¿Qué es la constitución y cómo está hecha?

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Sucesos extraordinarios y conocidos de vosotros han perturbado profundamente el bienestar público.

Se han roto las tradiciones de paz, de moderación y de sensatez que distinguían la política interna, y se ha quebrantado la lealtad de los marinos que debían obediencia para mantener el orden en el interior de la República y la seguridad exterior del Estado.

El 7 de Enero último la Escuadra surta en Valparaíso abandonó su fondeadero, desobedeciendo al Comandante General de Marina, contra-almirante Williams, y llevando a su bordo al Vice-Presidente del Senado y al Presidente de la Cámara de Diputados. Pocas horas después de haberse consumado este hecho sin precedentes en la historia naval de Chile, la Escuadra volvió a Valparaíso en plena revolución, sublevada contra sus jefes constitucionales, dirigida por marinos que en el día anterior no tenían mando de buque, y excitando al ejército y al pueblo a la rebelión contra las autoridades constituidas.

El ejército, fiel a las tradiciones de lealtad y honor que han robustecido el poder público y engrandecido a la Nación ante el mundo culto, permaneció en el puesto del deber.

El pueblo contempló con sorpresa la conducta de los marinos a quienes consideraban consagrados a mantener principalmente el prestigio exterior de la República; y simpatizando con la causa del orden y con el gobierno que había procurado instruirlo, fomentando activamente la enseñanza primaria, y enriquecerlo, mejorando sus salarios con la ejecución de obras superiores a las que habían emprendido todas las administraciones pasadas, se apresuró a enrolarse en el ejército y negó su concurso a los revolucionarios que pedían su favor e invocaban su nombre.

Después de más de tres meses de revolución, no ha habido ni un motín, ni una asonada, ni un solo movimiento popular en favor de la revuelta provocada por los marinos dueños del Océano.

La Escuadra no ha podido penetrar con sus huestes en el territorio poblado. de la República, allí donde existen grandes intereses sociales y verdadera opinión pública. Para operar con eficacia ha tenido que bloquear los puertos del del norte, bombardear e incendiar ciudades no fortificadas, y emplear contra la población cosmopolita de Tarapacá, más rigor y más fuego que el que Chile necesitó para conquistar ese territorio al dominio de una nación extranjera.

Incomunicadas las provincias con el centro, por el Océano que domina la Escuadra sublevada, y por los desiertos más dilatados y estériles del mundo, ha logrado, después de siete sangrientas batallas, apoderarse de la región salitrera de nuestro territorio.

No ha podido la Escuadra derrocar al gobierno constituido. Ha probado en cambio que tiene los recursos bastantes para trastornar el orden público que formaba el arca fundamental de las instituciones, y el valor suficiente para derramar la sangre de los chilenos y para llenar de desgracias y de aflicciones a la sociedad y a numerosísimos hogares.

No pudiendo la marina deliberar porque la Constitución se lo prohíbe, y debiendo siempre obedecer al Presidente de la República porque la Constitución se lo manda, se declaró, no obstante, a favor de la pretendida delegación del Congreso primero, para constituir después la dictadura militar que ha sometido a la supuesta delegación del Congreso.

Esta pretendida delegación no ha existido con título alguno para proceder a nombre del Congreso.

Después de Octubre último el Congreso no ha podido reunirse con arreglo a la Constitución, porque no había sido convocado para celebrar sesiones, y porque, en la órbita de nuestra estructura legal, era el Presidente de la República el único que tenía facultades para convocarlo.

Tampoco se reunió por acto propio y de hecho, porque desde Octubre en que se clausuró, hasta el 7 de Enero en que se produjo la revolución, no celebró ninguna sesión pública ni privada, ni sus presidentes invitaron a sesiones, ni los Senadores y Diputados recibieron las citaciones de estilo; porque no hubo discusión, ni acuerdo, ni votación; porque no se ha ejecutado acto alguno que reúna las condiciones sin las cuales no puede haber sesión de Congreso, ya sea ésta de derecho o simplemente de hecho.

Se dice que hay una acta suscrita por unos cuantos revolucionarios que eran miembros del Congreso; pero gran parte de los miembros de esta misma corporación no la conocen ni la han visto, y hasta este momento todos los chilenos la desconocen igualmente, porque siendo dicha acta el fruto de una resolución oculta, ha faltado a sus autores el valor para publicarla y exhibirla como documento que pudiera ser juzgado con el recto criterio del patriotismo chileno.

La verdad es que una porción considerable de los miembros de ambas Cámaras se insurreccionó el 7 de Enero contra la Constitución y las leyes, y que no se puede invocar la autoridad debida a los representantes del pueblo, porque trastornando el país y convirtiéndose de hecho en Poder Ejecutivo, dictatorial y en armas, ha producido una revolución demoledora de su propia existencia, de la paz, de la riqueza y del bienestar de Chile.

La revolución no ha sido engendrada por el pueblo, sino por círculos políticos con asiento en el Congreso, alentados por ideas distintas, con caudillos numerosos y diversos, y sin más relación que las ambiciones comunes a la dirección y al mando supremo del Estado.

Estamos sufriendo una revolución antidemocrática, iniciada por una clase social centralizada y poco numerosa, y que se cree llamada por sus relaciones personales y su fortuna a ser la agrupación predilecta y directiva en el gobierno chileno. De aquí nace su disconformidad de ideas y de sentimientos con el pueblo; y sobre todo con las provincias y departamentos extraños a la capital de la República, en donde todos los chilenos tienen una noción más clara de la igualdad política, de los deberes cívicos, y de las virtudes que elevan a los ciudadanos por su inteligencia y sus servicios.

Para apreciar con exactitud la dolorosa contienda en que nos encontramos comprometidos, es necesario caracterizarla por sus verdaderos antecedentes.

El conflicto ha sido engendrado por la ambición de los caudillos y de los círculos, por el fraccionamiento incesante del partido liberal, por el voto acumulativo, generador de partidos representados por simples individualidades políticas, y por el excesivo número de Senadores y Diputados en una nación con tres millones de habitantes.

El partido liberal ha carecido de la unidad de ideas, de dirección y de procedimientos, que lo hicieran por sí sólo apto para el Gobierno de Chile. Por esta causa ha necesitado siempre de fuerzas auxiliares, ya de los conservadores o de otros círculos políticos afines; no obstante la índole diversa y la dirección de caudillos, que han representado, por sus tradiciones y espíritu de absorción, tendencias esencialmente personales.

El excesivo número de Senadores y de Diputados y el voto acumulativo, han fomentado las desagregaciones del partido liberal, desorganizando los partidos tradicionales e históricos y produciendo en el Congreso una deplorable anarquía.

A favor de la incertidumbre política creada por la diversidad e inconsistencia de los círculos personales, se han desarrollado ambiciones esterilizadoras de la labor parlamentaria y encaminadas fatalmente a producir el trastorno general.

La administración del señor Errázuriz, tan enérgica y vigorosa durante casi todo su período, se encontró, en su conclusión, por obra del voto acumulativo, con un Congreso en el cual militaban seis agrupaciones diversas e individualidades sin filiación política determinada.

La administración del señor Pinto, sufrió las consecuencias de aquella dislocación de los hombres y de los partidos.

Las oscilaciones parlamentarias y los cambios ministeriales fueron frecuentes, de manera que, si no hubiera sobrevenido la guerra de 1879, aquella administración habría concluido en medio de los desastres que le preparaban los acontecimientos.

Las elecciones presidenciales han destrozado al partido liberal, y arrastrado a la República a situaciones en extremo peligrosas.

Al concluir el señor Pinto su período, no obstante el estado de guerra en que se encontraba, la escisión y la anarquía de los liberales para la designación del candidato a la presidencia de la República habrían provocado la revuelta, si el digno General Baquedano no hubiera eliminado su persona de la contienda electoral.

Cinco años después y al expirar la administración del señor Santa María, se produjeron en el Congreso, con motivo de la designación del candidato liberal, hechos singularmente graves.

Diversos círculos liberales unidos a los conservadores obstruyeron la ley de Contribuciones en Enero de 1886, y sólo por un acto de valor de la mayoría parlamentaria, pudo salvarse el régimen constitucional, venciendo de hecho la obstrucción y rompiendo las ligaduras del reglamento interno en aquella rama del Poder Legislativo.

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Elegido Presidente de Chile, cumplía a mi previsión y a mis deberes de primer mandatario del Estado, trazar la política y la línea de conducta que evitara a la conclusión de mi período legal, los peligros que amenazaron a las administraciones anteriores.

El gobierno exclusivo con las fracciones del partido liberal que me habían exaltado, podría conducirme involuntariamente al régimen del gobierno personal, y seguramente habría consagrado la coalición liberal-conservadora en la oposición. Por este motivo adopté una política de patriótica reconciliación en la cual tuvieran cabida, sobre la base del partido que me eligió, todos los liberales. Esperaba también que mi respeto a las personas y a la autonomía del partido conservador, facilitaría un gobierno de paz, de trabajo y de verdadero engrandecimiento nacional.

A este propósito obedeció la organización del Ministerio presidido por el señor Lillo; pero apenas transcurridos dos meses, se produjo un ruidoso desacuerdo entre los liberales de la Cámara de Diputados, y el partido que me eligió Presidente quedó en minoría, pasando una buena parte de sus miembros a obrar de acuerdo con la coalición liberal-conservadora.

El Ministerio del señor Lillo desapareció y se organizó el del señor Antúnez. Este se propuso unificar al partido liberal por la profesión de unas mismas ideas, de una misma dirección y de unos mismos procedimientos.

En aquellos instantes los nacionales declararon desde el seno del Gobierno y a la faz del país que su partido había dejado de existir para incorporarse sus miembros, como meras individualidades, en el partido liberal. A fin de hacer más práctica esta política y de dar a todos los liberales igual confianza, el Ministerio del señor Antúnez cedió la dirección del gobierno al que organizó el señor Zañartu, en el cual tuvieron representación todos los liberales.

En breve una porción considerable de los liberales a quienes representaban en el Ministerio los muy dignos y malogrados señores don Miguel Luis Amunátegui y don Manuel García de la Huerta, se sublevaron en la Cámara de Diputados contra sus propios caudillos y aprobaron un violento voto de censura propuesto por el partido conservador contra el Ministerio del señor Zañartu.

Apenas unidos todos los liberales, volvieron a fraccionarse y a dividirse de nuevo.

Consumadas las elecciones de 1888, la segregación de los liberales que habían permanecido unidos para usufructuar la paz electoral, se produjo en forma verdaderamente insólita. Los nacionales volvieron a levantar bandera de partido, después de haber asegurado en el Congreso una representación que no habían tenido desde que bajaron del poder en 1861. Por esta causa los liberales dispersos, los radicales y el partido liberal de gobierno, recobraron su antigua fisonomía y sus inevitables pretensiones.

El Ministerio de unificación del partido liberal desapareció antes que se reuniera el Congreso elegido bajo su dirección.

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La experiencia y mi natural adhesión al partido que me había elegido, me aconsejaban volver al centro político con que inicié la Administración, a fin de organizar con él un Ministerio de liberales en el cual los nacionales tuvieran una representación que no despertara los recelos y las resistencias de sus numerosos adversarios. Los nacionales se negaron a formar parte del Ministerio no obstante que su cooperación podía considerarse impuesta por el más obvio sentido político.

Desde esa fecha todos mis esfuerzos para la unificación del partido liberal han sido estériles.

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Desde Junio de 1888 hasta Octubre de 1889, las diversas fracciones del partido liberal y los círculos personales del Congreso, vivieron en querella permanente, agrediéndose y destrozándose en forma irreconciliable. Los que por ambiciones estaban divididos, se unieron al fin por ambiciones, para asegurarse definitivamente la mayoría del Congreso, y con ella el predominio absoluto en los consejos de Gobierno.

Deseando corregir un estado de cosas tan contrario a la tranquilidad pública, se organizó en Octubre de 1889 un Ministerio con el acuerdo de todos los liberales del Congreso. A los quince días se produjo nueva crisis. Reconstituido el Gabinete, sobrevinieron serios desacuerdos entre los círculos parlamentarios con motivo de las bases de convención para designar candidato a la Presidencia, y de votaciones en el seno de la Cámara de Diputados que hicieron pública la ruptura del Ministerio de coalición. Desde aquella fecha surgió entre la mayoría del Congreso y del Poder Ejecutivo una lucha que tenía por objeto subordinar la libertad y la acción del Presidente de la República a la voluntad y a los designios de una coalición compuesta de grupos políticos divididos, con caudillos y tendencias opuestas, pero todos unidos para abatir la dignidad y la autoridad del Jefe de la Nación.

Se daba como razón de estas exigencias extrañas una pretendida candidatura oficial a la Presidencia.

El distinguido ciudadano a quien se le imputaba gratuitamente el favor del Gobierno, renunció en Mayo último a toda adhesión de sus conciudadanos para exaltarle a la magistratura suprema y organizó un Ministerio que presidió él mismo a fin de dar testimonio práctico del público compromiso que contraía.

Aquel Ministerio fue censurado antes de ser oído en el Congreso, violándose así todas las conveniencias de honor y de respeto hasta ese instante guardadas a los representantes del Poder Ejecutivo en el seno del Parlamento.

Esta actitud sin precedentes en la historia del mundo, fue seguida por el aplazamiento de la discusión de la Ley que autoriza el cobro de las contribuciones, mientras el Presidente no sacrificara sus prerrogativas constitucionales, y no consintiese en nombrar Ministros de la elección y confianza del Congreso.

Este conflicto terminó por la renuncia del Ministerio de Mayo y la organización de otro compuesto de personas extrañas a la contienda política.

Tan patriótica solución estuvo a punto de frustrarse por la increíble exigencia para que prestara mi asentimiento a la pérdida de las rentas fiscales durante los cuarenta y tres días que estuvo aplazada la ley de contribuciones. Pero salvada la honradez administrativa y las rentas públicas, se constituyó el Ministerio del señor Prats y se promulgó la Ley de Elecciones formada por los círculos coaligados. En dicha ley establecieron ellos todas las disposiciones adecuadas para resguardar sus intereses de toda intervención posible de los agentes del Poder Ejecutivo.

Dictada la ley se hizo la inscripción de los electores en la más perfecta regularidad.

En este instante principió de nuevo la contienda.

Los círculos coaligados vieron prácticamente que no tenían en el país la mayoría de los contribuyentes para constituir el poder electoral, ni la de los electores.

Esta revelación de la superioridad de la fuerza electoral del partido liberal de Gobierno, aun con la ley que la coalición había aprobado en su beneficio, desconcertó a los coaligados e hizo vacilar al Ministerio de aquella fecha.

Era difícil observar en la práctica la política de neutralidad, por las inevitables exigencias de los partidos, y antes que emprender la lucha, el Ministerio dimitió.

Siguiendo sus consejos e inspirándome en los altos deberes que la situación imponía a mi amor a Chile y a la paz pública, pedí a los distinguidos ciudadanos señores Enrique S. Sanfuentes, Aníbal Zañartu y José Tocornal, que se acercaran a todos los partidos y círculos políticos pidiéndoles su cooperación para resolver en forma definitiva la cuestión política que agitaba los espíritus. Les pedí, en consecuencia, que la cuestión candidatura a la presidencia de la República se decidiese en una convención única, en el modo y forma que los partidos acordasen, pero recomendando por mi parte la conveniencia de que para la designación del candidato se exigiese una mayoría tan considerable de votos, que pusiera al Presidente de la República en la imposibilidad de intervenir directa ni indirectamente en los acuerdos de la convención.

Como consecuencia de la convención única se elegiría inmediatamente un Ministerio que fuera prenda activa de confianza para todos los partidos.

La idea sobre convención única fue aceptada por un momento y desechada inmediatamente después. Se me pidió por la mayoría de los círculos parlamentarios que organizara previamente el Ministerio.

Propuse en el acto un Ministerio en el cual figuraban tres personas de la más reconocida autoridad en la coalición de la mayoría parlamentaria, y otras tres del partido liberal de Gobierno, cuyos caracteres y antecedentes las hacían acreedoras al respeto de todos.

Esta base de organización ministerial fue también rechazada.

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Estos hechos parecen increíbles, y son, sin embargo, ciertos, públicos y conocidos de todos los chilenos.

La coalición de la mayoría parlamentaria quiso precipitarme del poder al cual me llamó el voto de mis conciudadanos, o que me sometiera incondicionalmente a sus designios. Después de su rechazo a todo acuerdo razonable, resolvió abrir al día siguiente nueva y violenta campaña parlamentaria.

Hube de clausurar el Congreso esperando que un instante de reflexión y de calma alentara en los círculos coaligados arreglos recíprocamente respetuosos y equitativos; pero el desborde estaba producido y hubimos de soportar sus deplorables consecuencias.

La Comisión Conservadora se convocó extraordinariamente y en ella se dio acceso a todos los miembros del Congreso, para, que contribuyeran a mantener discusiones que forman la página más triste de la historia parlamentaria de Chile.

No elevaré a la altura del puesto que desempeño, ni de la dignidad propia de este recinto, los propósitos y los desvíos producidos en el seno de aquella corporación. Prefiero cubrirlos con el silencio y el olvido que en las jornadas de la vida nos sostiene para no desesperar del patriotismo y de la virtud de los hombres.

III

 

El 1º y aun el 7 de Enero me encontré en las mismas condiciones en que se habían encontrado muchos de mis antecesores, y como me encontré yo mismo en 1887: sin ley de presupuestos y sin la que fija las fuerzas de mar y tierra.

No podía este hecho servir de fundamento a la revolución, porque se había repetido periódicamente en los años anteriores. La revuelta iniciada el 7 de Enero obedeció a la resolución adoptada de antemano por la mayoría de los círculos parlamentarios, que anhelaban su predominio incondicional y absoluto en la dirección del Gobierno.

Teniendo por la Constitución el deber de administrar el Estado y extender mi autoridad a todo cuanto tiene por objeto la seguridad interna de la Nación hube de asumir todo el Poder público necesario para contener la revuelta armada y la actitud de la mayoría del Congreso que sostenía el trastorno de las instituciones y del orden establecido.

He procurado reunir los elementos necesarios para defender y hacer triunfar el principio de autoridad en Chile, sin el cual nada sólido ni duradero podría emprenderse en el porvenir.

Las circunstancias nos han puesto en el penoso deber de inhabilitar por el arresto a los caudillos y a los agitadores de la revuelta, o por su alejamiento del teatro de los sucesos.

Siendo ocasionado a conflictos el funcionamiento de las Cortes de Justicia donde impera la revolución, y donde se desconoce al Gobierno constituido, porque aquella ejerce la dictadura militar y de hecho, y este tiene que practicar procedimientos discrecionales y extraordinarios, se ha resuelto la suspensión de los Tribunales Superiores mientras se normaliza el estado de cosas que tantos daños acarrea a la República.

Por fin, alentada y sostenida la revolución por la mayoría parlamentaria, se disolvió esta, por obra propia y de hecho, y se hizo indispensable convocar a los pueblos a la elección de un Congreso Constituyente.

Las elecciones han tenido lugar en perfecta paz, con regularidad y con un concurso diverso pero vigoroso de votantes en veinte de las veintidós provincias de la República.

Se han elegido treinta de los treinta y dos Senadores que forman el número total del Senado, y ochenta y ocho de los noventa y dos Diputados que se podían elegir en conformidad a los registros organizados según la última Ley de Elecciones.

IV

Cúmpleme ahora expresar los fines a que, según mi juicio, convendría se consagrase el Congreso Constituyente.

Si se hubiera realizado la reforma constitucional, amplia y acabada, que propuse a las deliberaciones del Congreso en el año anterior, habríamos echado los cimientos del Gobierno representativo, creado la provincia autónoma, y establecido sobre bases inamovibles la libertad e independencia de los poderes del Estado; habríamos abierto horizontes más dilatados al esfuerzo inteligente y ordenado de los partidos, y seguramente habríamos evitado la revolución.

Provocada la constituyente por la conflagración de causas bien determinadas, acaso es preferible una reforma moderada y dirigida a corregir las causas originarias del conflicto.

 

V

 

La licencia de la prensa ha llegado en nuestro tiempo a extremidades a que no se llegó jamás en ningún país de la tierra. No sólo el Gobierno y los hombres públicos, pero hasta la sociedad y las familias han sido arrastradas por el vendaval de las pasiones políticas. Ya en 1886 se había propuesto, por la misma oposición de aquella fecha, la reforma dirigida a corregir tan perniciosos abusos. Desde entonces la licencia se ha precipitado en la pendiente del escándalo, y ha llegado a ser una de las causas del trastorno que aflige a los chilenos pacíficos y honrados.

Juzgo que debe consagrarse el principio en virtud del cual todos tengan la libertad de publicar sus opiniones por la prensa sin censura previa. Pero al mismo tiempo no debe haber más delitos de prensa que los calificados de tales por el Código Penal, ni más justicia que la ordinaria para castigarlos en la forma establecida por las leyes comunes.

Así se consagrará la verdadera libertad de la prensa y la responsabilidad de aquellos que abusan de esta libertad para ofender sin razón o sin verdad el derecho o la dignidad ajena, o la moral pública.

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Siendo las leyes constitucionales de presupuestos, de contribuciones, de residencia del ejército en el lugar de las sesiones del Congreso, y de fijación de las fuerzas de mar y tierra, de orden público y necesarias a la existencia del Poder Ejecutivo, no debe quedar al arbitrio de uno de los poderes del Estado la facultad de dictarlas o no, o sea de absorber a los otros poderes, constituyendo la dictadura de hecho.

Las atribuciones deben ser permanentes, y su derogación o modificación debe hacerse por leyes en la forma ordinaria y únicamente con relación a la igualdad del impuesto y a la conveniencia nacional.

La ley de residencia de las fuerzas a diez leguas del lugar de las sesiones del Congreso, en esta época en que las distancias desaparecen por las diversas líneas férreas unidas a la capital, es innecesaria, y la ley que debe fijar cada dieciocho meses las fuerzas de mar y tierra carece de objeto, desde que la ley anual de presupuestos determina la suma destinada a los diversos servicios del ejército y de la marina.

La sola ley anual en estas materias debería ser la de presupuestos, y constaría de los gastos fijos y de los imputables a leyes especiales, y de los gastos variables. Los primeros servirían para determinar la suma total del presupuesto, y no se discutirían. Los gastos variables serían los únicos sometidos a discusión.

La ley de presupuestos sería discutida y aprobada por el Congreso en el período ordinario de sus sesiones, y cuando por cualquiera circunstancia esto no sucediera, se tendría por aprobada la ley vigente en el año anterior.

Esta forma de presentar y de discutir los presupuestos es la adoptada en los países más cultos y aun en algunos de aquellos en donde impera el más severo régimen parlamentario.

No debe aceptarse en caso alguno que el Congreso o la mayoría de sus miembros, puedan excusarse de discutir y aprobar los gastos fijos y de carácter permanente, y los que proceden de leyes anteriores aprobadas por el mismo Congreso. La facultad de suprimir o no aprobar estos gastos supondría la desorganización y el desquiciamiento público. No sucede lo mismo con los gastos variables, sobre los cuales cabe la más amplia libertad de discusión y de criterio. La discusión o la negativa de éstos puede ser un medio de influencia prudente e indirecto en los consejos de Gobierno, pero nunca un elemento de perturbación de la paz pública y de trastorno del orden establecido.

La crítica parlamentaria, la negativa para autorizar los gastos variables y la acusación a los Ministros cuando infrinjan la Constitución o las leyes, son los medios con que en el régimen representativo, de libertad e independencia de los poderes públicos, puede el Poder Legislativo influir, moderar o separar a los Ministros de la dirección de los negocios públicos.

Cuando impere en Chile una reforma así concebida, la paz de los poderes del Estado se habrá establecido y consolidado para siempre. Será también la única manera cómo los Gobiernos de Chile se desinteresen en las contiendas electorales.

Es un error profundo creer que el cambio de hombres en el gobierno altere las tradiciones y el modo de ser político de los partidos en Chile. Los más decididos sostenedores de la prescindencia del Gobierno en las elecciones, lo han sido y lo son mientras están alejados del poder. Puedo hacer esta afirmación con el convencimiento adquirido en una larga experiencia y por el conocimiento directo de los hombres y de los partidos en este país.

Ni la ley de elecciones más sabiamente concebida, ni los propósitos más rectos, ni la comuna autónoma, cambiarán el sistema ni la naturaleza de las cosas. La comuna autónoma será en manos del Gobierno o del párroco el instrumento de intervención electoral más poderoso que pudiera escogitarse para frustrar la libertad del sufragio.

Cesarán los gobiernos de intervenir en las elecciones de Chile, en el modo y forma que lo quieren los que sinceramente desean el Gobierno del pueblo por el pueblo, cuando la existencia del Poder Ejecutivo dependa únicamente de la Constitución y de las leyes, y no fluctúe a favor de las pasiones o de las corrientes de intereses de las mayorías inestables y pasajeras de Congresos, sin partidos organizados, sin cohesión, ni disciplina.

Mientras el Poder Ejecutivo necesite del favor anual del Congreso para su permanencia, y mientras los caudillos y los círculos personales puedan, por combinaciones de ocasión, organizar mayorías para derribar o levantar Ministerios, será una quimera esperar la prescindencia absoluta del Poder Ejecutivo en la formación de Congresos, de los cuales depende indirectamente su propia existencia.

Cuando el Presidente de la República y los Ministros de Estado no dependan del Congreso, en lo que constituye la propia estabilidad del Poder Ejecutivo, y puedan gobernar sin más sujeción que la impuesta por la Constitución y las leyes, y puedan vivir y servir a la República sin más interés que el de la prosperidad común, llegará la hora suspirada de la libertad electoral.

No habrá Presidentes ni Ministros que quieran exponerse a los azares de la lucha, y que voluntariamente se comprometan en una contienda que no puede afectar a la vida y a la existencia normal del Poder Ejecutivo.

Esta es, a mi juicio, la manera de corregir las causas originarias del conflicto que hoy deploramos.

No lo olvidéis vosotros, señores Senadores y Diputados, ni lo olviden mis conciudadanos, cualesquiera que sean los destinos que nos tenga reservado el porvenir: es esta la única manera de restablecer la cordialidad entre el Congreso y el Ejecutivo, el equilibrio entre los poderes públicos, la libertad y la responsabilidad de los funcionarios que los sirvan y desempeñen.

Si no se realizara la reforma en el sentido que tengo el honor de indicaros, vuestra obra no sería duradera y muy luego el tiempo borraría las huellas de vuestro paso por el recinto de las leyes.

La contienda actual habrá de terminar algún día, y es necesario que después de los sufrimientos que ella ha impuesto a vuestras convicciones o a nuestros deberes, se encuentre asegurada la paz de los poderes públicos, en forma regular y definitiva.

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La supresión del Consejo de Estado es otra reforma aconsejada y sostenida por todos los partidos políticos.

No corresponde esta institución al régimen representativo y en consecuencia debe eliminarse en conformidad al sistema que se pretende implantar.

Las diversas cuestiones de jurisdicción o competencia entre el Presidente de la República y sus agentes y el Poder Judicial, o entre el Poder Legislativo y los Poderes Ejecutivo y Judicial, acerca de la constitucionalidad de las leyes, han creado conflictos muy serios, y por último el que ha provocado la convocatoria de la Constituyente.

Sería conveniente crear un Tribunal especial compuesto de tres personas nombradas por el Presidente de la República, de tres nombradas por el Congreso, y de otras tres nombradas por la Corte Suprema, para dirimir sin ulterior recurso los conflictos entre poderes en los casos y en la forma que la Constitución establezca.

No es natural, ni justo, que en los conflictos de poderes sea alguno de éstos el que se pronuncie y resuelva, porque se establece una supremacía de autoridad con menoscabo de las otras, ni habría jamás conveniencia en que uno sólo de los Poderes públicos sea únicamente juez, siendo al mismo tiempo parte.

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La organización del Poder Judicial requiere acaso vuestra más seria consideración y estudio.

Pero consideradas las circunstancias excepcionales que nos rodean, me limito a enunciar aquellas reformas sin las cuales la contienda de hoy habría de repetirse periódica e inevitablemente después.

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Son estas reformas cardinales las que estimo impuestas por los acontecimientos.

Si en la presente contienda nos limitáramos a vencer a los adversarios del Poder constituido, nuestra obra sería pequeña o indigna de hombres de Estado. Nuestro deber es reconquistar el orden público perturbado, y dar, por disposiciones constitucionales permanentes, solución racional y legal, a los conflictos pasados, y prevenir los futuros.

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Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

No pretendo enumerar los trabajos de la administración que me ha cabido el honor de presidir. De ellos pueden dar testimonio todos mis conciudadanos.

No hay un solo departamento de nuestro territorio que no haya recibido su parte de beneficios en la distribución de la actividad y de las riquezas del Estado.

He procurado la solución tranquila y equitativa de las graves y numerosas cuestiones que afectan a las relaciones exteriores, y he mantenido con Su Santidad y los representantes de la Iglesia de Chile una política de cordialidad y el más absoluto respeto.

Durante el ejercicio de mis funciones he consagrado todos los instantes de mi vida al progreso, al enriquecimiento ‘de mis conciudadanos y a la grandeza de la República. Debo mi reconocimiento a todos aquellos que en la dirección del Gobierno han concurrido a realizar mi vasta y activa labor. La debo muy especial a todos aquellos que en las horas difíciles y de prueba me han consagrado amistad y consecuencia, cuyo recuerdo conservaré como generosa recompensa a las decepciones que he tenido que sufrir en el Gobierno político de la Nación.

Aún tengo que decir al ejército y a los marinos que permanecen fieles a sus jefes constitucionales, que siempre los encontré en el camino del honor, y que con su lealtad y abnegación salvarán al Gobierno actual y serán el escudo más seguro de las administraciones futuras. Siempre merecerán confianza los que mantuvieron intacta la subordinación y disciplina militar.

Muchos buenos, al mando del valiente coronel Robles y de sus compañeros Villagrán, Méndez y Ruminot, han caído noblemente en el campo de batalla. Su sangre será fecunda porque muchas veces las instituciones de los pueblos no se mantienen y consolidan sino por el sacrificio de sus defensores.

Como nosotros, las generaciones venideras los señalarán como víctimas generosas, y como ejemplo que el soldado debe siempre seguir en el cumplimiento de sus deberes militares.

Próximo a dejar el poder, volveré a la vida privada, como llegué al Gobierno, sin odios y sin prevenciones, extrañas a la rectitud de mi espíritu, e indignas de un Jefe de Estado.

Es cierto que pocos gobernantes han tenido que sufrir como yo agravios más inmerecidos y más gratuitas inculpaciones. Nunca he perdido por esto la serenidad de mi espíritu y la perfecta tranquilidad de mi conciencia. Estoy acostumbrado a afrontar las injusticias de los hombres.

Después de los furores de la tormenta vendrá la calma, y como nada duradero puede fundarse por la injusticia y la violencia, llegará la hora de la verdad histórica, y los actores del tremendo drama que se consuma sobre el territorio de la República, tendrán la parte de honor, de reprobación o de responsabilidad que merezcan por sus hechos.

Descanso tranquilo en el favor de Dios, que preside los destinos de las Naciones y que ve distintamente el fondo de nuestras conciencias. Él se ha de servir alumbrar el patriotismo de los chilenos y trazar a vuestra sagacidad y sabiduría los senderos que conducen al afianzamiento del orden y a la solución final de las desgracias y de la contienda que hoy dividen a la familia chilena.

Hoy, día 1º de Enero de 1891, me encuentro gobernando a Chile en las mismas condiciones que durante todo el mes de Enero y parte de Febrero de 1887; sin ley de presupuestos y sin que se haya renovado la ley que fija las fuerzas de mar y tierra.

Todos los Presidentes desde 1833 hasta la fecha, con excepción de uno solo, hemos gobernado la República durante años, meses o días, pero siempre por algún tiempo, sin ley de presupuestos y sin la que fija las fuerzas de mar y tierra.

Nadie había creído hasta este momento que los Presidentes constitucionales de esta Nación culta y laboriosa, nos hubiéramos convertido en tiranos o dictadores, porque en los casos de omisión voluntaria, negligencia u otro motivo, para cumplir el Congreso con el deber ineludible de concurrir oportunamente a la formación de las leyes de presupuestos y que fijan las fuerzas de mar y tierra, continuaremos, en obedecimiento a un mandato fundamental expreso de la Constitución, administrando el Estado y extendiendo nuestra autoridad a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior, y la seguridad exterior de la República.

Los artículos 50 y 72 de la Constitución dicen así:

«Art. 50. Un ciudadano con el título de Presidente de la República de Chile administra el Estado y es el jefe supremo de la Nación.

«Art. 72. Al Presidente de la República está confiada la administración y Gobierno del Estado; y su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad exterior de la República, guardando y haciendo guardar la Constitución y las leyes».

Por estas prescripciones se radica en el Presidente de la República toda la suma de autoridad constante y necesaria para asegurar el sosiego social, la conservación del orden y la seguridad exterior de la República.

El artículo 28 de la Carta dice:

«Sólo en virtud de una ley se puede:

«2º Fijar anualmente los gastos de la administración pública;

«3º Fijar igualmente en cada año las fuerzas de mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra.

«Las contribuciones se decretan por sólo el tiempo de dieciocho meses, y las fuerzas de mar y tierra se fijan sólo por igual término».

Para la formación de la ley de presupuestos y la que fija las fuerzas de mar y tierra, deben de concurrir el Presidente de la República, el Congreso y el Consejo de Estado. No son estas leyes de atribución exclusiva del Congreso y en consecuencia, no pudo éste, sin faltar a sus elementales deberes, frustrar un mandato constitucional, que afecta a los fundamentos mismos sobre que descansan los poderes públicos. Tampoco puede el Congreso frustrar el cumplimiento de este deber por el Presidente de la República, porque a la formación de las leyes que interesan a la seguridad y administración del Estado, cada poder debe cumplir oportunamente las obligaciones impuestas para el funcionamiento regular de las instituciones.

Esta es la índole y esta es la letra de la Carta Fundamental.

La Constitución de 1833 fue el triunfo definitivo del partido conservador que la sancionó, sobre el partido liberal que había promulgado la de 1828. Bajo el imperio de esta Constitución se desquició la República, por cuanto ella se anticipó, con su exceso de descentralización y de libertades, al progreso y a la situación social y política de la época.

No pensaron jamás los Constituyentes de 1833 que para dominar al Presidente de la República o absorber la dirección y gobierno del Estado, pudiera una mayoría del Congreso frustrar la oportuna aprobación de las leyes constitucionales, y perturbar así el orden público, excitar las pasiones políticas y engendrar la anarquía.

El Presidente Prieto fijaba los propósitos de los autores de la Constitución de 1833, dirigiéndose a los pueblos, en los siguientes términos:

«Despreciando teorías tan alucinadoras como impracticables, sólo han fijado su atención en los medios de asegurar para siempre el orden y tranquilidad pública contra los riesgos de los vaivenes expuestos. La reforma no es más que el modo de poner fin a las revoluciones y disturbios a que daba origen el desarreglo del sistema político en que nos colocó el triunfo de la Independencia. Es el medio de hacer efectiva la libertad nacional, que jamás podríamos obtener en su estado verdadero mientras no estuviesen deslindadas con exactitud las facultades del gobierno y se hubiesen opuesto diques a la licencia».

Si la Constitución de 1833 tuvo por objeto capital robustecer vigorosamente el principio de autoridad y de concentrar en el poder ejecutivo la suma necesaria de poder para aniquilar las revoluciones y la licencia, no se concibe como se pretende anular al Presidente de la República al negarle las leyes sobre las cuales reposan la vida, el crédito y la estabilidad de las instituciones.

No se pueden dictar leyes sin el asentimiento del Jefe de Estado, porque éste tiene por los artículos 35, 36 y 47 de la Constitución la facultad de vetarlas parcialmente, esto es, en forma absoluta. No puede entonces sostenerse por el Congreso que en el ejercicio de sus atribuciones legislativas pueda imponer al Presidente la dirección y el gobierno de Chile, porque esta pretensión es inconciliable con las prerrogativas del jefe de la Nación e incompatible con la libertad, la independencia y la responsabilidad de los poderes constitucionales de Chile.

Las atribuciones del Congreso sobre el poder ejecutivo son meramente fiscalizadoras, de crítica o de acusación de los ministros durante el tiempo de sus funciones y hasta seis meses después; o de acusación al Presidente de la República cuando haya concluido su período legal.

Estas son las armas que la Carta ha puesto en manos del Congreso para contener los abusos del Presidente y sus ministros. Pero no puede deducirse de aquí la pretensión extraordinaria de paralizar la marcha constitucional, de atentar contra el ejército y la armada, o contra la administración pública, porque el Presidente no abdica el derecho de nombrar libremente a sus ministros, o porque no se somete a los designios de la mayoría legislativa,

Ni en la sesión ordinaria ni en la prorrogada de Septiembre, ni en la extraordinaria de Octubre, se aprobaron las leyes de presupuestos y las que fijan las fuerzas de mar y tierra.

Se clausuró el Congreso en Octubre, es verdad, pero por motivos que expondré en el orden de las ideas y de los hechos que me propongo enunciar.

No he convocado después al Congreso, porque en el ejercicio discrecional de mis atribuciones más privativas, debía convocarlo según el juicio o el criterio que yo formara acerca de la actitud que asumiría la mayoría parlamentaria.

Esta actitud ha sido conocida de todos.

En nombre de un pretendido régimen parlamentario, incompatible con la República y el régimen popular representativo, que consagra la Constitución, se ha querido, por causas exclusivamente eventuales, adueñarse del gobierno por ministros de la confianza de la mayoría del Congreso.

En la prensa y en actos oficiales de la coalición, se ha declarado en términos lo más perentorios, que la mayoría del Congreso tiene el derecho de no cumplir con el deber constitucional de aprobar oportunamente las leyes que afectan. a la existencia misma del Estado, y que se puede precipitar a Chile a la revolución y a la anarquía, si el Presidente no le entrega por Ministros de su confianza la dirección y el gobierno de la Nación.

Ni como chileno, ni como Jefe de Estado, ni como hombre de convicciones podía aceptar el rol político que pretendía imponerme la coalición parlamentaria.

La mayoría del Congreso ha podido infringir la Constitución, dejando sin aprobación las leyes de presupuestos y que fijan las fuerzas de mar y tierra; ha podido excitar al ejército a la desobediencia de sus jefes jerárquicos, y estimular al pueblo indiferente o desdeñoso, a que emprenda la revolución para salvarlo de la situación moral y política a que le han precipitado sus errores; ha podido decir que el Presidente de la República empuña la dictadura, porque no se ha sometido a la dictadura parlamentaria, y porque no ha entregado las riendas del gobierno a los mismos que lo vituperan y desnaturalizan sus actos y propósitos; ha podido, en sus desvíos, proclamar la revolución en el palacio de las leyes. Pero ni sus omisiones voluntarias, ni las agresiones que han cubierto de opropio el recinto de sus sesiones, ni las irregularidades creadas a los servicios nacionales, me excusan de cumplir inexorablemente con el deber constitucional impuesto a mi mandato por los artículos 50 y 72 de la Constitución.

No puedo dejar, ni por un solo instante, de administrar el Estado y conservar el orden público y la seguridad exterior de Chile.

Tengo de deber de observar y hacer observar la Constitución. Porque estoy dispuesto a observarla no entregaré a mis conciudadanos a la anarquía; y porque debo hacerla observar, no aceptaré jamás que el Congreso desconozca mis atribuciones o se arrogue la soberanía o tome el título de la representación del pueblo, porque esta sería una infracción del artículo 150 de la Constitución, que el mismo artículo califica de sedición.

No ha cumplido la mayoría del Congreso ni ha tenido la voluntad de cumplir el deber constitucional de aprobar las leyes de presupuestos y de las fuerzas de mar y tierra. Ha librado las instituciones a los azares de una situación excitada por círculos personales divididos entre sí, con doctrinas opuestas, con distintos caudillos, con ambiciones diversas, y en todo caso irresponsables.

Si a juicio de la mayoría del Congreso, su omisión deliberada para la aprobación de las leyes que afectan a la vida nacional, crea al Presidente de la República un estado de cosas irregular, no por eso tiene nadie en Chile, ni los poderes públicos, el derecho de provocar la revolución.

Aún en el supuesto que sean imputables al Jefe de la Nación los desvíos de la mayoría del Congreso, no puede proclamarse la revuelta. La Constitución ha contemplado el caso de que el Presidente de la República o sus Ministros infrinjan la Constitución y las leyes, y para esta eventualidad ha previsto en los artículos 74, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92, el modo y forma en que únicamente puede hacerse responsables al Presidente y a los Ministros.

Todo otro procedimiento es atentatorio y revolucionario.

En obedecimiento a la Constitución debo administrar el Estado y mantener el orden interior y la seguridad exterior de mi patria, y en consecuencia conservaré el ejército y la armada y pagaré los servicios que constituyen la vida social y la existencia misma de la República. 

II

 Es conveniente examinar en sus rasgos más generales y comprensivos los antecedentes de esta hora verdaderamente histórica.

Elegido Presidente en 1886, procuré el acuerdo patriótico de todos los miembros de la familia liberal dividida; sobre la base de una dirección política, de una misma doctrina y de unos mismos procedimientos. Era también base de esta política el más perfecto respeto al partido conservador.

Nunca se hicieron esfuerzos más perseverantes por la unificación del partido liberal. Olvidé la violencia de pasadas luchas, y llamé al ejercicio del gobierno a todos los liberales que combatieron mi exaltación al mando supremo. Los nacionales declararon públicamente, por sus representantes en el gobierno que ingresaban a las filas del partido en las condiciones comunes a todos sus miembros. Los liberales sueltos aceptaron también. la política de unificación y declararon que en lo sucesivo se considerarían como individualidades del partido liberal.

Pasaron las elecciones de 1888, y ya constituido el Congreso, se produjo en el ministerio, con motivo de una crisis parcial, un desacuerdo ruidoso entre nacionales y sueltos. Después de elegidas las Cámaras resultó que los nacionales se habían quedado nacionales, y una parte de los sueltos volvió a ser lo que antes habían sido.

Desde ese instante no fue posible ya organizar ministerio que asegurase la quietud del partido liberal. Los nacionales se excusaron de tomar parte.

Mi condescendencia para corregir estos errores y servir a la unión de todos los liberales, me llevó hasta la organización del Ministerio de Octubre de 1889. En él di representación a cinco partidos liberales, con caudillos y dirección diversa, y habiendo llegado a formarse uno de estos partidos con sólo cuatro Diputados y cuatro Senadores.

Mas no por esto hubo acuerdo en el Ministerio de Octubre, ni en los círculos del Congreso que representaba. Algunos de los partidos liberales acordaron en Enero del año que acaba de expirar bases de Convención para designar el candidato del partido liberal a la Presidencia de la República, con prescindencia del partido que tenía mayor representación numérica en el Congreso y de los liberales más caracterizados de las provincias; y sin delegados departamentales, para dar, por este medio, a los círculos santiaguinos la solución del problema electoral, con manifiesto olvido de los principios sustentados por el partido y del respeto debido a la opinión general del país.

La ruptura de los partidos liberales se hizo pública, y tuvo manifestaciones odiosas en la Cámara de Diputados, produciéndose por esta causa la crisis de Enero anterior.

Jamás el desborde de la palabra y de la prensa tuvo caracteres más violentos y oprobiosos. Se quiso concluir con el respeto debido a las autoridades y levantar a la mayoría parlamentaria como la única digna de la adhesión de los chilenos.

Al abrirse el Congreso en 1º de Junio último, don Enrique Salvador Sanfuentes, haciendo acto de caballero y de patriota, asumió el ministerio del interior y declaró en el Congreso y fuera de él que su pretendida candidatura a la presidencia, quedaba eliminada irrevocablemente. Llamé a todos al acuerdo generoso y honrado, ya que se daba como única causa del desacuerdo del partido liberal, la supuesta candidatura oficial.

Pero nada oyeron los que no querían oír.

El ministerio del señor Sanfuentes fue violentamente censurado antes de ser oído en ambas Cámaras. No hubo el respeto, ni la libertad de defensa, ni siquiera la cortesía que la Cámara de Diputados dispensó siempre a los representantes del Ejecutivo. Fue necesario abandonar el Congreso, con la tristeza que producen los errores que menoscaban el prestigio moral y la autoridad de los poderes constituidos.

La coalición parlamentaria suspendió en Julio el cobro de las contribuciones, haciendo de esta ley de vida nacional un arma ofensiva que fue esgrimida en forma que no lo ha sido jamás por ningún Congreso del mundo.

Terminado el conflicto por la renuncia del ministerio Sanfuentes y la reorganización del presidido por el señor Prats, levantó este sobre los combatientes la bandera de neutralidad política que a todos favorecía igualmente.

La política de neutralidad fue observada fielmente.

Los partidos se organizaban y emprendían los trabajos que pudieran alentar los propios adeptos. Pero la política de neutralidad envolvía un serio peligro para una parte considerable de la coalición parlamentaria. No tenía ésta adhesiones apreciables sino en señaladas poblaciones, carecía de pueblo que la sustentara, y por más numerosa que fuese en el Congreso, no tenía posibilidad de sostener la situación que anhelaba bajo el imperio de la neutralidad proclamada.

Por esto la mayoría del Congreso entorpeció la aprobación de la ley que fija las fuerzas de mar y tierra; y por esto se manifestó en los círculos, y aún a miembros del Gobierno, que sólo se darían los presupuestos mensualmente, y que la desconfianza se mantendría en todo su vigor mientras no tuviera influencias más positivas en la dirección del gobierno.

El ministerio del señor Prats no luchó, ni quiso luchar, sacudido al fin por los recelos de la mayoría parlamentaria, a la cual no podía satisfacer sino rompiendo la neutralidad en daño del partido liberal que en todas las horas difíciles venía sosteniendo al gobierno, dimitió.

Por sugestión patriótica de este ministerio y por el propio y muy vivo deseo de hacer el último esfuerzo para la pacificación del Congreso y la unión de todos los liberales, propuse, por medio de los respetables caballeros señores don Enrique Salvador Sanfuentes, don Aníbal Zañartu y don José Tocornal, la convención única para designar candidato a la Presidencia de la República.

Manifesté que las bases de la convención debían ser discutidas; pero yo me permitía expresar a todos el deseo de que la convención no tuviera programa para que pudieran concurrir a ella los conservadores, ya que estaban unidos por intima amistad y consorcio con los nacionales, los radicales y los liberales sueltos; y solicité, por fin, que el número de votos necesarios para proclamar candidato fuese de dos tercios, de tres cuartos o de cuatro quintos, o de cuanto se quiera, siempre que por el número requerido de votos se comprobase la imposibilidad en que el Presidente de la República quedaría para influir en la designación del candidato.

No podía hacer más.

Si la causa ostensible del desacuerdo político era la suposición gratuita de que yo sostenía y amparaba un candidato oficial, esa causa desapareció en forma absoluta, desde el momento en que ofrecí a la coalición, con previo asentimiento del partido liberal que me venía prestando concurso, que fijara ella la cuota de votos que se necesitara para designar candidato, aceptando de antemano el número que se juzgase necesario para destruir toda la influencia oficial, y que me asegurase, por esto mismo, la quietud del gobierno por el tiempo que aún quedaba a mi mandato constitucional. No concibo qué otro medio más eficaz ni qué prueba más concluyente podía yo haber dado de mí respecto a la opinión de todos, y de mi voluntad de aceptar la resolución de los partidos y de concluir mi gobierno en paz.

Pero la Convención única aconsejada por el Ministerio del señor Prats, aceptada y sostenida por mí en forma tan satisfactoria para la coalición, fue acogida por un instante y rechazada al día siguiente.

¿Sobrevino acaso la vacilación entre los numerosos aspirantes a la Presidencia en las filas de la coalición, o comprendieron la anarquía a que podían ser arrastrados por las ambiciones de sus propios caudillos? ¿O la Convención única y la designación del candidato con prescindencia oficial eran cuestiones subalternas, porque la principal sino la sola y única cuestión, era adueñarse de las influencias oficiales que tanto se impugnaban?

Los hechos hablan con poderosa evidencia.

Se rechazó la Convención única y se pidió la organización ministerial.

Si se hubiera aceptado la convención única, habría organizado en seguida, libre ya de sugestiones odiosas, un ministerio de todos los partidos, que desde el gobierno diera a todos ellos garantía de mi imparcialidad y prescindencia electoral. Pero no se quería la solución tranquila y respetuosa entre los poderes públicos, ni la prescindencia electoral del gobierno sino el dominio incondicional y absoluto del Congreso.

Accedí, sin embargo, a la coalición y formé una combinación ministerial, en la cual figuraban don Zorobabel Rodríguez, por los conservadores; don Manuel Amunátegui, especialmente relacionado con sueltos y radicales; don Darío Zañartu, tan íntimo amigo de los nacionales como de los liberales adheridos a estos y los señores Claudio Vicuña, Lauro Barros y Fernando Lazcano, personas de la más perfecta honorabilidad, y cuyos antecedentes y rectitud de espíritu eran prenda de paz para amigos y adversarios.

Esta combinación fue rechazada por los partidos de la coalición, como había sido antes rechazada la convención única.

La situación quedó definida.

Se quería que abdicase o que me sometiera a la coalición parlamentaria.

Y para llegar más rápidamente a estos resultados extremos se había acordado por la Comisión respectiva de la Cámara de Diputados y por la coalición, el desafuero del Consejero de Estado, señor don Gabriel Vidal. También se acordó reformar el reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de que sólo hubiera plazos fatales para votar los gastos fijos del presupuesto, dejando los variables al éxito incierto de discusiones indefinidas. Se resolvió, por fin, acusar al Ministerio de Mayo, no obstante haberse desechado en Agosto la proposición de acusación. No se quería Convención única, ni Ministerio de acuerdo y de respeto entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo: se quería hacer imposible el gobierno y arrojarme del puesto para que me eligieron mis conciudadanos, por los mismos que se decían elegidos Senadores y Diputados por mi intervención oficial en 1888, y a muchos de los cuales había cubierto de honores y de beneficios!

Por honor, por deber, por convicción intima de lo que es y debe ser el gobierno de Chile, y porque se me provocó a un duelo irrevocable, clausuré el Congreso y arrostré toda entera la responsabilidad de los acontecimientos.

Era de esperar que la coalición se hubiera dado un instante de reposo para dar cabida a inspiraciones más equitativas, a la reflexión y al tacto con que deben proceder los políticos que tienen ambiciones legítimas y razonadas. Pero la coalición se lanzó a la Comisión Conservadora.

En ella acordó quebrantar la constitución y la ley, dando participación en sus debates a personas extrañas a ellas. Se nombraron comisiones de intervención electoral para que recorrieran campos y departamentos, y estas comisiones fueron formadas por los mismos interesados en la contienda electoral y por personas sin derecho para figurar en la Comisión Conservadora. Se resolvió funcionar sin quórum legal. Se han dictado resoluciones arbitrarias y opuestas a las doctrinas sustentadas oficial y públicamente por los mismos miembros de la Comisión. Se han empleado todas las armas de combate, y se ha hecho del palacio del Congreso un recinto de los más deplorables extravíos políticos.

Esta decadencia política ha autorizado alianzas personales y de intereses en las cuales han zozobrado las ideas y la filiación misma de los partidos.

Las exigencias del momento arrastraron a los liberales a la diminuta fracción conservadora del Congreso, y delante de ella plegaron banderas y fueron a sostener, al lado de los caudillos conservadores, ideas enteramente contrarias a las que como liberales habían sostenido en materia electoral, y sobre todo en orden al régimen municipal. Los mismos que habían combatido a los caudillos y las ideas conservadoras, se presentaron unidos al partido conservador y sosteniendo calurosamente todo lo contrario de lo que como liberales habían sostenido pocos meses antes en el Gobierno y en el Congreso.

La ley electoral que liberales de oposición y conservadores prepararon en otoño último, fue aprobada en términos abiertamente inconstitucionales.

Muchos Senadores suplentes cuyo mandato expiraba en este año, se lo prorrogaron por tres años más, por obra propia y a favor de las dificultades políticas producidas en aquellos momentos. Se resolvió acumular departamentos para la elección de Diputados, contra la inteligencia constante dada. al precepto fundamental por los políticos de Chile durante cincuenta y siete años. Se acumularon provincias para la elección de Senadores, resolviendo el Congreso de 1890 todo lo contrario de lo que por votación expresa resolvió sobre la materia el Congreso que hizo la reforma constitucional.

En la práctica la ley ha probado la absoluta falta de estudio y de experiencia de sus autores. Es un cúmulo de errores y de imprevisiones que hube de aceptar para no suscitar dificultades a la política de neutralidad proclamada por el Ministerio del señor Prats.

En lo que se refiere al proyecto de ley de Municipalidades, puede afirmarse que, en el orden constitucional de un país y contemplada su condición social, política y económica, no se ha elaborado jamás un proyecto con disposiciones más extrañas ni que pruebe más evidentemente la falta de ciencia, de observación práctica, de respeto a la Carta que rige los destinos de la Nación, a la justicia económica y a la conveniencia nacional. Fue aquel un proyecto de ley de circunstancias, sobre el cual, por intereses políticos del momento, llegó a acordarse casi por todos una ley contraria a la convicción de todos.

No carecen los liberales de la ciencia y de la experiencia necesarias para formar claro concepto de aquella obra singular; pero la necesidad de mantenerse unidos a los conservadores para impugnar al partido liberal y someter al Presidente de la República, les ha hecho olvidar sus convicciones y su pasado, y ponerse incondicionalmente al servicio de la diminuta fracción del partido conservador en el Congreso.

Es necesario reconocer que en todas estas evoluciones el verdadero interés público ha caído a los pies de los que sostienen el predominio de la coalición parlamentaria. Así sucedió también en Agosto cuando la coalición pretendía que el Estado perdiera los seis u ocho millones de pesos que importaban las contribuciones no pagadas durante los cuarenta y cuatro días que la misma coalición suspendió arbitrariamente su cobro.

Así zozobraban las buenas ideas, la sana doctrina, la prudencia, la moderación y el patriotismo con que siempre deben ser contemplados los grandes problemas sociales o políticos del Estado.

Se ha dejado entre tanto perecer en los archivos del Congreso los proyectos de ley que presenté para mejorar los sueldos del ejército y la armada, del poder judicial, de los empleados de aduanas y las tesorerías fiscales, y de la instrucción pública. Tampoco se han aprobado las leyes sobre caja de ahorros para los empleados públicos, de previsiones, de agua potable, de construcciones de desagües para las grandes poblaciones, de ferrocarriles para Putaendo, Nacimiento, Cerrillos de Ovalle, y tantas otras dirigidas al progreso y al bienestar público.

Toda la política de la coalición ha estado dirigida en la última época a demoler las instituciones y a apoderarse del Gobierno de la Nación.

Sólo así se explica la alarma esparcida para agitar los espíritus porque la mayoría del Congreso no ha cumplido con el deber de aprobar las leyes de presupuestos y que fijan las fuerzas de mar y tierra.

Es de todos conocido el hecho de que todos los Presidentes de Chile, menos uno, ha gobernado por algún tiempo sin ley que fije las fuerzas de mar y tierra.

Lo mismo ha sucedido con la ley de presupuestos.

Hubo algún tiempo durante la administración Prieto, en la cual no hubo ley de presupuestos.

En los años de 1848, de 1850 y 1851 de la administración Bulnes, las leyes de presupuestos fueron promulgadas después del 1º de Enero.

En la administración Pérez la ley de presupuestos de 1864 se promulgó el 19 de Enero, la de 1867 el 8, la de 1869 el 2, la de 1870 el 16, la de 1871 el día 10 del mismo mes. Así es que en cinco años de la administración Pérez se gobernó por algún tiempo sin ley de presupuestos.

En la administración Errázuriz la ley de presupuestos de 1872 se promulgó el 11 de Enero, la de 1873 el 4, y la de 1876 el 3. De manera que el señor Errázuriz se encontró también por algún tiempo en situación idéntica a la del señor Pérez.

Durante todos los años de la administración Pinto, la ley de presupuestos se dictó con posterioridad al día 19 de Enero. En 1877 se promulgó el 27 de Enero, en 1878 el 21, en 1879 el 21, en 1880 el 6 y en 1881 el 25 del mismo mes.

En 1882 la ley de presupuestos se promulgó el 13 de Enero, en 1883 el 22, en 1884 el 19, en 1885 el 23 y en 1886 el 9 de Febrero, o sean cuarenta días después del 1º de Enero. El señor Santa María gobernó hasta por más de un mes sin ley de presupuestos.

Por último, el 14 de Febrero de 1887 promulgué la ley de presupuestos, siendo Ministro de Hacienda don Agustín Edwards. De modo que yo he gobernado a Chile durante cuarenta y cinco días sin ley de presupuestos.

Nunca por estos hechos fuimos calificados de tiranos o de dictadores los Presidentes de Chile.

Pero veamos cuál es la dictadura que se me enrostra y cuál es toda la cuestión de gobierno que me ha creado el Congreso, omitiendo el cumplimiento de sus deberes constitucionales.

Toda la cuestión es ésta:

1º Se paga o no sus sueldos al Ejército y a la Armada y el servicio de la deuda pública y las construcciones navales.

2º Se paga o no sus servicios a los treinta mil empleados públicos y a los cuarenta mil obreros ocupados en las construcciones de ferrocarriles; caminos, puentes, escuelas, liceos, cárceles, templos, puertos y tantas otras que hacen el engrandecimiento de Chile.

Para pagar el ejército y la armada, aunque la ley tenga duración de un año, la Constitución ha dicho que se decretan por el tiempo de dieciocho meses, y estos vencen a fines de Junio próximo.

En cuanto al pago de los empleados públicos y a los obreros ocupados en las construcciones fiscales, no los dejaremos sin pan. No arrojaremos de sus honradas tareas a millares de hombres y de familias que viven prestando sus servicios al Estado.

Debiendo, en cumplimiento estricto de mandatos imperativos de la Constitución, administrar el Estado y guardar el orden interior y exterior de Chile, no entregaremos el ejército y la armada a la miseria, ni a los servidores de Chile a la desesperación. Son ellos la garantía del orden, de la paz pública y de la vida social.

Puede haber irregularidad en la administración pública, por haber frustrado la mayoría del Congreso la aprobación de las leyes constitucionales que más interesan al mantenimiento de las instituciones; pero la mayoría del Congreso no tiene el poder de derribar la Constitución, ni de aniquilar el Poder Ejecutivo, como no tiene el derecho de excitar a la anarquía y proclamar la revolución.

III

Nace este conflicto de poderes, no sólo de las exhorbitantes pretensiones políticas de la mayoría del Congreso, sino de un profundo error de concepto y de criterio.

«El Gobierno de Chile es popular representativo. La soberanía reside esencialmente en la nación que delega su ejercicio en las autoridades que establece esta Constitución».

No obstante el sentido claro e incontrovertible de este precepto de la Constitución política, se sostiene por la coalición que el gobierno de Chile es parlamentario, que el Congreso es el único soberano, él sólo a quien corresponde fijar anualmente las fuerzas de mar y tierra y los presupuestos de gastos públicos.

No es efectivo que sólo al Congreso corresponda fijar las fuerzas y los gastos públicos, como se ha establecido perentoriamente por la Comisión Conservadora. Las leyes de presupuestos y las que fijan las fuerzas, no son de atribución exclusiva del Congreso. Son, por el contrario, leyes en cuya formación concurre igualmente el Poder Ejecutivo. Se necesita del concurso del Ejecutivo y del Congreso, y como los deberes que la Constitución impone a ambos poderes son iguales, no puede el Congreso, en nombre de un régimen parlamentario que no autoriza la Carta, frustrar la aprobación de leyes fundamentales para la conservación del Estado y de la paz pública.

Lo he dicho ya: la crítica parlamentaria razonada y patriótica, o la acusación al Presidente y los ministros, en la forma que autoriza la Constitución, es el solo medio de ejercer el Congreso su acción fiscalizadora. La negativa de las leyes de donde el Estado deriva su existencia, es sencillamente la dictadura del Congreso sobre el Poder Ejecutivo o la revolución.

El régimen parlamentario que sostiene la coalición es incompatible con el gobierno republicano. El régimen parlamentario es la transacción del gobierno monárquico con las ideas republicanas. República y gobierno parlamentario son ideas que se excluyen dentro de la ciencia y la experiencia del derecho público moderno.

El gobierno parlamentario supone un monarca irresponsable, vitalicio y hereditario. El Jefe del poder ejecutivo en el régimen parlamentario es práctica y efectivamente el ministerio que tiene la mayoría parlamentaria y que gobierna a su nombre. Y cuando el monarca se encuentra en desacuerdo con el parlamento, tiene el derecho de disolverlo, apelar a las urnas y gobernar en seguida con la mayoría del pueblo que representa la soberanía.

El gobierno de la República se hará por un jefe y ministros responsables con mandato temporal y elegido el Presidente, lo mismo que el Congreso, por el pueblo. El jefe del Poder Ejecutivo, prácticamente y por la Constitución, es el Presidente de la República.

No puede suponerse en el Gobierno de la República ni pudieron suponerlo los legisladores de 1833, que a más del derecho de crítica y de acusación al Presidente y los Ministros, hubiera el de frustrar la aprobación de las leyes que constituyen la vida pública, como un derecho que se derivara de una Constitución que tuvo por fin capital extirpar las revoluciones y poner diques a la licencia.

Si fuera cierto que el propósito de los constituyentes de 1833 hubiera sido el de reconocer al Congreso la facultad de dictar o no, según fuere su criterio político, las leyes que aseguran la existencia misma de la República, lo habrían así establecido.

No lo hicieron porque no fue éste su espíritu. Por lo mismo que consagraron el régimen representativo, con poderes independientes y responsables, no otorgaron al Congreso la facultad de frustrar la aprobación de las leyes constitucionales, como no otorgaron al Presidente de la República la facultad de disolver el Congreso y apelar al pueblo, si sobrevenían desacuerdos que ellos no previeron, ni autorizaron en su obra de reorganización y robustecimiento del principio de autoridad en Chile.

Es verdad que el espíritu de imitación del régimen parlamentario monárquico europeo, ha inducido a muchos a creer, durante algún tiempo, que convenía en la práctica el régimen parlamentario. Por esto he procurado durante más de tres años, sin omitir esfuerzos, la armonía con el Congreso, la unificación del partido liberal y el constante concierto entre los poderes públicos.

Esfuerzo estéril. El aliento dado al pretendido régimen parlamentario, ha roto al fin la armonía con el Poder Ejecutivo, y creyéndose el Congreso el solo soberano y el primero de todos los poderes, ha olvidado los respetos debidos al Jefe del Estado, ha pretendido sojuzgarlo y se ha creído, aplicando las reglas extremas de los gobiernos parlamentarios monárquicos, con derecho para no aprobar las leyes más esenciales, violando el régimen representativo consagrado por la Constitución vigente, y desconociendo los fueros y las prerrogativas del Jefe de la Nación.

Si el Congreso lograra dominar al Poder Ejecutivo y hacer las leyes y ejecutarlas, habríamos penetrado resueltamente en el campo de la tiranía y de la dictadura. No teniendo el Presidente la atribución extraordinaria, en caso de desacuerdo o de omisión de las Cámaras en el cumplimiento de sus deberes, de disolverlas y apelar al pueblo, sancionaríamos, aceptando el predominio parlamentario, la soberanía incondicional y absoluta del Congreso, y durante el tiempo de su mandato, por lo mismo que no podría ser disuelto, del Congreso sobre el pueblo.

IV

 En sesenta días más el pueblo de Chile habrá elegido sus representantes y habrá pronunciado su veredicto justiciero y final.

Han querido las circunstancias, que el actual Congreso no pueda funcionar por derecho propio, y que en breve el pueblo se pronuncie sobre el conflicto producido.

Esto es lo que sucede en los países con gobierno parlamentario.

Aún conviene dejar constancia de que el conflicto que se me ha creado no tiene por fundamento ninguna de aquellas causas intensas y profundas, que comprometan el prestigio de las relaciones exteriores, o que afecten a cuestiones de carácter verdaderamente nacional o popular.

Arregladas en condiciones altamente satisfactorias las numerosas y valiosísimas reclamaciones internacionales derivadas de la última guerra, cancelando los certificados representativos de los establecimientos salitreros que teníamos en nuestro poder, terminadas las gestiones de los acreedores con títulos contra el Perú por más de treinta y dos millones de libras esterlinas, y defendida en toda circunstancia, con moderación y energía, la integridad de nuestra honra y de nuestro derecho, nada podría invocarse en nuestras relaciones internacionales que no contribuyera a robustecer y acrecentar el prestigio de Chile.

El crédito económico de la República ha alcanzado en el extranjero el nivel de las primeras naciones. Se han ejecutado todas las obras públicas con las rentas ordinarias, porque el sobrante en arcas es todavía superior al producido del empréstito para la construcción de los ferrocarriles. Se han suprimido diversas contribuciones, y disminuido las que afectan a los consumos. Se ha extinguido casi la deuda interior amortizable. Se han hecho construcciones higiénicas, de instrucción y reproductivas, en toda la República y en todos los ramos de la administración. Se ha aumentado en proporciones considerables el armamento del ejército y de la armada.

No he perseguido a ninguno de mis conciudadanos.

Mis labios han estado sellados y no se han desplegado contra mis adversarios.

He sido objeto de invectivas y violencia de todo género, y se me llama tirano y dictador por la prensa, que ha cruzado los límites de la libertad y llegado en su licencia a extremos a que no se llegó jamás en ningún país de la tierra.

Promulgué sin observación las leyes de elecciones aprobadas por la coalición parlamentaria, preparadas y dirigidas a destruir todas las influencias del Poder Ejecutivo y a favorecer los intereses de sus autores.

He aceptado todas las soluciones razonables y que nos condujeran al concierto patriótico y a resolver por la voluntad del pueblo los graves problemas que nos dividían.

De estos hechos dan testimonio mis actos, y pueden darlo también los numerosos Ministros de Estado que se agitan en la coalición y que compartieron conmigo las honradas tareas del Gobierno de la República.

Todas las industrias prosperan, hay bienestar general, y los obreros, en cuyos brazos he encontrado mis útiles cooperadores para las importantes y numerosas obras en actividad, tienen trabajo constante y bien remunerados.

Por esto es que el pueblo no se ha asociado ni se asociará a una obra que no es su obra, de meros intereses de círculo y de predominio del Congreso sobre el Poder Ejecutivo. Por esto es que las provincias y departamentos están tranquilos, y que son pocas las localidades en donde penetra el espíritu absorbente y avasallador de los círculos parlamentarios con asiento en la capital.

No se trata, pues, de un conflicto nacional, ni de una lucha del Poder Ejecutivo con el pueblo, sino del Congreso, o sea de la coalición parlamentaria de la capital en contradicción con el Poder Ejecutivo.

V

 Estos antecedentes nos conducen a esta conclusión inevitable. ¿Nos gobernamos por el régimen popular representativo que establece el artículo 1º de la Constitución política, nombro o remuevo a mi voluntad a los Ministros del Despacho a virtud de la expresa autoridad que me confiere el número 6º del artículo 73 de la Constitución vigente, y conservo la libertad e independencia que en la estructura constitucional me corresponde como jefe responsable del Poder Ejecutivo, y con ministros igualmente responsables, en la forma que prescriben los artículos 74 y desde el 83 hasta el 92 de la misma Constitución?

¿O nos gobernamos por el régimen parlamentario que no autoriza ni sanciona la Constitución, incompatible con la República y la independencia de los poderes públicos, y me someto a los designios del Congreso como a poder superior y soberano, y sólo nombro ministros de la confianza del parlamento, y acepto que pueda éste paralizar la marcha de la administración pública y frustrar las leyes constitucionales, y declino con los ministros la responsabilidad que procede de la libertad para el ejercicio de nuestras funciones en el Congreso que pretende el Poder Ejecutivo, y subordino mis actos a sus miras y a sus propósitos?

A favor de las ideas que consagran el gobierno parlamentario se han desarrollado las ambiciones de la coalición; y en cumplimiento de mis deberes y en uso de mis prerrogativas constitucionales, opongo una resistencia indeclinable.

Gobierno representativo, o gobierno parlamentario.

Este es el dilema.

Opto por el gobierno representativo que ordena la Constitución. Lo practicaré por mi parte, y lo haré practicar en obedecimiento al artículo 72 que me manda hacer guardar a todos la Constitución de Chile.

Se han enunciado las causas que me obligaron a clausurar el Congreso en 15 de Octubre último. Esas causas se agravaron después, por la conducta precipitada de la Comisión Conservadora y por las explícitas declaraciones que se han hecho de que no se aprobarían las leyes de presupuestos y que fijan las fuerzas de mar y tierra, si no se cambiaba Ministerio, si no se reconocía en la práctica el régimen parlamentario y si no se aceptaba el derecho del Congreso para imponer su política al Jefe del Estado por el derecho que se atribuye de frustrar las leyes constitucionales y paralizar o anarquizar la sociedad y la administración pública.

No habiendo cambiado la situación, y habiéndose hecho más seria y difícil después, la convocatoria habría sido estéril, y en el instante en que convocado el Congreso hubiera pretendido éste ejecutar actos en conformidad a sus ideas de gobierno parlamentario, habría tenido que clausurarlo de nuevo, ¡quién sabe en qué condiciones y con qué consecuencias!

Cuando los miembros del Congreso y de la Comisión Conservadora proclaman la desobediencia a las autoridades y la revolución, no cumple a un Jefe de Estado que debe prever y precaver los sucesos, levantar por acto propio, teatro y actores, para que se comprometan ligeramente los respetos sociales y políticos, la seriedad y la moderación que constituyen nuestras más honrosas tradiciones.

La ley que fija las fuerzas de mar y tierra fue aprobada por el Senado y retenida por la Cámara de Diputados. Ni durante la sesión ordinaria, ni en la prorrogada de Septiembre, ni en el receso, ni en la sesión extraordinaria de Octubre, ni después de clausurado el Congreso, se ha despachado el informe de la Comisión Mixta de presupuestos. Este se ha concluido, ¡hecho que no se había realizado jamás!, hace cuatro días.

Esta actitud corresponde al propósito deliberado de no aprobar las leyes constitucionales sino cuando la coalición hubiere triunfado sobre el Poder Ejecutivo.

Preciso es decirlo a la faz de la República entera: no triunfará con mi concurso.

No reconozco las pretensiones del Congreso y por eso no disuelvo el ejército y la armada, porque eso sería concluir con el orden público en el interior y con la seguridad exterior de la República; no dejaré sin remuneración a los servidores de Chile, porque eso sería concluir con la administración y el gobierno del Estado.

No soy desconocido de los chilenos, y se me llama, sin embargo, dictador.

Para que se me llamara dictador con justicia sería menester que hubiera usurpado el poder por medios ilícitos, que hubiera llegado al mando supremo en brazos del motín o de la revuelta, que me hubiera mantenido en la presidencia por más tiempo del fijado a mi período constitucional, que hubiera aprovechado en provecho propio o de los míos las leyes y el orden establecido, que hubiera aprisionado ilegalmente a los ciudadanos o que hubiera difundido el terror.

Pero no puede ser dictador el ciudadano que defiende las atribuciones y el poder que el pueblo le confió, que observa y hace observar la Constitución, que entrega sus actos a sus jueces constitucionales y en la forma amplia que la Constitución lo autoriza, que se libra sereno y sin vacilaciones al veredicto que el pueblo habrá de pronunciar en 1º de Marzo próximo, y que si se resiste las invasiones del Congreso y las excitaciones a la revuelta, no hace más que cumplir con obligaciones que emanan de la Carta y del honor inseparable de los elegidos por Chile para dirigirlo y preservarlo en las horas de tormenta y de prueba.

Se ha incitado al Ejército y a la Armada a la desobediencia y a la revuelta.

¡Empeño vano!

El ejército y la armada tienen glorias imperecederas conquistadas en la guerra y en la paz; saben que soy su jefe constitucional, que por el artículo 148 de la Constitución, son fuerzas esencialmente obedientes, que no pueden deliberar, y que han sido y continuarán siendo, para honra de Chile y reposo de nuestra sociedad, la piedra fundamental sobre la cual descansa la paz pública.

En pocos meses más habré dejado el mando de la República.

No hay en el ocaso de la vida política, ni en la hora postrera del gobierno de un hombre de bien, las ambiciones y exaltaciones que pueden conducir a la dictadura.

Se puede emprender la dictadura para subir al poder; pero no está en la lógica de la política, ni en la naturaleza de las cosas, que un hombre que ha vivido un cuarto de siglo en las contiendas regulares de la vida pública, emprenda la dictadura para dejar el poder.

No tengo ya honores que esperar ni ambiciones que satisfacer. Pero tengo que cumplir compromisos sagrados para con mi patria, y para con el partido liberal que me elevó al mando y que hace el gobierno en conformidad a la doctrina liberal, sin alianzas ni abdicaciones, sin afectación y sin desfallecimientos.

La hora es solemne.

En ella cumpliremos nuestro deber.

J. M. BALMACEDA

 

Señor Presidente de la Convención,

Conciudadanos:

Designado candidato del partido liberal a la Presidencia de la República, en esta Convención de delegados elegidos por el pueblo y de honorables y autorizados representantes del Congreso Nacional, acepto reconocido la situación de honra, de labor y de responsabilidad que se me ofrece, como un homenaje debido a la voluntad de mis correligionarios políticos, y a las ideas liberales que he servido durante mi vida pública.

Siento en este momento una justificada zozobra de espíritu, al contemplar la vasta y ardua tarea encargada a mi solicitud y esfuerzos. Me alientan, no obstante, los votos de esta numerosa asamblea, que espero habrá de prestarme siempre el concurso eficaz de sus luces y de su patriotismo.

Las nobles palabras del honorable Presidente de la Convención, me hacen creer que es oportuna la manifestación, aunque sea muy breve, de ideas y propósitos comunes, que forman los vínculos políticos que hoy sellamos a la faz de la República entera.

Nuestra política exterior debe reposar sobre la observancia escrupulosa de los tratados y del derecho internacional, y en nuestro igual respeto a las naciones con las cuales vivimos en amistad. Acaso estaría excusado de afirmar que en toda eventualidad mantendremos incólumes los derechos y el honor de la República.

Concluida la guerra y celebrada la paz con las repúblicas vecinas, probaremos prácticamente a las naciones del Pacífico, que entre ellas y Chile no existen intereses antagónicos, pues buscamos la preponderancia pacífica del trabajo, de un mayor esfuerzo en el desarrollo comercial, y de una vitalidad nacional sostenida por el vigor de las instituciones y la cohesión del patriotismo en los negocios exteriores.

El cumplimiento de un mandato constitucional y la necesidad de fortalecer la constante seguridad del Estado, aconseja dictar la ley que organice democráticamente la Guardia Nacional. Es un medio práctico de establecer la comunidad de los deberes impuestos a todos los ciudadanos en servicio de los más altos intereses de la Nación.

Todo el régimen liberal descansa en el ejercicio regular de los derechos individuales. No existe propiamente libertad individual allí donde prevalece un régimen de excepción o privilegiado.

La reforma, ya civil o política, que extiende y robustece la igualdad legal y el imperio del derecho común, no vulnera el principio de autoridad ni ofende la libertad de conciencia.

El derecho común, expresión práctica de la libertad civil, han asegurado la libertad de constituir el estado civil del criterio positivo humano a la legislación del Estado, para resguardar la libertad religiosa.

No hay ni debe haber en la acción reformadora del partido liberal, hostilidad a la conciencia ajena.

Nuestra obra es de tolerancia, de respeto a la fe religiosa de todos, pues no sería lícito desconocer que Dios ha creado la naturaleza humana y que ha reservado a Chile una parte de la providencia con que favorece el gobierno de las naciones.

Las leyes de cementerios, de matrimonio y de registro civil, han asegurado la libertad de constituir el estado civil de las personas y de las familias. La reforma así realizada, ha fundado la libertad individual en el orden civil, como la ratificación de la reforma constitucional pendiente consagrará la libertad de los cultos, la independencia y la soberanía del Estado.

Afirmar esta conquista liberal, perfeccionarla y consolidarla gradualmente, a fin de arraigarla más en el espíritu y en las prácticas de la sociedad, debe ser la tarea del hombre de estado que previene las reacciones que engendran las empresas precipitadas.

Y el medio más eficaz para consolidar la reforma es la difusión amplia y completa de la instrucción pública.

Es la instrucción, la luz del espíritu y la moral aplicada con discernimiento a las acciones de los hombres. Ella constituye el más seguro fundamento de los derechos individuales y la más seria garantía de la prosperidad general. La influencia intelectual, los progresos del siglo, la experiencia y la previsión política, señalan el campo de la instrucción pública como el punto cardinal en que el liberalismo chileno habrá de probar su inteligencia, la superioridad de su doctrina, y su positivo anhelo por los intereses del pueblo.

En la organización completa del preceptorado, en la aplicación general de los métodos más adelantados de enseñanza, en la creación de nuevas escuelas, en la preparación de los medios prácticos que nos conduzcan a la enseñanza primaria, gratuita y obligatoria, en el ensanche y mejoramiento de los internados y externados de la instrucción secundaria, en la adopción de métodos y textos adecuados a los sistemas de enseñanza experimental y práctica, en la constitución del profesorado por la especialidad del profesor en cada ramo, en la fundación de escuelas especiales y propias para servir las industrias del país, y finalmente, en la reforma de la ley de instrucción pública, encontraremos labor considerable, que requiere gran meditación y estudio, la consagración enérgica de nuestros más sanos esfuerzos.

Considero que para emprender con fruto esta interesante reforma, es necesario aplicar las fuerzas vivas del Estado, y desterrar de los recintos de la enseñanza pública todo espíritu de intolerancia o de secta.

La enseñanza no debe ser escéptica ni intolerante: debe ser sencillamente respetuosa de la conciencia individual.

El sistema tributario exige una revisión técnica y práctica, que guarde armonía con el igual repartimiento de las cargas públicas prescritas por la Constitución.

El cuadro económico de los últimos años prueba que dentro del justo equilibrio de los gastos y las rentas, se puede y se debe emprender obras nacionales reproductivas, que alientan muy especialmente la instrucción pública y la industria nacional.

Y pues que hablo de industria nacional, debo agregar que ella es débil e incierta por la desconfianza del capital y por nuestra común resistencia para abrir y utilizar sus corrientes benéficas.

Si, a ejemplo de Washington y de la gran república del norte, preferimos consumir la producción nacional aunque no sea tan perfecta y acabada como la extranjera; si el agricultor, el minero y el fabricante, construyen sus útiles o sus máquinas de posible construcción chilena en las maestranzas del país; si ensanchamos y hacemos más variada la producción de la materia prima, la elaboramos y transformamos en substancias u objetos útiles para la vida o la comodidad personal; si ennoblecemos el trabajo industrial, aumentando los salarios en proporción a la mayor inteligencia de aplicación por la clase obrera; si el Estado conservando el nivel de sus rentas y de sus gastos, dedica una porción de su riqueza a la protección de la industria nacional, sosteniéndola y alimentándola en sus primeras pruebas; si hacemos concurrir al Estado con su capital y sus leyes económicas, y concurrimos todos, individual o colectivamente, a producir más y mejor y a consumir lo que producimos, una savia más fecunda circulará por el organismo industrial de la República, y un mayor grado de riqueza y de bienestar nos dará la posesión de este bien supremo de pueblo trabajador y honrado: vivir y vestirnos por nosotros mismos.

A la idea de industria nacional está asociada la de inmigración industrial, y la de constituir, por el trabajo especial y mejor remunerado, el hogar de una clase numerosa de nuestro pueblo, que no es el hombre de ciudad ni el inquilino, clase trabajadora que vaga en el territorio, que presta su brazo a las grandes construcciones, que da soldados indomables en la guerra; pero que en épocas de posibles agitaciones sociales o de crisis económicas puede remover intensamente la tranquilidad de los espíritus.

La organización independiente del poder municipal es el complemento de importantes leyes políticas dictadas en los últimos años. Las ideas han progresado visiblemente, y si bien no sería cuerdo substituir de improviso el régimen municipal más avanzado por el insuficiente y caduco que hoy nos rige, reconocemos que el poder local debe existir con vida propia y rentas suficientes, con libertad y responsabilidad completas.

Los partidos políticos pueden y deben organizarse en Chile en conformidad a las ideas que representan, pues la reforma política resguarda el libre ejercicio de los derechos políticos. Las leyes de elecciones, de garantías individuales y del régimen interior, promulgadas recientemente por el partido liberal, constituyen el poder electoral fuera de las influencias del Poder Ejecutivo, protegen las personas contra todo exceso de autoridad, limitan las atribuciones de los agentes del poder público, establecen medios fáciles para hacer efectiva la responsabilidad de los mandatarios que abusan, y rodean, en consecuencia, al ciudadano elector y a la libertad personal de garantías legales que no alcanzaron jamás.

Hábitos inveterados y procedimientos extremos de los partidos en actividad, prueban que sólo es útil la lucha que se desenvuelve en la esfera de la ley y con fuerzas políticas organizadas, que esta es la manera de fundar el parlamentarismo correcto, pues únicamente en la doctrina, en la solidaridad de las ideas y en la razonable sujeción a la voluntad de la mayoría legal, alcanzarán honor, poder y estabilidad.

Si, pues, la reforma de las leyes políticas ofrece a los partidos nuevas y más amplias condiciones de existencia, justo es que vivan y se generen regularmente, en la órbita que las ideas liberales o conservadoras trazan a las agrupaciones políticas que en el estado moderno se disputan el imperio de la sociedad.

Señores: mucho se ha descentralizado en los últimos años la acción y la distribución de la riqueza nacional, aplicándola a la realización de obras útiles en todas las provincias y departamentos de Chile. Debe continuarse esta obra de reparación y de justicia distributiva, pues juzgo por propia experiencia, que la mayor si no la sola satisfacción que puede experimentar un hombre o un partido, es hacer el mayor bien posible, y que la mano bienhechora de la autoridad, cubra el territorio de la República.

Señores y amigos: en el cumplimiento de mis deberes como hombre de partido, y en la especial situación a que me llamáis, como ciudadano que debe procurar la felicidad de todos los chilenos, corresponderé a vuestra confianza, haciendo en servicio de Chile cuanto pueden dar de sí una firme convicción, una voluntad constante, un alma honrada.