaria la creación de un fiscal administrativo que dictamine en los negocios de su competencia, y evite las perturbaciones que en la marcha de los juicios produce el recargo de labor encomendada a los fiscales en actuales funciones.

Se ha iniciado la construcción metódica de cárceles en diversos departamentos, observando las reglas más avanzadas del sistema penal moderno. En el presupuesto del año próximo se consultan quinientos mil pesos ($ 500,000) con este objeto. Si durante cuatro años se acordare la misma inversión, se llegaría al fin de cinco años a tener en todos los departamentos cárceles construidas con material sólido, de sistema celular o mixto, con todas las condiciones de seguridad, de higiene y de moralidad, que corresponden a un servicio penitenciario digno de nuestra cultura.

Se continuará muy luego la delicada tarea de revisar el proyecto de Código de Enjuiciamiento Civil, que tan seriamente interesa al regular ejercicio de las acciones judiciales y a la expedita tramitación de los juicios.

Se ha encargado también la redacción del Código de Enjuiciamiento Criminal al eminente jurisconsulto que me precedió en el ejercicio de la magistratura suprema. Este Código pondrá término a un orden de cosas que no sirve eficazmente a la vindicta pública, ni a la forma de los procesos, ni a la oportuna y regular sustanciación de los juicios criminales. 

V

El Servicio General de Guerra y Marina merece especial consagración, pues le debemos esfuerzos comunes dirigidos a robustecer, con orden y persistencia, la defensa en el mar y en el territorio de la República.

La escuadra, ya de servicio o de combate, debe tener en toda la costa de Chile puertos seguros de arribada, que ofrezcan seria resistencia a toda tentativa exterior y asilo siempre próximo y formidable a nuestras naves. Para servir este propósito es indispensable fortificar y artillar a Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Talcahuano, Lota, Corral y Ancud. Se va a principiar la fortificación de Iquique y se perseverará en la realización gradual de este pensamiento de Gobierno.

La escuadra de servicio, representada por los transportes del Estado y por los buques de la Compañía Sudamericana de Vapores, debe ser atendida con auxilios prudentes, pero con toda la energía necesaria para asegurar y ensanchar su existencia.

Es preciso reparar el Cochrane en condiciones serias y convenientes, y proceder inmediatamente a la construcción de un blindado de primer orden en las aguas del Pacífico.

No sería discreto aplazar por más tiempo la autorización para iniciar y llevar a pronto término la construcción del dique en Talcahuano. Será el taller de reparación de nuestras naves, y un complemento tan necesario en el arte de la guerra moderna, como los cañones a los buques de combate.

Se ha iniciado la construcción de la Escuela Militar y se han emprendido los trabajos de conclusión de la Escuela Naval. Ellas permitirán formar oficiales y marinos capaces de organizar siempre los cuadros del ejército y de resguardarle contra eventualidades imprevistas.

He dado constantemente la mayor importancia al precepto de la Constitución que ordena la organización de la Guardia Nacional. Es ella obra de equidad, de asociación común para la defensa común, y de previsión patrió tica, a la cual debe concurrir la acción combinada y eficaz de los poderes de la nación.

Están ya iniciados los trabajos de codificación definitiva de las leyes militares y de la marina. No sería razonable mantener indefinidamente una legislación viciada y caduca, que no da al soldado la noción verdadera de los deberes y de las penas a que debe estar sometido el hombre de guerra.

Me alienta la confianza de que prestaréis atención preferente y decidida a la discusión de la ley que regla los ascensos militares. Me he abstenido de concederlos, a no ser en casos improrrogables del servicio, esperando ajustar mis actos al criterio y a los procedimientos que creáis más propios del buen servicio y del severo régimen militar.

VI

Hay proyectos de urgencia calificada que esperan desde hace tiempo una solución digna de vuestro patriotismo. Me refiero al proyecto de ley que organiza el territorio de Antofagasta, al que fija los sueldos de los intendentes y gobernadores, al que crea plazas extraordinarias de generales, y al de ratificación de la reforma constitucional pendiente.

Es la reforma constitucional una garantía de libertad que interesa a todos los chilenos. No es ella el desconocimiento de la idea o de la fe religiosa. Por el contrario, es la consagración soberana de la libertad individual para profesar una religión y adorar a Dios según los dictados de la conciencia; o sea el precepto positivo humano que restablece el imperio de la igualdad civil, bajo la influencia de la cual todos los individuos que habiten nuestro suelo podrán vivir protegidos por el derecho común y seguros del respeto universal.

La reforma de la ley de municipalidades habrá de merecer el acuerdo discreto que exige una ley compleja, cuya aplicación general en toda la República, habida consideración a la desigualdad en el progreso y aún en la cultura de las diversas poblaciones, ha menester la prudencia que conduce al acierto.

Realizada la reforma, debería aprobarse inmediatamente la ley que crea las rentas municipales para asegurar a los municipios una vida digna del objeto para que fueron instituidos. Y, cuando esta razonable eventualidad se realice, habría llegado el momento de que los municipios enajenen los bienes que no son propiamente de uso o servicio municipal, y apliquen este valor a la amortización de su deuda. El Estado haría suya la deuda restante, y entregaríamos las municipalidades al nuevo régimen libres de zozobras y de gravámenes insostenibles.

La Constitución contiene algunas disposiciones que contradicen los derechos del Estado, que embarazan la libertad legislativa al dictar las leyes electorales, que exageran la representación del pueblo, y que pueden perturbar el funcionamiento regular del Congreso en actos de la mayor trascendencia pública. Sería por lo mismo justificada la reforma que suprime el artículo que fija los límites del territorio, la del que prescribe la calificación especial de los ciudadanos electores para ejercer el derecho de sufragio; modificándose aquellos que fijan el número de Senadores y Diputados, y los que exigen la presencia de las tres cuartas partes de los miembros del Congreso para verificar el escrutinio de la elección presidencial.

La sustitución de las leyes de jubilación civil, de retiro y de montepío militar, por una Caja de Ahorros, asegura mejor la subsistencia y el porvenir de los empleados públicos. Una Caja de Ahorros, anexa a la Caja Hipotecaria, que retenga el tres por ciento anual de los sueldos de los empleados civiles y militares, y a la cual el Estado pague proporcionalmente otro dos por ciento, permitirá a todo empleado acumular un capital que asegure su bienestar y el de su familia, si llega a imposibilitarse en el servicio o si falleciere consagrado a él. Abrigo la esperanza de que este pensamiento encontrará acogida en vuestro espíritu de justicia para con los servidores de la comunidad.

Juzgo que el Gobierno es la razón pública en acción. En consecuencia, las ideas y reformas enunciadas corresponden a proyectos de ley que serán oportunamente sometidos a vuestras deliberaciones.

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados.

Me sentiría vacilar en el desempeño de las funciones que libre y deliberadamente me confió el pueblo de Chile, si no estuviera convenido de que para ejercerlas podré contar siempre con su favor y la activa cooperación de sus representantes en el Congreso Nacional.

Encargado de la dirección suprema de la República, guardaré constantemente la equidad que procede del sentimiento íntimo de mis deberes para con todos y cada uno de mis conciudadanos, para con los partidos políticos y los servidores de la nación.

Deseo por lo mismo la realización práctica del Gobierno parlamentario, con partidos de ideas y organizados, que vivan de la libre discusión, de la vigilante fiscalización de los actos de los servidores públicos, del respeto recíproco y de la reciproca justicia, del ejercicio pleno de sus derechos, contribuyendo a producir el equilibrio armónico de los poderes públicos, por la mutua confianza de éstos en el uso digno y completo de las atribuciones que les están conferidas por las leyes y que emanan de la Constitución del Estado.

El espíritu de las instituciones que nos rigen, en el estudio de las cuales he formado mis convicciones más serias y profundas, y la índole del régimen. político cuyo perfeccionamiento anhelo, aconsejan la concentración de las agrupaciones políticas dispersas en los partidos que representan las ideas, ya liberales o conservadoras, en que está dividida la opinión popular, y que son las fuerzas generadoras de la vida y del progreso parlamentario. El fraccionamiento de un partido que profesa las mismas ideas es ocasionado a que el interés de algunos se sustituya al interés de todos, y a que se perturben las corrientes anchas y generosas en que se forman y robustecen los partidos de principios, y en donde adquieren vigor y se depuran los juicios severos y patrióticos de la opinión pública.

Pueden los partidos políticos vivir y trabajar tranquilos a la sombra de sus respectivas banderas, persuadiendo y aprobando la bondad de las ideas o de los medios prácticos que crean preferibles para producir la felicidad pública, seguros de que en el Poder Ejecutivo encontrarán iguales garantías para el ejercicio del derecho, y el cumplimiento estricto de la ley,

Muy vasta es la tarea de Gobierno que me espera, y muy variada y muy seria la labor legislativa impuesta a vuestra sabiduría. Espero que las contiendas políticas, tan legitimas y necesarias en la vida de un pueblo libre, no amengüen la eficacia del trabajo parlamentario. Este debe traducirse en hechos que afirmen el honor de los partidos, el adelanto político de Chile, y el patriotismo que alienta y realiza el progreso por el esfuerzo de todos los chilenos.

Como primer magistrado de la Nación y cumpliendo compromisos solemnes aceptados y sellados a la faz de la República, aplicaré mi voluntad toda entera a consumar esta útil e importante obra, que también es vuestra obra, confiando en la ayuda del pueblo, en vuestras luces, y en el auxilio de Dios, que nunca falta a los que como nosotros desean el bien y quieren la justicia.

Santiago, 1.° de junio de 1887

J.M. BALMACEDA

Sé levantó la sesión.

[1] La transcripción del presente texto correspondiente al Discurso Presidencial de S.E el presidente de la República señor José Manuel Balmaceda, la cual fue realizada a partir de los siguientes documentos:

1.- Diario de sesiones ordinarias de la Cámara de Senadores en 1887. Páginas 3-11. Disponible en: https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/46163/3/18870601.pdf

2.- Diario Oficial. Publicado el día miércoles 01 de junio del año 1887. Edición N°3.018. Páginas 1153-1160. Disponible en: https://www.diariooficial.interior.gob.cl/

3.- Discursos de José Manuel Balmaceda. Iconografía (Tomo II) cuya recopilación estuvo a cargo de los señores Rafael Sagredo y Eduardo Devés, del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Páginas 301-316.  Disponible en: https://www.bibliotecanacional.gob.cl/